Por Redacción Es Noticia
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El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) confirmó el arresto del oficial correccional Radamés Morales Portalatín, ocurrido ayer mientras laboraba en la institución Guayama 296.
Morales Portalatín, con 22 años de servicio en la agencia, enfrenta cuatro cargos por:
- violación a la Ley de la Oficina de Ética Gubernamental.
- soborno
- introducción de contrabando a una institución penal.
- distribución de sustancias controladas.
Según la investigación, el oficial correccional presuntamente aceptó $1,500 a cambio de entregar un teléfono celular a un confinado y, además, habría distribuido sustancias controladas a un agente en funciones de encubierto en el estacionamiento de un supermercado.
La fianza fue fijada en $600,000. Aún se desconoce si prestará la misma o será ingresado en prisión. Algunos de los delitos imputados no permiten la concesión de sentencia suspendida y conllevan penas que podrían alcanzar hasta 30 años de reclusión.
La investigación inició el pasado año tras una confidencia de oficiales del DCR, lo que dio paso a un referido al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), adscrito al Departamento de Seguridad Pública (DSP).
El secretario del DCR, Francisco Antonio Quiñones, informó que ordenó de inmediato la suspensión sumaria de empleo y sueldo del funcionario, como paso previo a su destitución del servicio público. Morales tiene 45 años.
“El mensaje es claro: no vamos a permitir que unos pocos dañen el buen nombre de miles de oficiales que visten con orgullo el uniforme de nuestro Departamento. Tampoco vamos a tolerar que se atente contra la seguridad en nuestras instituciones. Continuaremos colaborando con las agencias de ley y orden estatales y federales”, afirmó Quiñones.
