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Puerto Rico
jueves, junio 12, 2025
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Radican solicitud de investigación de cumplimiento de ley para combatir el COVID-19

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Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

Tras las continuas denuncias públicas relacionadas al incumplimiento de la Ley Núm. 43-2020 conocida como Ley para combatir el COVID-19, la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Keren Riquelme Cabrera, radicó una resolución para que la Comisión de Salud del Senado investigue la prestación de tratamiento médico relacionados al COVID-19.

La Ley para combatir el COVID-19 establece que todo cuidado médico, estudio, análisis, diagnóstico y tratamiento de COVID-19, incluyendo hospitalización, será libre de costo para toda la ciudadanía, sin importar si cuentan o no con seguro de salud.

Precisa además que ninguna organización de seguros de salud, aseguradora, PBM o terceros administradores podrá requerir algún copago deducible, referido o pre-autorización, por el diagnóstico y tratamiento del COVID-19, incluyendo hospitalización y permite el pago o reembolso.

“Tanto Jorge Galva, administrador de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), como el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Víctor Ramos, han denunciado que existen planes médicos que no están ofreciendo cobertura de pruebas de antígeno, ni tratamiento monoclonal, e incluso un laboratorio clínico intentó cobrar deducible por la administración de una prueba de detección de COVID-19, esto en franca violación de ley y a la política pública”, expresó la Senadora.

Riquelme sentenció que “muchos ciudadanos, particularmente la población de la tercera edad no conoce los derechos que les concede esta ley y es triste que existan personas o empresas inescrupulosas que se aprovechen de la vulnerabilidad de este momento histórico para privar o poner trabas a los servicios de salud. Esta situación es delicada y urgente, por lo cual confiamos en que el Senado le de paso”.

La resolución busca profundizar en la rigurosidad de los criterios de las aseguradoras para atender los casos de COVID-19 y determinar si cubren o no los gastos médicos.

“Veremos además cómo se está atendiendo esta condición de salud en las dependencias del Gobierno y en el sector privado”, explicó la senadora.

La Comisión de Salud deberá rendir informes preliminares de sus visitas o inspecciones, vistas e información recibida cada 60 días.

Posteriormente, rendirá un informe final con sus hallazgos y recomendaciones en un término de 180 a partir de la aprobación de esta Resolución.

Gobernador entrega equipo de seguridad y primera respuesta

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Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

El gobernador Pedro Pierluisi anunció hoy -martes- junto al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, la entrega de equipo para los Negociados de la Policía de Puerto Rico, de Bomberos y del Cuerpo de Emergencias Médicas. Además, se informó la entrega de fondos para municipios provenientes del Negociado del Sistema de Emergencias 911. El impacto económico total es de más de $10 millones.

«Todo este equipo de primera respuesta será crucial para que podamos seguir fortaleciendo nuestro componente de seguridad y emergencias. Estos 100 nuevos vehículos para la flota de la Policía contribuirán grandemente en las estrategias trazadas para combatir la criminalidad. Asimismo, las nuevas ambulancias y los camiones de bomberos son esenciales en la respuesta inmediata en emergencias», dijo Pierluisi Urrutia en conferencia de prensa.

«Mi gobierno está comprometido en seguir identificando los fondos que sean necesarios para contar con las herramientas adecuadas para nuestro componente de primera respuesta”, sostuvo el gobernador y añadió que, “continúo trabajando en equipo con nuestros ejecutivos municipales para mejorar la calidad de vida de nuestra gente y proveerles más y mejores servicios», añadió.

El secretario del DSP detalló que el Negociado de la Policía recibió 100 vehículos, para lo cual se destinaron $3,648,688, mientras que el Negociado del Cuerpo de Bomberos tiene cinco nuevos camiones a un costo total de $1,375,000. También, el Cuerpo de Bomberos contará con cinco vehículos adicionales de carga y uno de pasajeros para un total de $194,609 por las 6 unidades.

Del mismo modo, el Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas cuenta ahora con 10 nuevas ambulancias obtenidas a través de fondos del 9-1-1. El total de dinero asignado para dicho Negociado alcanzó $1,826,367, de los cuales se utilizaron $1,109,290 para la compra de ambulancias y el restante de $717,077 se entregará a la agencia.

Igualmente, municipios y agencias de respuestas estatales recibieron $3,882,546.33 de fondos del 9-1-1 por concepto de llamadas de emergencia atendidas.

«Equipar a nuestros primeros respondedores es esencial para poder cumplir con nuestro propósito de salvar vidas y velar por la seguridad de la ciudadanía. Agradecemos la labor que todos nuestros policías, bomberos y paramédicos realizan, además de los telecomunicadoresy de todo el personal que día a día arriesga sus vidas por ayudar a los demás», expresó el secretario del DSP, durante la entrega, que se llevó a cabo en la Academia de la Policía, en Gurabo.

El comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López, detalló que entregaron 40 patrullas nuevas, 16 vehículos “pick up”, 33 jeeps y 11 vanes que se distribuirán alrededor de las 13 regiones policiales.

«Esta nueva flota de vehículos es una herramienta importante que complementa las estrategias del Plan de Seguridad del gobierno de Puerto Rico. Por ello, las unidades han sido asignadas de manera estratégica. Por un lado, asignamos vehículos a las divisiones de investigación criminal, mientras que con vehículos especializados tipo todo terreno, atenderemos las zonas rurales, a través de los cuarteles de estas áreas. Por primera vez, el Negociado de la Policía contará con este tipo de transporte que responde a las necesidades de los pueblos de la montaña. Simultáneamente, apoyamos la labor de FURA, que ahora tendrá disponibles vehículos con capacidad para el remolque de lanchas, que facilitarán sus operativos de ocupación de sustancias controladas. Si para nosotros la rama operacional del Negociado de la Policía es importante, de igual modo lo es el componente de prevención. Por ello asignamos unidades tipo van a las divisiones de Relaciones con la Comunidad y la Liga Atlética Policiaca», abundó López.

