El fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, informó -hoy jueves- que un gran jurado acusó por explotación sexual infantil a:
- Alejandro Morales Varela – de 25 años y residente en Arecibo.
- Gabriel Andrés Vélez Ramírez – de 28 años y residente de Lajas.
“No hay casos más importantes para el Departamento de Justicia y la Fiscalía federal en Puerto Rico que los crímenes contra menores”, expresó Ramírez Carbó en declaraciones escritas.
Morales Varela fue arrestado el 26 de junio mediante denuncia criminal y Vélez Ramírez fue arrestado el 8 de julio.
Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) arrestaron a ambos acusados.
Según documentos judiciales, entre mayo y junio de 2026, Morales Varela y Vélez Ramírez supuestamente se ayudaron mutuamente para persuadir, inducir y coaccionar a un menor de 5 años a participar en conducta sexual explícita con el propósito de producir material visual mediante un teléfono celular.
La acusación federal incluye cargos por producción de material de explotación sexual infantil, recibo, distribución y posesión de ese tipo de material.
“Quienes participen en la explotación infantil y creen material de abuso sexual infantil serán localizados y responsabilizados por su conducta atroz”, sostuvo Ramírez Carbó.
De su parte, el agente especial interino a cargo de HSI San Juan, Yariel Ramos, indicó que
HSI realizó seis arrestos por delitos de explotación infantil en las pasadas dos semanas.
“Estos arrestos subrayan nuestro compromiso inquebrantable de proteger a los niños y responsabilizar a los ofensores”, expresó Ramos.
El funcionario dijo que los sospechosos arrestados recientemente fluctúan entre 19 y 63 años y proceden de comunidades en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.
La fiscal federal auxiliar Elba Gorbea, de la Unidad de Crímenes contra Menores, Trata Humana e Inmigración, procesa el caso.
A cargo de la investigación está el Grupo de Trabajo de Crímenes contra Menores de Puerto Rico, dirigido por HSI.
De ser convictos por producción de material de explotación sexual infantil, los acusados enfrentan una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y hasta cadena perpetua.
Por recibo y distribución de material de explotación sexual infantil, se exponen a una pena mínima obligatoria de 5 años y hasta 20 años de prisión.
El cargo de posesión conlleva una pena de hasta 20 años de prisión. Cualquier convicción estaría seguida por un término de libertad supervisada no menor de 5 años y hasta cadena perpetua.
La acusación forma parte de Project Safe Childhood, iniciativa del Departamento de Justicia federal para combatir la explotación sexual infantil y procesar a personas que explotan menores por internet.
Toda acusación es una alegación y los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable en un tribunal.
