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Arrecia competencia por aprobación de nueva exención federal para farmacéuticas en Puerto Rico

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Por Miguel Díaz Román

redaccion@esnoticiapr.com

 

Mientras el exgobernador y actual candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal Acevedo Vilá, promuve en la Cámara de Representantes Federal el proyecto 6648, que busca un trato contributivo especial a las empresas estadounidenses que hacen negocios en los territorios como entidades foráneas, la comisionada residente, Jenniffer González Colón, junto a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, impulsan el proyecto 6443, que proveería incentivos para la ubicación de empresas en las llamadas zonas deprimidas o “distressed zones” en Estados Unidos y sus territorios.

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La reñida competencia entre los políticos puertorriqueños por ganar la atención del Congreso debería generar una respuesta beneficiosa para la depresiva economía de Puerto Rico, ante el hecho de que en Washington existe una atmósfera cada día más intensa a favor del retorno a los Estados Unidos de empresas ubicadas en China, incluyendo aquellas del sector farmacéutico. Un total de siete medidas han sido presentadas en la Cámara de Representantes con ese objetivo.

Acevedo Vilá dijo que el proyecto 6648 busca darle a Puerto Rico y a los otros territorios un incentivo federal para atraer la producción de las industrias farmacéuticas y de equipo médico a la Isla.

El proyecto radicado por la representante de Islas Vírgenes Americanas, Stacey Plaskett, ya cuenta con el endoso de la congresista Nydia Velázquez como coautora,y de los congresistas Adriano Espaillat; la presidenta de la Comisión de Supervisión y Reforma, Carolyn Maloney; y la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Comercio, Ivette Clarke.

“Esta medida provee para que nosotros en Puerto Rico seamos pieza fundamental en resolver el problema que tiene Estados Unidos en este momento por la falta de producción de medicinas y productos relacionados a la salud. Va a ser un debate en el que tendremos que aunar esfuerzos con otros oficiales electos, incluso en Puerto Rico, y en la diáspora”, indicó Acevedo Vilá.

La medida concedería una exención sobre el impuesto conocido cómo “Global Intangible Low Tax Income (GILTI)” que por primera vez se impuso en el 2017 y que aplica a las empresas ubicadas en el extranjero. El impuesto puede ascender hasta el 13 % de las ganancias reportadas por una empresa en el extranjero.

El proyecto 6648 dispone que para evitar que las corporaciones traten de aprovecharse de la exención del GILTI y eludir otras contribuciones,  deberán probar que durante los tres años anteriores el 80% o más de su ingreso bruto se generó en el territorio, y que el 75% o mas del ingreso bruto se deriva de “conducta activa de comercio o negocios” en el territorio.

“Por mi parte voy a continuar el esfuerzo para adelantar esta importante medida, que todos los conocedores y expertos del sector privado reconocen que es la mejor alternativa para atraer la inversión y los empleos que Puerto Rico necesita y ayudar a Estados Unidos a resolver el problema de falta de producción de medicamentos bajo su jurisdicción. Confío que las próximas semanas evidencien mayor movimiento a favor de esta medida”, aseguró Acevedo Vilá, quien nuevamente hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad puertorriqueña, a la gobernadora Wanda Vázquez y a la comisionada residente Jenniffer González a que respalden el Proyecto 6648.

Pero la comisionada residente, González Colón, favorece el Proyecto 6443 que pretende garantizar la cadena de suministros y proveería incentivos a las zonas económicamente deprimidas, las llamadas “distressed zones” en los Estados Unidos y los territorios.

Las “Distressed Zones”, se designan cuando los niveles de pobreza alcanzan el 35% de la población durante un periodo de 5 años.

La medida establece que las farmacéuticas y manufactureras de desarrollo e investigación de equipo médico que se ubiquen en las “Distressed Zones”, serían elegibles para un crédito contributivo equivalente a la suma de 40% para salarios y beneficios marginales relacionados con la actividad manufacturera dentro de la “Distressed Zones”; depreciación del 40% de las propiedades de fabricación puestas en servicio dentro de la zona en dificultades; y 30% de las compras B2B (40% si se compra a un pequeño negocio minoritario) dentro de una zona para usarlo en la actividad de manufactura en cualquier lado.

Si la producción se traslada a una “Distressed Zones” desde un área determinada por el representante de Comercio de Estados Unidos como posible amenaza para la cadena de suministro nacional, los créditos contributivos que se otorgarían son más altos: 60% de los salarios y beneficios adicionales, 60% de depreciación, 50%/60% de compras B2B. Si las manufactureras de desarrollo e investigación de equipo médico se relacionan con los productos de salud para la población, los créditos contributivos son los mismos que si la producción se trasladara del extranjero (es decir, 60% de salarios y beneficios adicionales, 60% de depreciación, 50% / 60% B2B) compras).

Sobre esta medida se ha dicho que podría no ser atractiva para empresas que no requieren de un gran volumen de mano de obra, pues los alivios contributivos aumentan en la medida que sube la creación de puestos de trabajo.

En un comunicado de prensa, la comisionada residente explicó que la medida provocaría que Puerto Rico esté bien posicionado “al asumir un rol protagónico en la industria manufacturera a nivel nacional, lo que a su vez crearía empleos bien remunerados e impulsaría la economía local”.

González Colón presentó la medida junto a la exsecretaria de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Donna Shalala, y los representantes Rob Bishop, Darren Soto, Rubén Gallego y Peter King.

La gobernadora y la comisionada residente expresaron su respaldo por otras medidas que trabaja el Congreso que la comisionada respalda o es coautora como:  el proyecto 6482, Protecting Our Pharmaceutical Supply Chain from China Act of 2020, para mantener una lista de los países de origen de todos los medicamentos mercadeados en los Estados Unidos y prohibir el uso de fondos federales para comprar las drogas manufacturadas en China; el proyecto 6708 Securing America’s Medicine Cabinet Act of 2020, para apoyar el programa de manufactura de tecnología avanzada de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA).

Además están el proyecto 6393 Strengthening America’s Supply Chain and National Security Act, que le requeriría al secretario de la Defensa presentar ante el Congreso un informe de la dependencia del Departamento de la Defensa en importación de ciertos productos médicos hechos, en parte o en su totalidad, en ciertos países para establecer requisitos de informes posteriores a la comercialización para productos farmacéuticos y para otros fines; el proyecto 6431 Made in America Emergency Preparedness Act, medida para requerir la creación de una comisión nacional para preparase para futuras emergencias nacionales; y el proyecto 6690 Beat China Act, para enmendar el Código de Rentas Internas de 1986 para proveer incentivos para relocalizar la manufactura de farmacéuticas y equipo médico a los Estados Unidos.

En Puerto Rico hay 49 plantas de farmacéuticas, 70 de dispositivos médicos. Ambos sectores componen el 33 por ciento del producto interno bruto, que crean 142,500 empleos directos e indirectos, con un salario promedio de 42,000 dólares. Miles de pequeñas y medianas empresas suplen bienes y servicios a esta industria.