Mientras, el comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Javish Collazo, indicó que los cinco camiones ofrecerán servicio en Vieques, Culebra, Fajardo, Toa Baja y Comerío.

«En los pasados dos meses, logramos la entrega de 10 camiones bomba, dos de los cuales van a Vieques y Culebra. Además, entregamos cuatro vehículos ‘mini pump’ que fueron asignados para comunidades alejadas o muy pobladas en los municipios de Jayuya, Utuado, Hatillo y Salinas. La inversión en equipo y otros vehículos asciende a más de $1.5 millones, lo cual se traduce a un mejor servicio a los ciudadanos en la isla y mejor ambiente de trabajo para los compañeros del Negociado», dijo Collazo.

El comisionado del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas, Dr. José Colón Grau, manifestó que las ambulancias ofrecerán servicio en Vieques, Culebra, Ponce, Utuado, San Sebastián, Mayagüez, Barranquitas y Ceiba, además en el Capitolio y en la autopista en el área metropolitana.

«Nuestra meta es continuar bajando el tiempo de respuesta. Cuando llegamos, el tiempo promedio era de 24 a 27 minutos. Hemos bajado ese tiempo promedio a entre 13 y 15 minutos. Estas ambulancias nos ayudan a poder cumplir con la meta de llegar más rápido a atender las emergencias y salvar vidas», dijo Colón Grau.

En cuanto a los fondos del Negociado del Sistema de Emergencias del 9-1-1, el comisionado Manuel González Azcuy, señaló que, por la distribución de llamadas transferidas y aceptadas por municipios y agencias de respuesta, el total de fondos para el año fiscal 2019 es de $4,991,836.33 que se distribuyen en $2,635,151.46 para agencias estatales y $2,356,684.87 para municipios.

«En el Negociado del Sistema de Emergencias del 9-1-1, estamos conscientes de que no todos los municipios integrados reciben muchas llamadas de emergencia. Por lo tanto, en algunos casos el desembolso que recibirían sería demasiado bajo, lo que ciertamente no alcanza para que estos municipios cubran los gastos operacionales. Por eso, junto al secretario del DSP, establecimos un fondo mínimo. De esta manera, sin afectar la cantidad de fondos que le corresponden a los municipios y a las agencias, destinamos a todos los ayuntamientos un desembolso mínimo de $20,000. Asimismo, reconocemos el compromiso de los alcaldes con brindar a sus ciudadanos una pronta respuesta en casos de emergencias», explicó González Azcuy.

Gobierno nunca hizo las pruebas que establecía el protocolo para el regreso a la escuela

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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla | Centro de Periodismo Investigativo

redaccion@esnoticiapr.com

 

A pesar de que el Departamento de Salud (DS) reconoce que las pruebas de antígenos tienen grandes limitaciones al momento de diagnosticar COVID-19, ya que pueden dejar escapar hasta el 67 por ciento de los casos, esa agencia decidió utilizar únicamente esta forma de cernimiento para los niños y niñas ante su regreso a la escuela.

Aún así, una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) encontró que ni el DS ni el Departamento de Educación hicieron las pruebas de COVID-19 antes de la apertura en abril ni durante la clases presenciales como dicta el Protocolo para la Vigilancia de COVID- 19 del Sistema educativo de Puerto Rico hecho por el DS, dejando a los menores a su suerte y derrochando recursos públicos durante el mes en que se reanudaron las clases parcialmente  en las aulas.

La información fue confirmada la semana pasada por una fuente interna del DS que habló bajo condición de anonimato y por Danilo T. Pérez Rivera, coordinador de análisis de datos del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC). Además, la colgada secretaria de Educación, Elba Aponte, ya lo había dejado ver durante su vista de confirmación el pasado 5 de abril.

“Nosotros, si tenemos casos sospechosos, se les coordina la prueba con la epidemióloga del municipio y con el Departamento de Salud”, sostuvo Aponte a preguntas de la senadora María de Lourdes Santiago.

Las pruebas de antígenos deben hacerse semanales, irrespectivo de casos sospechosos, según el protocolo. Además, debe darse énfasis a las escuelas con riesgo sustancial de contagio o color naranja, haciéndole pruebas dos veces por semana a los maestros y al personal y una vez por semana a una muestra aleatoria de 10 por ciento de los estudiantes.

En las escuelas sí se reportaron casos positivos en medio del alza de casos que se han reportado en la Isla a nivel comunitario, aunque no necesariamente se contagiaron en las aulas, indicaron dos fuentes internas del DS.

“Lo más que nosotros hicimos fue que sí enviamos pruebas moleculares para las comunidades. Envié a muchos de estos municipios que estaban en rojo, Orocovis y Barranquitas, y logramos bajar la positividad y traerlos a un marco donde pudieran abrir sus escuelas. Eso se hizo a nivel comunitario; a nivel de la escuela no, nunca se hicieron [pruebas]”, sostuvo Pérez Rivera.

