Por Redacción Es Noticia
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El Panel sobre el Fiscal Especial independiente (PFEl) acogió una recomendación del Departamento de Justicia para designar un fiscal especial por posibles actuaciones contrarias a la ley del alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres.
Las fiscales Leticia Pabón Ortiz y Maricarmen Rodríguez Barea fueron asignadas al caso y tendrán 90 días, según dispone la Ley 2-1988, para realizar la investigación final sobre este asunto.
El caso está cimentado en una querella policiaca, la cual tiene anejada una declaración jurada, que fue presentada por Carmen M. Cotto Rodríguez, en contra del alcalde Ortiz Chevres.
En síntesis, Cotto Rodríguez alegó que, el 2 de junio de 2024, día en que se celebraron las primarias, previo a las elecciones generales, el alcalde la transportó al colegio de votación en la escuela Felipa Sánchez Cruzado. Junto a Cotto Rodríguez también transportó a Richard García Matos y el comisionado municipal de Naranjito, Ángel Rodríguez.
La fémina señaló que, al ejercer su derecho al voto por la aspirante a la gobernación Jenniffer González Colon, el alcalde Ortiz Chevres le arrebató la papeleta y la destruyó. Expuso además que, acto seguido, el acalde tomó otra papeleta y marcó a favor del gobernador Pedro Pierluisi, sin su autorización y en contra de su voluntad.
Cotto Rodríguez también manifestó que el Alcalde, en supuesto tono amenazante, le expresó a su acompañante García Matos, que esperaba supiera por quién votar.
Justicia delegó la investigación preliminar a la División de integridad Pública y Asuntos dcl Contralor (DIPAC), quienes concluyeron que, basado en la prueba recopilada y el quantum de prueba exigido para esta etapa de los procedimientos, existe causa suficiente para creer que el alcalde incurrió en los delitos tipificados en los artículos 12.2 y 12.6 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020, entre otros.
Además, recomendó que, una vez finalicen los procesos ante el PFEI, Ortiz Chevres sea referido a la Oficina de Ética Gubernamental para que se evalúe si incurrió en una violación de carácter administrativo por los mismos hechos.
Al acoger la recomendación de Justicia y, luego de un ponderado análisis del contenido del informe y de la evidencia que lo acompaña, el PFEI consideró que surge prueba tendente a demostrar que el alcalde Ortiz Chevres pudo haber incurrido en las violaciones de ley que se exponen en el mismo.
