La Administración para el Sustento de Menores (ASUME) inició conversaciones con autoridades de República Dominicana para establecer un acuerdo que facilite la localización de personas con deudas de pensión alimentaria y el cumplimiento de las órdenes de sustento entre ambas jurisdicciones, informó hoy, jueves, la agencia.
“Al amparo del marco legal que nos faculta la cooperación internacional, ya comenzamos las conversaciones con las autoridades dominicanas para fortalecer los mecanismos que nos permiten localizar a las personas con deudas de pensión alimentaria y hacer efectivas las órdenes. Nuestro objetivo es aumentar el porcentaje de padres y madres que asumen esta responsabilidad, independientemente de dónde residan, para que más menores reciban el sustento que les corresponde”, expresó la administradora de ASUME, María del Mar Mateu Meléndez, en declaraciones escritas.
Las gestiones incluyeron una reunión celebrada ayer, miércoles, entre Mateu Meléndez y el ministro de Justicia de República Dominicana, Antoliano Peralta Romero, en la que discutieron una propuesta presentada por ASUME en junio para reanudar y ampliar la colaboración en materia de pensiones alimentarias.
En el encuentro también participó Olga Diná, procuradora general de Corte de Apelación y directora nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia de la Procuraduría General dominicana.
Entre las medidas propuestas figuran el reconocimiento y cumplimiento de órdenes alimentarias emitidas en ambas jurisdicciones, mecanismos para localizar a las personas obligadas a pagar pensiones y la designación de funcionarios que mantengan comunicación directa entre las autoridades.
El proyecto también contempla estrategias conjuntas para atender casos internacionales, capacitación del personal responsable de estos procedimientos y métricas para evaluar periódicamente los resultados de la colaboración.
Como antecedente, ASUME y la Procuraduría General de República Dominicana suscribieron en 2006 un acuerdo sobre filiación, establecimiento, revisión y modificación de pensiones alimentarias, así como la localización de personas y el cumplimiento de órdenes. Ambas partes extendieron esa colaboración por tres años adicionales en 2008.
La nueva propuesta toma como referencia los mecanismos de cooperación de la Ley Uniforme Interestatal sobre Alimentos para la Familia y los principios del Convenio de La Haya sobre el Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia.
“Una madre o un padre que reside en Puerto Rico puede necesitar gestionar una pensión alimentaria con una persona que vive en República Dominicana. Compartimos la visión de que ningún menor vea afectado su derecho a recibir alimentos por razón de la jurisdicción en la que resida alguna de las partes”, sostuvo Mateu Meléndez.
Según la administradora, el objetivo es reducir las dificultades administrativas que enfrentan las familias cuando las personas involucradas en una reclamación de sustento residen en jurisdicciones diferentes.
“El hecho de que una persona se traslade fuera de Puerto Rico no elimina su responsabilidad de proveer sustento a sus hijos. Estamos encaminando esta colaboración para que las autoridades puedan trabajar los casos de manera coordinada, dar seguimiento a las obligaciones pendientes y procurar que los menores reciban el sustento que les corresponde”, puntualizó.