Cuestionado el uso de pruebas de antígenos por algunos expertos

Un epidemiólogo ligado al DS, quien prefirió no ser identificado, sostuvo al CPI que aunque la intención de hacer pruebas de antígenos, incluyendo en los peajes y en las escuelas, pudo haber sido buena, ha sido contraproducente porque están enviando a la calle a personas con posibles falsos negativos, quienes siguen sus actividades normales, como ir a la playa o al centro comercial. Estos, dijo, pueden ser asintomáticos que pueden pasar desapercibidos al hacerle este tipo de prueba.

“Entonces, si una persona es asintomática, le van a hacer una prueba que no es confiable. Pues entonces, ¿para qué? ¿Qué estás haciendo? No estás haciendo nada. Estás engañando a la gente, haciéndole una prueba que no sirve”, dijo, por su parte, Cruz María Nazario, epidemióloga y catedrática del Recinto de Ciencias Médicas.

Sin embargo, existen discrepancias con el uso de estas pruebas. A juicio de la doctora Ángeles Rodríguez, infectología y ex epidemiología del Estado, las pruebas de antígenos sí tienen su utilidad en las escuelas, aunque reconoce que las mismas no son las adecuadas para diagnosticar personas asintomáticas.

El infectólogo Gabriel Martínez también coincidió tanto con Cruz como con Rodríguez en que estas pruebas no son las adecuadas para detectar el virus en los asintomáticos. Sin embargo, dijo que son una herramienta útil si se usa en comunidades con alta positividad.

No obstante, según el protocolo, para que las escuelas puedan abrir sus puertas, tiene que haber una positividad baja en los municipios.

Martínez recomienda que las pruebas de antígenos se hagan cada 48 horas y utilizando dos pruebas de antígeno diferentes, de dos manufactureros diferentes, con buena sensibilidad y especificidad cada una. Esta es la forma en que se hizo para establecer la burbuja del Baloncesto Superior Nacional (BSN), donde fue asesor, indicó.

Maestros confirman que no se hicieron las pruebas

Por su parte, Grichelle Toledo, secretaria general de la Local Sindical de la Asociación de Maestros (AMPR), aseguró que, según han investigado entre sus miembros, no se hicieron las pruebas aleatorias que establece el protocolo ni a estudiantes ni a los empleados presentes en las escuelas.

Toledo dijo además, que en medio del repunte de casos y en contra de lo establecido en el protocolo, el DE estaba solicitando al personal de apoyo y a maestros que trabajaran de forma presencial en las escuelas. Por esa razón, dijo, radicaron un cargo de práctica ilícita contra Aponte, quien estuvo al mando de Educación hasta el 17 de abril, cuando el gobernador Pedro Pierluisi retiró su nombramiento porque la Comisión de Nombramientos del Senado no recomendaba su confirmación.

Recalcó que la postura de la AMPR ha sido que las escuelas fueran abiertas cuando la Isla tuviera un 5 por ciento o menos de positividad. Actualmente el por ciento de positividad está en 11 por ciento.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) recomiendan el uso de medidas para determinar el nivel de riesgo de transmisión en la comunidad, que incluye la cantidad total de casos nuevos por cada 100 mil habitantes en los últimos siete días y el porcentaje de resultados positivos de pruebas de amplificación de ácido nucleico (NAAT), incluidas las pruebas RT-PCR, durante los últimos siete días.

“Nosotros entendemos que dado el cuadro que presenta la Isla completa, y vemos que no solamente es en Puerto Rico, a nivel mundial se han dado otros repuntes, entendemos que ya para lo que falta, lo que queda de este semestre escolar debe permanecer virtual”, sostuvo Toledo.

Agregó que los meses que continúen en la modalidad virtual deben ser usados para darle mantenimiento a las escuelas y desarrollar un plan a corto y largo plazo para atender las secuelas del año en pandemia.

Crónica de un cierre escolar anticipado

El 8 de abril, el DS anunció que las escuelas cerrarían a partir del 12 de abril, por dos semanas, tras una decisión tomada con el Gobernador y Aponte. Cinco días antes, el Secretario de Salud había dicho que rechazaba el cierre de las escuelas.

“Las escuelas, tanto públicas como privadas, son seguras. Constantemente, las escuelas son monitoreadas por el Sistema de Vigilancia, y al día de hoy no se ha registrado ni un solo brote por COVID-19 en un plantel escolar”, alegó Mellado en ese momento.

Ante el nivel rojo en el que se encuentra la Isla, el martes pasado, el gobernador Pedro Pierluisi dijo que el cierre de las escuelas permanecerá por más tiempo.

El doctor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo del Puerto Rico Science Trust, dijo al CPI que en el momento que se abrieron las escuelas, las pruebas estaban en “menos de un 3 por ciento de positividad”.

No obstante, reconoció que hubo una disminución en la cantidad de pruebas moleculares que se hicieron en los primeros meses del año.

Algunos científicos, incluyendo a la epidemiologa Nazario, han cuestionado la baja en la cantidad de pruebas moleculares que se están haciendo en Puerto Rico, lo que impide conocer el panorama real de la transmisión comunitaria, que es tomada en consideración para la apertura de las escuelas.

Nazario dio como ejemplo el caso de Trujillo Alto, donde al 3 de febrero se habían hecho 1,573 pruebas mientras que al 10 de marzo, se hicieron solo 566 pruebas, según el informe el análisis de transmisión comunitaria del COVID-19 para la toma de decisiones en las comunidades escolares de Puerto Rico.

“El indicador de pruebas positivas de 9.7 el 3 de febrero, ya el 10 de marzo es 3.5, pero bajó 64 por ciento la cantidad de pruebas”, destacó Nazario.

Con esa reducción en la cantidad de pruebas moleculares hechas recomendaron que se abrieran las escuelas en Trujillo Alto, dijo.

