Por CyberNews
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El fiscal federal W. Stephen Muldrow dio detalles este jueves sobre el arresto de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el banquero Julio Martín Herrera Velutini y al exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) Mark Rossini.
“Según la acusación federal, desde diciembre de 2019 hasta junio de 2020, la entonces gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, de San Juan, supuestamente participó en un plan de soborno con varias personas, entre ellas Julio Martín Herrera Velutini, Frances Díaz, Mark Rossini, y John Blakeman para financiar la campaña electoral para gobernador de 2020 de Vázquez Garced”, dijo Muldrow en conferencia de prensa.
Vázquez Garced se enfrenta a una potencial pena de prisión de 20 años por los siete cargos que enfrenta.
A la exgobernadora se le impuso una fianza no asegurada de $50,000.
Herrera Velutini, de 50 años, con doble nacionalidad venezolana e italiana y residente en Londres, Reino Unido, era propietario de Bancrédito que operaba en San Juan.
Díaz, de 50 años, de Puerto Rico, fue director ejecutivo y presidente del banco internacional propiedad de Herrera Velutini.
Rossini, de 60 años, de Madrid, España, fue un exagente especial del FBI que brindó servicios de consultoría a Herrera Velutini.
Blakeman, de 53 años, de Puerto Rico, es un consultor político que trabajó en la campaña 2020 de Vázquez Garced, añadió Muldrow.
Según la acusación, a partir de 2019, el banco de Herrera Velutini fue objeto de un examen por parte de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico, una agencia reguladora que supervisa las instituciones financieras que operan en Puerto Rico. A través de intermediarios, Herrera Velutini y Rossini supuestamente prometieron proporcionar fondos para apoyar la campaña electoral para gobernadora de 2020 de Vázquez Garced a cambio de que Vázquez Garced despidiera al Comisionado de la OCIF y nombrara un nuevo Comisionado a elección de Herrera Velutini. La acusación formal alega que Vázquez Garced aceptó la oferta de soborno y, en febrero de 2020, tomó medidas oficiales para exigir la renuncia del Comisionado A, de la OCIF y, en mayo de 2020, designar al Comisionado B, de la OCIF, un ex consultor del banco internacional propiedad de Herrera Velutini – quien había sido seleccionado personalmente por Herrera Velutini. A cambio, Herrera Velutini y Rossini supuestamente pagaron más de $300,000 a consultores políticos en apoyo a la campaña de Vázquez Garced.
La acusación formal alega además que luego de la derrota en las elecciones primarias de Vázquez Garced en agosto de 2020, Herrera Velutini trató de sobornar a su sucesor, el Funcionario Público A, ofreciendo fondos en apoyo de la campaña del Funcionario Público A, a cambio de que el Funcionario Público A terminara la auditoría del banco de Herrera Velutini por parte de la OCIF. en condiciones favorables a Herrera Velutini. Según la acusación, entre abril de 2021 y agosto de 2021, Herrera Velutini supuestamente utilizó intermediarios para transmitir su oferta de soborno a un testigo que se presentaba como representante del Funcionario Público A, pero que en realidad actuaba bajo la dirección del FBI. Como se señala en la acusación formal, el testigo actuó bajo la dirección del FBI durante este período de tiempo y en realidad no sirvió como intermediario ni actuó en nombre del funcionario público A.
En agosto de 2021, Herrera Velutini supuestamente dirigió un pago de $25,000 a un comité de acción política asociado al Funcionario Público A, en el entendimiento y expectativa de que el Funcionario Público A resolvería la auditoría de la OCIF al banco de Herrera Velutini en la forma solicitada por Herrera Velutini.
Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini están acusados de conspiración, soborno a programas federales y fraude electrónico de servicios honestos. Está previsto que Vázquez Garced comparezca hoy -jueves- ante el tribunal federal en el Distrito de Puerto Rico. Si son condenados por todos los cargos, cada uno enfrenta una pena total máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
En relación con esto, el departamento también anunció las declaraciones de culpabilidad de dos personas en relación con los esquemas para sobornar a Vázquez Garced y al funcionario público A.
Según documentos judiciales, en marzo, Frances Díaz se declaró culpable de conspirar con Herrera Velutini y otros para sobornar al funcionario público A. Díaz fue, hasta febrero de 2022, director ejecutivo y presidente del banco internacional propiedad de Herrera Velutini. En marzo, John Blakeman se declaró culpable de conspirar con Herrera Velutini y Rossini para sobornar a Vázquez Garced, y con Herrera Velutini para sobornar al funcionario público A.
Tanto Díaz como Blakeman enfrentan hasta cinco años de prisión. Sus audiencias de sentencia aún no han sido programadas. Un juez de la corte federal de distrito determinará cualquier sentencia después de considerar la decisión de los EE. UU.
“El presunto plan de soborno llegó a los niveles más altos del gobierno de Puerto Rico, amenazando la confianza pública en nuestros procesos electorales e instituciones de gobierno”, dijo el secretario de justicia auxiliar Kenneth Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia.
“El Departamento de Justicia está comprometido a responsabilizar a aquellos que creen erróneamente que existe un estado de derecho para los poderosos y otro para los débiles. Nadie está por encima del estado de derecho”, añadió.
“La corrupción pública se manifiesta de muchas maneras diferentes”, dijo el agente especial a cargo Joseph González de la oficina local del FBI en San Juan.
“Aquellos que se involucran en esta conducta ilegal a menudo creen que están por encima de la ley o se engañan a sí mismos creyendo que este es un crimen sin víctimas y por lo tanto no están haciendo nada malo. Nuestro mensaje es y ha sido claro. La corrupción pública erosiona la confianza de la gente en nuestras instituciones. y alimenta los disturbios civiles. Como máxima prioridad para el FBI, dondequiera que surjan denuncias de corrupción pública, investigaremos. Nadie está por encima de la ley y la víctima de este crimen, el pueblo, merece algo mejor”, añadió.
La Oficina de Campo de San Juan del FBI está investigando el caso. Los abogados litigantes Ryan Crosswell, Erica Waymack y Nicholas Cannon de la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia y el fiscal federal adjunto Seth Erbe de los Estados Unidos.
