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Alegan es innecesario liberar confinados para evitar brote de coronavirus en cárceles

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Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Eduardo Rivera Juanatey, dijo ayer que no es necesaria la liberación de determinados confinados para evitar un brote del coronavirus en las cárceles, aunque advirtió esa posibilidad no se puede descartar.

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“No es necesario hoy porque donde está el coronavirus para mí es en la calle. Dentro del sistema correccional es donde están mejor protegidos porque no tenemos ningún caso positivo. En ese sentido yo no descarto posibilidades pero como la pregunta se está haciendo hoy, pues diría que no es necesario”, dijo Rivera Juanatey en entrevista en la estación de radio NotiUno.

Indicó que se cancelaron las visitas a los reos, suspendieron la entrada de artículos y que activaron una cuarentena (“lockdown”) para suspender todos los servicios que se ofrecen, excepto los esenciales para mantener a los confinados en sus módulos el mayor tiempo posible. Asimismo, se suspendieron las salidas de los presos y de las brigadas, así como las visitas a los tribunales. Además, están desinfectando todas las áreas de forma preventiva.

Otra de las medidas, según el funcionario, es la creación de una Unidad de Rápida Intervención para actuar en caso que se reporte algún caso en las cárceles.

“Si se da un caso positivo de un confinado o de un oficial correccional yo tengo que desplazar toda la oficialidad que tuvo contacto con ellos. No simplemente puedo sacar a todo el personal y ya, porque mis puestos de seguridad son 24/7 no importa qué”, detalló.

Las expresiones son en reacción a la propuesta del senador, Héctor Martínez, quien urgió a la gobernadora Wanda Vázquez, que evalúe desde una perspectiva salubrista y de protección ciudadana, sus recomendaciones de liberar reos para evitar el colapso en las cárceles a causa del coronavirus.

El legislador alegó en que el DCR no cuenta con los recursos, el personal o las instalaciones médicas necesarias para hacer frente a un posible contagio en una población penal de sobre 8,500 confinados.