Rafael Irizarry, profesor de bioestadística en Harvard T.H. Chan School of Public Health, indicó al CPI que las pruebas moleculares tuvieron su pico en diciembre pero que comenzaron a disminuir hasta marzo, cuando comenzaron a subir nuevamente. En febrero, Irizarry había indicado que se estaban haciendo solo 4,500 pruebas moleculares diarias.

“Lo que ocurre es que empezamos a abrir otras entidades en las cuales se le dio prioridad antes que a las escuelas y a los niños, y ahí es donde perdimos la perspectiva, porque entendíamos que podíamos abrir todo a la vez, y nosotros entendíamos que se debía mantener la parte económica un poco más restringida. Abrir las escuelas de forma tal que pudiéramos ver el efecto, si alguno, que hubiese tenido la escuela en términos de la pandemia”, sostuvo Rodríguez Orengo.

Agregó que el “alza dramática” que se ha visto en las últimas tres semanas en Puerto Rico  afectó a las escuelas. Por eso, ante el nivel alto de positividad, había que cerrarlas, sostuvo.

Rodríguez Orengo dijo que se debe aprovechar una coyuntura en la que haya de un 65 a un 70 por ciento de la población vacunada con ambas dosis para volver a abrir las escuelas, y que mientras tanto se vaya trabajando en la infraestructura necesaria para el regreso a clases, principalmente el de los niños y niñas de escuela elemental.

Al primero de marzo, nueve días del inicio de clases, en Puerto Rico se habían vacunado 498,818 personas, un 16 por ciento de la población con ambas dosis. Actualmente se han vacunado 778,911 personas con ambas dosis, un 24 por ciento de la población.

Indicó que, aunque las escuelas estén abiertas, no tienen por qué aumentar los casos si se toman las medidas de rastreo, de higiene, pruebas y se observa el distanciamiento físico.

Las pruebas de antígenos

El protocolo de apertura de escuelas establece que una forma de identificar en tiempo real las infecciones asintomáticas de maestros y estudiantes es a través del uso de pruebas periódicas de cernimiento de COVID. Para esto, “la prueba ideal”, de acuerdo al documento, es la prueba molecular, que es la que se utiliza para confirmar el diagnóstico de la infección.

“Las pruebas moleculares (PCR) son las pruebas más certeras para diagnosticar COVID 19 y se utilizan como parámetro para comparar la eficacia de otros tipos de pruebas”, dice el documento.

Sin embargo, el DS optó por las pruebas de antígeno, que aunque ofrecen la ventaja de resultados en menos de dos horas, tienen sus limitaciones. La tecnología para dar resultados de pruebas PCR en menos de dos horas existe también en laboratorios en Puerto Rico hace meses, pero el DS no ha invertido en tenerla disponible de manera amplia de modo que se pueda atender el volumen que generaría la apertura del sistema escolar. El CPI le preguntó por escrito al secretario Mellado por qué esto no se ha hecho, pero no hubo respuesta.

Una de las limitaciones de las pruebas de antígenos es que están aprobadas para diagnosticar personas luego de cinco días de síntomas y no son efectivas para detectar asintomáticos.

“La sensibilidad de esta prueba en este caso [persona con síntomas] es 96.7 por ciento y la especificidad es de sobre 99 por ciento. La prueba es menos útil para diagnosticar a personas con infección reciente, o infección sin síntomas y podría identificar solamente a un 41.2 por ciento de las personas infectadas sin síntomas. El valor predictivo es solo de 33.3 por ciento en grupos sin síntomas. Esto significa que las pruebas de antígeno pueden identificar infección cuando han pasado cinco días y las personas tienen síntomas, pero podrían resultar negativas en alguien con infección temprana sin síntomas”, dice el documento.

La epidemióloga Nazario aseguró que las pruebas de antígenos no se recomiendan para personas asintomáticas y que no hayan pasado cinco días de haberse infectado.

Explicó que el valor predictivo de 33 por ciento lo que significa es que el 67 por ciento de las veces la prueba de antígenos va a fallar “y donde se falla es en los asintomáticos”.

Los estimados de los asintomáticos varían. Al principio, el CDC estimaba que el 80 por ciento de las personas que se contagian de COVID-19 eran asintomáticos, pero ahora estima que es de un 30 por ciento a un 50 por ciento, reconociendo que es una cifra difícil de identificar porque no se le hacen pruebas. Sin embargo, coinciden en que son quienes más contagian a otros.

Según el protocolo, las pruebas de antígenos deben hacerse semanalmente, dada la limitación de identificar personas infectadas sin síntomas que podrían transmitir el virus. Por eso, Salud recomienda “que los estudiantes, maestros y empleados (incluyendo transportistas) en las escuelas, participen de un monitoreo adicional con pruebas moleculares tomadas semanalmente”.

Las enfermeras escolares serían las encargadas de tomar las muestras de la población escolar y se establecerá un sistema de recolección de muestras en los días en que los estudiantes y el personal asistan presencialmente. Los padres de los estudiantes deberán autorizar el muestreo periódico, dice el documento.

La infectóloga y ex epidemióloga del Estado, Ángeles Rodríguez, opinó que las pruebas de antígenos no son las ideales para el diagnóstico de COVID-19, “pero es lo que hay” disponible. Explicó que estas pruebas tienen un buen valor predictivo para los sintomáticos y menos eficiente para identificar a los asintomáticos. Sin embargo, dijo que si lo que se busca es rapidez, las de antígenos son una alternativa versus las moleculares, cuyos resultados pueden tardar días.

