Por Redacción Es Noticia
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Entre 300 y 600 de los confinados del sistema de correción de Puerto Rico son inocentes y carecen de los recursos económicos para probar su Inocencia, según indicó el licenciado, Julio Fontanet Maldonado, fundador del Proyecto Inocencia y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
“La mayoría de las condenas son correctas. Entre un 5% y un 6 % son erróneas. Un inocente preso es demasiado. Hay casos donde es obvio la inocencia, donde la inocencia es palpable. La creación de este comité le quita ese tono adversarial a esto. Va a propiciar que esa identificación de los casos meritorios se aligere”, sostuvo Fontanet durante una vista pública de proyecto del Senado 1461, que propone crear un organismo para evaluar reclamaciones la inocencia de confinados mediante la presentación de nueva evidencia.
La medida, presentada por el senador Héctor Martínez, propone crear la Junta de Revisión de Convicciones Erróneas, que estaría adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación.
En la vista de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Fontanet señaló que el costo aproximado de un caso para probar la inocencia de un confinado con nueva evidencia sería de $50,000. Fontanet sostuvo que Proyecto Inocencia no cobra un solo centavo por defender a los confinados.
“En Puerto Rico, nuestro Proyecto Inocencia puede certificar tres condenas erróneas y estamos en proceso, muy cerca, de una condena errónea adicional. Precisamente, todo lo anterior refleja de manera inequívoca que existe un problema de condenas erróneas en los Estados Unidos y, por ende, en Puerto Rico. Así pues, es necesario tomar medidas que permitan atender de manera eficiente estos casos”, dijo Fontanet.
La medida indica que según el registro nacional de exoneraciones, en el año 2018 hubo un record de 151 personas convictas exoneradas por imputaciones erróneas en los Estados Unidos. Además, el 75% de estas convicciones erróneas que han sido revocadas mediante el análisis de pruebas de ADN, lo que implica que la convicción se fundamentó en la identificación errónea del sospechoso.
“El propósito de esta legislación es brindar una herramienta de justicia adicional a nuestro componente legal, procurando por la revisión de convicciones erróneas impuestas por un Tribunal. No debe haber personas inocentes en nuestras cárceles. Un solo confinado convicto por un crimen que no cometió es suficiente, para buscar alternativas y herramientas que mejoren el sistema”, advirtió el senador Martínez.
La Junta estará compuesta por cinco miembros nombrados por el gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado. Estos deberán ser: un ex fiscal, un ex juez que haya atendido una sala criminal, un miembro de la Junta de Libertad bajo Palabra, un miembro del Proyecto Inocencia que deberá ser abogado, un Profesor de Derecho en el área criminal de cualesquiera de las Universidades de Derecho de Puerto Rico. Estas serán mayores de edad, residentes de Puerto Rico, de probidad moral y con reconocido conocimiento e interés en los procesos penales.
El licenciado Daniel Vélez, secretario Auxiliar del Departamento de Justicia, sostuvo que la agencia se opone a la medida y agregó que la junta propuesta es distinta a organismos similares establecidos en Estados Unidos porque están adscritos a las Fiscalías de los estados.
“Empezar a buscar los peros, de que está en Corrección y no en Justicia no me hace sentido. ¿Cuál es la diferencia de que esto esté adscrito a Corrección y no a Justicia y de si hay un fiscal o un ex fiscal”, sostuvo el senador.
Martínez también preguntó a los representantes de Justicia, si reconocían que en el sistema hay personas que están cumpliendo condenas erróneas.
El licenciado Vélez indicó que la posición de Justicia es que el proceso legal contra los condenados a cárcel se realizó «adecuadamente».
