Por Redacción Es Noticia
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La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei) evalúa un referido relacionado con el uso de más de $1.3 millones en fondos públicos asignados a una entidad sin fines de lucro para proyectos de construcción que nunca se concretaron.

El exsecretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, informó que refirió el caso al Departamento de Justicia luego de recibir información de empleados de la Autoridad de Tierras (AT) sobre el manejo de estas asignaciones.

Según González Beiró, la falta de evidencia sobre el uso adecuado de estos fondos coincidió con cambios en los procesos de subasta dentro de la Autoridad de Tierras. Antes, la agencia manejaba sus propias subastas, pero posteriormente se requirió que los proyectos fueran enviados a la Administración de Servicios Generales para el proceso de adjudicación.

«Fue en ese momento cuando comenzaron a aumentar las asignaciones a entidades sin fines de lucro para proyectos de construcción», explicó González Beiró en entrevista con Damaris Suárez Ahora.

En enero de 2022, el exsecretario notó que muchas de estas entidades no tenían expedientes completos ni la capacidad para manejar proyectos de construcción, lo que generó dudas sobre su fiscalización.

«Nos encontramos con la transferencia de $1,140,000, además de otras asignaciones, sumando un total de $1.3 millones. Inmediatamente, hicimos un referido a Justicia para investigar tanto a los funcionarios como a las entidades involucradas», añadió.

Vinculación de exlegisladores en el caso

Según algunas fuentes, la investigación también involucra al exrepresentante Antonio ‘Tony’ Soto Torres y a su entonces consultor legislativo, José Miguel Huertas Torres. Ambos estarían relacionados con la asignación de $1.2 millones por la Comisión de Donativos Legislativos a una iglesia en Guaynabo, que debía encargarse de la canalización de la quebrada Margarita.

El problema radica en que la obra nunca se completó y, pese a múltiples órdenes del tribunal, el dinero no fue devuelto.

«El pastor de la iglesia aseguró que tenía el dinero, pero cuando se le exigieron los estados financieros, afirmó que la Junta de la entidad se había disuelto y que él era el único responsable. Luego, al presentar el estado bancario, se evidenció que la cuenta solo tenía unos cuatrocientos dólares», reveló González Beiró.

El exsecretario sugirió que el Departamento de Justicia debe investigar cómo se usaron estos fondos, a quién se pagaron y establecer responsabilidades.

Preocupaciones sobre el manejo de fondos públicos

El representante independentista Denis Márquez Lebrón criticó la manera en que se asignan fondos a través del llamado “barrilito”, señalando que esto permite que los legisladores distribuyan dinero sin una regulación clara.

«Es un conflicto de interés enorme. Estas asignaciones no pasaron por un proceso legislativo, sino que fueron aprobadas por carta de un legislador, como si fuera el jefe de una agencia o un alcalde», explicó Márquez Lebrón.

El legislador insistió en la importancia de que los fondos públicos sean manejados por agencias gubernamentales con peritaje en obra pública, para garantizar transparencia y fiscalización adecuada.

Mientras tanto, la Opfei continúa su evaluación del caso y se espera que en los próximos días se tomen decisiones sobre posibles acciones legales.