“Lo ideal es que hubiese una prueba que pudiera hacer lo que hace la prueba de antígeno, pero con mejor valor predictivo en los asintomáticos”, sostuvo Rodríguez.

La doctora recomienda que estas pruebas se hagan al inicio de la semana escolar y cada vez que haya alguien sintomático. El protocolo solo se limita a decir que deben hacerse semanalmente.

El protocolo establece que todos los miércoles, los directores escolares tienen que verificar el informe de salud comunitario para saber si la escuela puede abrir sus puertas la próxima semana. A juicio de Rodríguez, “estas cosas se tienen que tratar en tiempo real” y no esperar para cerrar una escuela si el municipio donde está ubicada está en rojo.

Sobre la apertura de las escuelas, la infectóloga aseguró que nunca estuvo de acuerdo con que las abrieran, sino que se debió calendarizar para empezar en agosto y mientras tanto preparar la infraestructura para recibir a los estudiantes en grupos pequeños.

El infectólogo Gabriel Martínez coincidió con Cruz y Rodríguez en que las pruebas de antígenos no son de utilidad para detectar el virus en personas en la fase asintomática.

“Podría decir que las pruebas antigénicas tienen su validez si son bien utilizadas en una población donde se sepa cuál es el por ciento de positividad utilizando pruebas confirmatorias como es la PCR, de manera de que se utilice racionalmente en poblaciones de alta infectividad”, manifestó el infectólogo.

“Ahora, utilizarlas como pruebas diagnósticas únicas simplemente porque son más rápidas en poderlas detectar, no necesariamente va a poder seleccionar la cantidad de personas infectadas o niños infectados a los cuales tú te vas dirigiendo. Obviamente, a falta de pan y galleta ”, agregó.

Sin embargo, dijo que se debería evaluar cada cuánto tiempo se hacen estas pruebas e incluso cómo se comportan las nuevas variantes ante estas pruebas, que es una de las preocupaciones que ha levantado el CDC.

Rastreo en las escuelas

El informe del SMICRC, que cubre el periodo del 14 de marzo al 14 de abril, indica que hubo 270 casos que estuvieron en “escuelas, universidades y centros de cuido” 14 días antes de su diagnóstico. Esto significa, según explicó Danilo T. Pérez Rivera, que los casos estuvieron en cualquiera de estos tres lugares, pero no es posible saber en cuál porque el DS recopila el dato haciendo una sola pregunta con las tres categorías agrupadas a los entrevistados. De igual manera, no necesariamente significa que se contagiaron en esos lugares, aunque sí pudieron haber expuesto a los demás al visitarlos.

No obstante, Pérez Rivera dijo que el sistema de vigilancia sí les permite conocer los casos positivos de maestros, empleados o estudiantes que se han hecho las pruebas por cuenta propia y cuyas escuelas enviaron información de los estudiantes matriculados al Bioportal y se certificaron para su reapertura. Sin embargo, aclaró que no es posible saber cuántos contagios ocurrieron en cada escuela.

Y es que los casos positivos son pareados en el Bioportal con los datos suministrados por las escuelas y la información enviada por el laboratorio donde se hicieron la prueba. Así se ponen en vigilancia y se emite una notificación de cuarentena para que la persona no asista a la escuela. No necesariamente la persona se contagió en una escuela e incluso la institución pudo haber estar cerrada en el momento del contagio, explicó Trinidad.

En el informe del Sistema de Rastreo Municipal aparecen bajo “vigilancia” 1,374 casos en escuela pública y 446 en escuela privada.

Aumento en casos pediátricos

Un análisis hecho por Irizarry sobre los casos de positivos en las escuelas, quienes se hicieron pruebas fuera de la escuela, apuntó a que el aumento en casos en los menores de escuelas que abrieron versus las que no abrieron fue similar. No obstante, Irizarry dijo al CPI que no se puede descartar que la apertura de las escuelas haya influido en el aumento en los casos de los menores, pero no ha visto evidencia que así lo respalde.

Entretanto, dijo que sí ha visto evidencia de que otras exposiciones, como comer en restaurantes cerrados, resultan en aumentos en general, lo cual también puede incluir a los niños. Incluso, dijo que el aumento en los casos de los niños no fue tan diferente al grupo de edad de 40 a 65.

Los casos pediátricos han ido en aumento, y hasta el lunes, había 39 menores hospitalizados y dos en ventilador. Al momento, solo pueden vacunarse los menores de 16 años con la vacuna de Pfizer, mientras se espera por la autorización para el uso de la vacuna en menores de 12 a 15 años, pero es posible que los niños de menor edad tengan que esperar hasta el 2022. De hecho, mientras avanza la vacunación contra el COVID en adultos mayores, aumentan los casos en los jóvenes y niños.

Desde que comenzó la pandemia, se han contagiado 7,077 menores de cero a 10 años y 11,267 de 10 a 19 años, según datos del DS.

Joven puertorriqueño gana prestigiosa beca de cine y televisión

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Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

Ser galardonado con una beca de $75 mil dólares por parte de George Lucas Family Foundation Endowed Student Support for Diversity hizo posible el sueño del egresado de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, con sede en el Recinto de Río Piedras, Ángel Masa De Jesús, de continuar una maestría en Producción de Cine y Televisión.

La beca de $75 mil con la que fue galardonado es para culminar un grado de maestría, y se dividirá en tres términos, unos $25 mil por año académico.

Masa De Jesús cursará próximamente sus estudios graduados en la Universidad del Sur de California (USC, por sus siglas en inglés), institución que ofrece dicha beca para fomentar la diversidad en el campus, y así continuar la ruta hacia sus metas.

