Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com
El agrimensor Carlos Vega Santos, contratado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para investigar el caso de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía Jobos en Salinas, señaló al Gobierno por el daño ambiental a ese recurso natural.
Vega Santos dijo que las instalaciones de servicios, tanto de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA) como de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), dieron paso a la legalización de segregaciones que son “completamente ilegales”.
El contratista señaló que existen otras agencias que “han sido cómplices” de lo que ha ocurrido en la Bahía Jobos y que, en su experiencia investigativa en la Reserva, ha tenido problemas para el acceso de información por parte de las agencias gubernamentales.
Mencionó que ha intentado obtener datos correspondientes a la AAA, AEE y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), “por ejemplo, he intentado obtener información de los contadores instalados en la zona para actualizar mi investigación y todavía no tengo esa información”.
“Que digan la verdad todas las agencias de gobierno. Las agencias están dormidas”, subrayó Vega Santos.
Las expresiones las realizó en una vista pública celebrada hoy -lunes- en el Capitolio para indagar sobre el crimen ambiental e invasión en la zona marítimo terrestre de la comunidad Las Mareas, en Salinas.
El contratista del DRNA informó que el pasado 1 de abril, el consorcio LUMA Energy no asistió a una reunión que el DRNA había citado para discutir información sobre contadores e instalaciones eléctricas.
Por su parte, el representante Edgardo Feliciano Sánchez, realizó preguntas sobre qué era lo que había en la Reserva de Investigación antes de que fuera adquirida por el Estado. “No había ocupaciones físicas”, destacó el agrimensor.
“Me perdonarán las agencias de todo Puerto Rico. En mi informe menciono cuáles son las agencias que colaboran o no con este servidor… (lo ocurrido fue por) inacción de varias agencias del Estado que fueron cómplices de lo que tenemos hoy en día allí”, señaló.
El presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, señaló que existe un estudio de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) que había alertado que se debían remover las estructuras construidas en la zona y hacer una mitigación.
Por otro lado, el representante del PIP, Denis Márquez Lebrón, preguntó cuáles deben ser resultados por parte del gobierno para atajar la problemática ambiental que afecta a la comunidad y el medio ambiente.
A su vez, la representante Mariana Nogales Molinelli sentenció que sí ha habido intentos de detener las obras de construcción por parte del DRNA.
“En el 2015 hubo un cese y desista impulsado por la exsecretaria Carmen Guerrero, y luego se redujo la multa. Por eso es que el jueves vienen los exsecretarios Rafael Machargo y Tania Vázquez”, mencionó la legisladora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
En la vista pública, el presidente de la Comisión realizó también un requerimiento de información a Nogales Molinelli sobre algunas denuncias que la legisladora esbozó en medios de comunicación sobre alegados vínculos políticos en esquemas de narcotráfico en el área de Las Mareas.
