Por Miguel Díaz Román
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Los comerciantes y residentes de los centros urbanos de Río Piedras y Mayaguez decidirán los usos preferenciales de reconstrucción para una asignación de $100 millones que es parte de los $20,200 millones en fondos federales signados por el Congreso tras el paso de los huracanes Irma y María, según reveló, Dennis G. González Ramos, quien es el subsecretario del Departamento de la Vivienda para la administración del Programa de Subvención en Bloque para Desarrollo Comunitario de Recuperación tras Desastres (CDBG-DR).
“Habrá vistas públicas y lo que decidan los residentes eso se hará. El Departamento de la Vivienda es un facilitador para que la comunidad haga el major uso de estos fondos, si quieren usar esos fondos en vicienda o en desarrollo económico”, dijo González Ramos.
El funcionario indicó que ambos centros urbanos deberán compartir los $100 millones pero no indicó si la asignación será dividida en partes iguales o se utilizarán otros criterios para desembolsar los fondos a los dos centros urbanos.
González Ramos hizo las expresiones en un foro sobre la industria de la construcción auspciado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados.
Aunque ambos centros urbanos sufrieron daños tras el paso de los huracanes Irma y María, ya venían padeciendo un rápido deterioro por la desaceleración económica, el cierre de establecimientos comerciales, el éxodo de residentes y el abandono de viviendas.
En el caso de centro urbano de Río Piedras la asignación federal representará salvación debido al notable deterioro sufrido en la pasada década y a que ni el gobierno central y el municipio de San Juan no ha establecido un programa de rehabilitación para la zona.
Incluso, una de las primeras medidas tomadas por la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, tras ganar las elecciones municipales en su primer cuatrienio, fue descartar un proyecto para construir una torre municipal en Río Piedras cuyos contratos ya se había firmado la anterior adminitración municipal con un desarrollador.
En la proyectada torre serían ubicadas las oficinas municipales que actualmente operan en la torre municipal de Hato Rey, en la que laboran más de 600 empleados municipales.
De los $20,000 millones de fondos CDBG-DR asignados la isla ya tiene acceso a un primer paquete de $1,507 millones. Hay otro paquete de $8,221 millones cuyo plan de acción ya fue aprobado por del Departamento de la Vivienda Federal.
El plan de acción es el documento donde el gobierno local indica en qué necesidades de vivienda, infraestructura o desarrollo económico invertiría los fondos, luego de un proceso de vistas públicas.
Además, estos fondos deberán pasar por el crisol de la Junta de Control Fiscal y le aplica una restricción establecida por Vivienda Federal para impedir el uso de los fondos en proyectos de energía.
González Ramos también anunció que habrá un programa para toda la isla que proveerá hasta $50,000 para mejorar pequeños negocios y empresas de servicios. Hasta el presente los comercios prácticamente no ha recibdo ayudas importantes de parte del gobierno tras el paso de los huracanes Irma y María. La única ayuda provino de FEMA y préstamos de la Oficina Federal de Pequeños Negocios.
Una situación similar padecen los comerciantes afectados por los sismos en el suroeste de la isla, aque solo recibirán del gobierno local un desembolso de $2,500.
El funcionario reveló que otros $50 millones se destinarán para promover a Puerto Rico como destino turístico los cuales han serán asignados al DMO.
González Ramos explicó la magnitud de proyectos que se vislumbran construir con los fondos asignados incrementará notablemente la demanda por contratistas locales en las diversas especialidades que requiere la industria de la construcción.
Además, se vislumbra una demanda similar de profesionales como ingenieros, planificadores y arquitectos.
Igualmente la demanda por trabajadores de la industria de la construcción experimentará un alza sustancial según se apruebe el uso de los fondos asignados para proyectos, pero sobre este aspecto existen la preocupación sobre si la emigración tras los huracanes Irma y María pudo reducir la mano de obra disponible.
Humberto Donato, presidente de la Asociación de Contratistas Generales, indicó que actualmente la masa empleada en la industria de la construcción es menor a 30,000 trabajadores. Indicó que en parte debido a la retención de los fondos para la recuperación de parte de HUD, que ha causado una desaceleración en la actividad económica en general a finales del 2019.
Indicó que la inyección de fondos CDBG-DR, especialmente el paquete de $8,221 millones, provocarán un alza en la contratación de más trabajadores. Se estima que en los próximo 10 años serán necesarios entre 80,000 y 100,000 trabajadores de la construcción para acometer los proyectos originados con los fondos CDBG-DR.
Donato agregó que la ACG también ha establecido acuerdos de colaboración la Universidad Interamericana para capacitar una nueva generación de hombres y de mujeres diestros en las técnicas de la construcción.
Sostuvo que otro factor que afectó la industria de la construcción fue el incremento a $15 por hora en contrataciones gubernamentales tras la orden ejecutiva firmada por el exgobernador Ricardo Rosselló.
Según Donato, el aumento decretado por el ex gobernadora causó una inflación de entre 32% y 33 % en los costos de los proyectos de construcción, por lo que los trabajos de recuperación y reconstrucción podrían ser más costosos.
Un estudio realizado por la AGC en 2018 concluyó que un proyecto que tenga un costo de $10 millones sufrirá un alza en los costos laborales de $3.2 millones o un 32%. A su vez, este aumento tendrá un efecto cascada que afectará el costo de los seguros y hasta ha influenciado los costos de construcción en el sector privado.