“Para mí, [la beca] me va a dar esa oportunidad de estudiar en la USC… La realidad es que yo no sabía si -sin tener una beca- iba a ser posible estudiar allá, así que esto es una oportunidad. Es simplemente una oportunidad para yo demostrar el gallito que soy y poder demostrar allá en la USC que de Puerto Rico pueden salir grandes cineastas y se puede hacer gran cine”, expresó el comunicador audiovisual, ante la posibilidad que le brinda la beca de dedicarse a sus estudios sin la presión de buscar un empleo para sufragar los costos.

Como parte de la solicitud, debía presentar una propuesta sobre algún proyecto que hubiera querido lograr, por lo que redactó un proyecto para hacer cine en las comunidades vulnerables de la isla. Desde entonces, no ha podido desprenderse de la idea de llevar las artes a esas comunidades.

“Yo salgo de una comunidad vulnerable también. Nací y me crié en un barrio de Canóvanas… y yo no lo veía como algo posible hasta que llegué a la Universidad de Puerto Rico, yo no veía hacer cine como una posibilidad en mi vida… Yo lo que quiero es que ellos [las comunidades de Puerto Rico] vean que es una posibilidad. Ser parte del arte y ser parte del entretenimiento es algo real”, comentó sobre sus motivaciones para concretar el proyecto en las comunidades puertorriqueñas, aunque aún está en planificación.

La beca fue fundada por el director y productor George W. Lucas Jr. mejor conocido por escribir el libreto de la película de Star Wars de 1977 y tres de sus precuelas, y busca que las comunidades hispanas y afrodescendientes puedan formar parte de la industria del entretenimiento.

A sus 24 años, agradece las oportunidades que le brindó la UPR de desarrollarse en el campo del cine y relatar historias como siempre deseó.

“[La UPR] me abrió los ojos, me hizo entender que era posible. Me dio también un sentido de resiliencia de nunca quitarme. Yo solicité una vez a la USC… y no me habían escogido. Yo volví a solicitar sin duda alguna, porque yo sabía que yo estaba preparado. La UPR me dio esa confianza en mi trabajo. Me dio unos profesores extraordinarios que sacaron lo mejor de mí. Me ayudaron a contar historias y eso es lo que yo me llevo siempre de la UPR”, reflexionó.

Mientras tanto, permanece agradecido con la posibilidad de continuar sus estudios en cine, un género que, desde pequeño, le apasionó y consideró como la forma de representar a su comunidad, su país y su familia.

Explicó que se encuentra en el proceso de recolección de fondos y de crear enlaces con diversos cineastas del país para llevar a cabo su proyecto. Aseguró que iniciará como parte de la compañía MAS+ Puerto Rico, que fundó en enero de 2020, y lo manejará desde California.

La beca George Lucas Family Foundation Endowed Student Support for Diversity comenzó en 2016 con una donación de $10 millones para que las comunidades que estuvieran subrepresentadas en la industria del cine pudieran estudiar en la Universidad del Sur de California (USC, por sus siglas en inglés). En 2017, la USC recibió otra donación de $10 millones por parte de la familia Lucas para incrementar su apoyo a los estudiantes de la Escuela de Artes Cinematográficas.

DACO publica informe que identifica irregularidades en la industria del gas licuado

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Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) reconoció la falta de uniformidad en los precios en que las empresas importadoras de gas licuado venden el producto, concluyó un informe que realizó en torno a esa industria.

El secretario del DACO, Edan Rivera Rodríguez, dijo que la falta de divulgación adecuada en los precios de venta al consumidor es uno de los problemas que figura en el documento disponible en la página de Internet de DACO.

“Desde enero nos encontramos en un proceso intenso de investigación y fiscalización que nos ha permitido hacer una ‘radiografía’ del estado actual de la industria con el fin de establecer un plan de acción que cubra todas las bases. Como parte de las medidas implementadas, empezamos a realizar encuestas mensuales de gas licuado y, tal como se hace con la gasolina, vamos a divulgar esa información a los consumidores para puedan tener más claro el precio promedio en el que se debe vender el producto en el mercado”, indicó Rivera Rodríguez en una comunicación escrita.

Otro problema son las alegaciones en torno a prácticas monopolísticas en la industria, asunto que, por disposición expresa de las leyes vigentes, corresponde atender a la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia.

“Recibimos quejas de comerciantes que nos piden intervenir porque entienden que existen prácticas monopolísticas que les perjudican en sus negocios. No obstante, se trata de asuntos que escapan nuestras facultades; y, al momento, no se nos han concedido ‘las garras’ que hacen falta para atender esos temas en primera instancia. Tales poderes, ahora mismo, corresponden al Departamento de Justicia, a quien ya hemos hecho los referidos correspondientes”, aclaró Rivera Rodríguez, quien aseguró estar “más que abierto a la posibilidad de que esos asuntos puedan ser atendidos desde el DACO”.

El funcionario explicó que el documento que recoge los hallazgos y conclusiones que han dado base a las acciones que está implementando el DACO en torno a la industria, “más que un informe, en el sentido tradicional de la palabra, se trata de un documento que recoge, grosso modo, los problemas más recurrentes y las medidas implementadas para atenderlos, lo cual incluye requerimientos de información, imposición de multas, emisión de cartas circulares y nuevas directrices de monitoreo, entre otras que confiamos se van a traducir en mayores protecciones al consumidor”.

