Los relevos de carga continúan en aumento en Puerto Rico ante la insuficiencia de capacidad para cubrir la demanda total de electricidad, una situación que persiste pese a la entrada en funciones de la unidad 6 de la Central Costa Sur, informó Genera PR.
Mientras tanto, LUMA Energy ha advertido que la capacidad disponible de generación continúa siendo insuficiente para atender la demanda, particularmente durante las horas de mayor consumo.
El exdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Héctor Rosario Hernández, sostuvo que la demanda durante las horas pico supera la capacidad de generación disponible, lo que provoca la necesidad de recurrir a interrupciones del servicio.
Según Rosario Hernández, esta situación no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también representa un obstáculo para el desarrollo económico de Puerto Rico.
El exfuncionario señaló que el problema pudo comenzar a atenderse desde 2022, cuando se presentó una moción para utilizar $853 millones en fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) destinados a reparar el sistema eléctrico. Sin embargo, el Negociado de Energía rechazó entonces la propuesta.
Rosario Hernández atribuyó la problemática actual, en parte, a intereses económicos. Como ejemplo, mencionó que durante el pasado año el 70 % del presupuesto de LUMA Energy estaba destinado al pago de salarios.
Asimismo, afirmó que mientras estuvo al frente de la AEE las métricas relacionadas con la duración y frecuencia de las interrupciones del servicio eran mejores.
AEE busca frenar demanda por contrato de $5,900 millones
En otro asunto relacionado con la situación energética, la AEE solicitó al juez federal Raúl M. Arias Marxuach que desestime la demanda presentada por Power Expectations LLC, relacionada con la cancelación de un contrato valorado en $5,900 millones para proveer 400 megavatios de generación temporal.
La corporación pública planteó, como alternativa, que la controversia sea trasladada a la Corte de Quiebras bajo el Título III de la Ley PROMESA.
Según los abogados de la AEE, Power Expectations sostiene que la controversia está relacionada con el proceso de quiebra de la corporación pública y utiliza como fundamento la jurisdicción federal. Sin embargo, la AEE argumentó que la empresa demandante ignora el marco legal y procesal aplicable a los casos bajo el Título III de PROMESA.
La AEE indicó que Power Expectations busca obtener un interdicto que obligue a la corporación pública a cumplir con un contrato de 10 años y cuyo valor se acerca a los $6,000 millones, pese a que el acuerdo fue cancelado por múltiples razones.
La entidad gubernamental sostuvo que, si la controversia no tiene una conexión con el Título III de PROMESA, la demanda debería presentarse exclusivamente ante los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Asimismo, la AEE argumentó que las Reglas Federales de Procedimiento de Quiebras establecen que, cuando se solicita un remedio o compensación monetaria contra un deudor, como en este caso la corporación pública, la reclamación debe tramitarse mediante un procedimiento adversativo.
Por ello, la AEE sostiene que Power Expectations debió presentar el caso mediante el formulario inicial correspondiente a los procedimientos bajo el Título III de la Ley PROMESA.
La controversia judicial se suma a los problemas que enfrenta el sistema eléctrico mientras las autoridades buscan aumentar la capacidad de generación disponible para reducir la frecuencia de los relevos de carga y responder a la demanda durante las horas pico.