En cuanto a este tema, el secretario se expresó complacido de la discusión que, ya hace varias semanas, se ha generado en la Legislatura en torno a la industria del gas licuado. “Al momento, hemos recibido dos proyectos camerales que buscan, de alguna manera, atender problemas detectados en la industria. Confiamos en que estos esfuerzos se traducirán en propuestas interesantes de nueva legislación”, concluyó Rivera Rodríguez.

Llevarán vacunación contra el COVID a residenciales

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Una actividad de vacunación masiva en contra del COVID-19 se llevará a cabo en los residenciales Manuel de la Pila Iglesia 1-8 y Pedro J. Rosaly el miércoles, 28 de abril.

La inoculación que se administrará es la de la empresa Moderna. Todo aquel mayor de 18 años de edad será elegible. Sin embargo, todo aquel entre las edades de 18 a 20 años deberán contar con la autorización y presencia física de sus madres, padres o encargados legales.

Los interesados deberán llamar al (787)342-7971 para coordinar su cita.

La iniciativa es producto de la organización Voces de Puerto Rico, la Administración de Vivienda Pública e Individual Management and Consultant Inc.

Roban $57,000 de casa en Ponce

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Por Redacción Es Noticia

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La Policía investiga el hurto de $57,000 reportado ayer-lunes-de una residencia en la urbanización Jaime L. Drew en Ponce

El querellante-identificado como José Vega-relató que alguien entró a su casa y se apropió del dinero en efectivo, el cual estaba guardado en una caja fuerte.

No se especificó si la casa o la caja tuvo daños cuando el malhechor cometió el crimen.

El caso se refirió a la División de Delitos contra la Propiedad y Fraude.

Encuentran confinado muerto en Las Cucharas

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Por Redacción Es Noticia

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Un confinado de 33 años de edad fue encontrado muerto ayer-lunes-en la Institución de Máxima Seguridad del Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce.

El hombre fue identificado como Ricardo Lebrón Berrios, natural del barrio Tejas de Las Piedras.

Las autoridades indicaron que el oficial de custodia José Arroyo efectuaba una ronda en el cuadrante D-2 cuando observó que Lebrón Berrios-quien acostado en la cama de la celda 1-011-no respondía.

No se especificó si se encontraron signos de violencia.

Lebrón Berrios cumplía una sentencia de 137 años por alegados delitos de asesinato y violar la Ley de Armas. Fue transferido e ingresado en la cárcel en Ponce en el 2015.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área Ponce, los agentes Cottman Rosario de la División de Homicidios y Pedro Soto de Servicios Técnicos investigan el caso.

Por su parte, la fiscal Annette Esteves ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsias.

Reportan 14 muertes por coronavirus

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Por Redacción Es Noticia

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Unas 14 personas fallecieron por COVID-19, reportó el Departamento de Salud.

Las muertes ocurrieron entre el viernes, 23 al lunes, 26 de abril y corresponden a ocho mujeres y seis hombres, especificó el informe. El día más fatal fue el domingo, 25 de abril, cuando murieron seis de las 14 personas.

La víctima más joven era una mujer de la Región de Arecibo de 40 años de edad. Mientras, la de mayor edad era una mujer de la Región de Fajardo de 105 años:

  • Hombre de la Región de Caguas de 50 años de edad
  • Hombre de la Región de Aguadilla de 67 años de edad
  • Mujer de la Región de Ponce de 76 años de edad
  • Mujer de la Región de Ponce de 82 años de edad
  • Mujer de la Región de Bayamón de 62 años de edad
  • Hombre de la Región de Bayamón de 70 años de edad
  • Mujer de la Región de Arecibo de 40 años de edad
  • Hombre de la Región de Mayagüez de 70 años de edad
  • Mujer de la Región de Mayagüez de 86 años de edad
  • Mujer de la Región de Fajardo de 79 años de edad
  • Mujer de la Region de Fajardo de 105 años de edad
  • Hombre de la Región Metro de 65 años de edad
  • Hombre de la Región Metro de 84 años de edad
  • Mujer de la Región Metro de 69 años de edad

Con estas 14 muertes, la suma total desde que comenzó la pandemia en Puerto Rico es de 2,279 (1,946 confirmadas y 333 probables).

Además, Salud registró 1,740 casos a las estadísticas de muestras tomadas el domingo, 11 al domingo, 25 de abril:

  • 715 pruebas moleculares
  • 269 pruebas de antígeno
  • 756 pruebas serológicas

El total de resultados confirmados de SARS-CoV-2, virus causante de la enfermedad COVID-19, es de 114,577, de los cuales 61,019 son mujeres y 53,558 hombres.

Asimismo, el total acumulativo de resultados por pruebas de antígenos es de 15,460 (8,222 mujeres y 7,238 hombres).

En cuanto a los casos sospechosos, el total es de 114,328 (66,448 mujeres y 47,880 hombres).

En los hospitales, hay 520 adultos ingresados a consecuencia del virus. Entre estas, 102 están en unidades de cuidado intensivo y 66 respiran con ventilador.

Mientras, 38 menores están hospitalizados, de los cuales tres están en unidades de cuidado intensivo y otros dos están conectados a un ventilador.

En entretredicho actuaciones de exgobernadora y allegados a su gabinete

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Una jueza, testigo del caso en contra de la exsecretaria interina del Departamento de Justicia, Wandymar Burgos Vargas, testificó que la entonces gobernadora, Wanda Vázquez Garced, le expresó que «sería conveniente» tener el sumario fiscal de un caso para su defensa, una acción que es ilegal porque violar la confidencialidad de un informe, indicó ayer la presidenta del Panel sobre el FEI, Nydia Cotto Vives.

Precisamente por haber cargado con ese informe y entregarlo el día posterior fue que ayer una juez del Tribunal -de San Juan- encontró causa para arrestar a la exsecretaria interina de Justicia, Wandymar Burgos Vargas, y le impuso una fianza de $15,000.

Cotto Vive, en el programa Jugando Pelota Dura, dijo que Burgos Vargas “ordenó que se retirarán esos informes investigativos y adujo que no quería gastar dinero en impresión» por lo que cargo con ellos hasta el día siguiente.

“En esta etapa (del proceso que lleva el PFEI) puedo indicar que una de las testigos es una de las juez en el Tribunal de Apelaciones, que fue subsecretaria en el Departamento de Justicia y la principal asesora de la Gobernadora en Fortaleza. Esta testigo indicó que la gobernadora (Wanda Vázquez) le había dicho que sería conveniente tener el informe para su defensa», indicó.

«Eso es ilegal”, subrayó Cotto Vives.

Las denuncias contra Burgos Vargas, quien enfrenta cargos criminales, se centran en la interrupción de un proceso legal que estaba en curso. El mismo está relacionado a la retención ilegal de un informe investigativo confidencial del Departamento de Justicia y la prueba recopilada durante dicho proceso.

Además de su manejo del expediente original de la investigación (sumario fiscal), el cual -luego de ordenar que no se entregara en el PFEI- retiró de las oficinas de Justicia el 6 de julio de 2020, y no lo regresó hasta el día siguiente (7 de julio).

Según el FEI, los cargos son:

  • Infracciones al Artículo 4.2 incisos (b) y (I) de la Ley de Ética Gubernamental.
  • Infracción al Artículo 246 del Código Penal de Puerto Rico (Resistencia y obstrucción a la autoridad pública).

La juez de la Sala de Investigaciones del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, Iraida Rodriguez Castro, determinó causa para arresto en todos los casos y le impuso una fianza de $15,000.

Burgos Vargas será fichada en el Panel sobre el FEI hoy 27 de abril a las 11:00 de la mañana. Se informó que la Vista Preliminar quedó pautada para el 2 de junio de 2021.

En la ampliación de la investigación contra Burgos Vargas, también se hizo un referido a la OEG, por su intervención al aprobar facturas de labores realizadas por su hermano, bajo contrato en el Departamento de Justicia, según consta en documentos de una demanda ante el Tribunal de Distrito Federal que fueron obtenidos en el transcurso investigativo.

Mientras, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli informó que, ante la determinación de causa por parte del Tribunal de San Juan contra la licenciada Burgos Vargas, el Departamento de Justicia procederá notificarle la suspensión de sus funciones.

 

Exgobernadora referida a la OEG

El Panel también informó la determinación de referir a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) a:

  • Exgobernadora Wanda Vázquez Garced
  • Exsecretario de la Gobernación, Antonio L. Pabón Bathe
  • Exdirectora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Surima Quiñones Suárez
  • Exdirectora del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar Matos

El referido de Andújar Matos no está relacionado con su queja ante el Departamento de Justicia, aclaró el PFEI en el comunicado de prensa, sino con una serie de situaciones que surgieron como parte de la prueba recopilada en la investigación.

A la luz de la prueba recopilada, a dichos exfuncionarios se les atribuyen actuaciones que pueden ser constitutivas de violaciones a la Ley 1-20 12, (Ley Habilitadora de la OEG) establece la Resolución del Panel.

 

FEI manejó tres investigaciones entrelazadas:

  1. Los hechos denunciados por la exsecretaria de la Familia, Andújar Matos, sobre la acción en su contra, tras remover de su puesto a Quiñones Suárez.
  2. Todos los hechos relacionados con la fallida entrega de este caso al PFEI con la violación de la confidencialidad del informe.
  3. Un conflicto de intereses de Burgos Vargas del que se advino en conocimiento por documentos recibidos tras una acción judicial en el Tribunal federal de San Juan.

Sobre el despido de Andújar Matos, los FEI encontraron resistencia en la exsecretaria para sostener lo declarado bajo juramento ante el Departamento de Justicia. “Su testimonio distó mucho de la contundencia expresada anteriormente y no pudo aportar prueba que sustentara la misma”, informó el Panel en su Resolución.

 

PFEI archiva caso Evelyn Vázquez

Entre los investigados figuró la exsenadora Evelyn Vázquez Nieves por alegaciones de beneficio político, tras su participación en la distribución de alimentos de ADSEF. De la prueba obtenida no surgió que, a los políticos presentes en la actividad se les hubiera permitido repartir los alimentos de ADSEF, informó el PFEI.

Tampoco surgió pérdida de alimentos o que se hayan beneficiado a unas personas más que a otras por consideraciones político partidista, aseguró.

La conducta señalada a la exsenadora, entre otras, el dar instrucciones a empleados de ADSEF, y contradecir órdenes dadas previamente por los supervisores de dichos empleados, podría ser constitutiva de infracciones éticas.

Sin embargo, “las infracciones de carácter ético de los legisladores son de la jurisdicción de los cuerpos legislativos. En vista de que la exsenadora no resultó electa, es inoficioso referirla a la Comisión de Ética del Senado porque carecen de jurisdicción sobre ésta”, establece la Resolución del Panel.

Los PET informaron al Panel que del resultado de la investigación no surge prueba que los eleve a proceder contra José A. Galarza Vargas ni Maria Teresa Zayas Gierbolini, ambos empleados de ADSEF, por lo cual se dispuso el archivo del caso contra estos.

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