(Una de varias historias con motivo del Día de la Mujer.)
Por Sandra Caquías Cruz
redaccion@esnoticiapr.com
PEÑUELAS – El reloj apenas marca las 4:00 de la mañana cuando Julia Milagros Ruiz Acosta comienza a caminar las calles del centro urbano peñolano. Una escoba y un recogedor son sus herramientas de trabajo en la ardua tarea de barrer.
El trabajo de Ruiz Acosta durante los pasados 22 años ha sido mantener limpias las calles del centro urbano de Peñuelas. Ella es la única fémina en la brigada de ornato que tiene este municipio.
Ruiz Acosta no solo barre las calles, también pasa el ‘trimmer’ y acondiciona áreas verdes en busca mantener reluciente el ‘Valle de los Flamboyanes’.
“Me gusta el trabajo que hago. No me escondo para decirlo. Lo hago con amor”, expresó la mujer de 54 años que comienza su tarea en la oscuridad de la madrugada.
Narró que de niña acompañaba a su mamá a limpiar la escuela donde trabajaba como conserje. La ayudaba a pasar un paño en las pizarras, barrer los salones y limpiar los baños.
Ruiz Acosta se casó a los 17 años. Nunca terminó la escuela superior. Tuvo cinco hijos y se dedicó a criarlos hasta que consiguió un trabajo en Obras Públicas municipales. Inició en una brigada que limpiaba las facilidades deportivas.
“No me arrepiento de no terminar la escuela. Tuve una familia, mis cinco hijos y ahora tengo mis (10) nietos”, destacó la mujer que reconoce que se acuesta a dormir entre 6:00 y 7:00 pm. para levantarse a las 3:00 y salir a trabajar antes de las 4:00 am.
¿Qué es lo más difícil que haces?
“Nada. Todo lo que hago me gusta”, aseguró.
No obstante, más tarde explicó que, sin importar si hace frío o calor, se cubre el cuerpo, en especial el rostro, con una camiseta para evitar la exposición al sol y los efectos que eso puede causarle. También acostumbra usar una gorra.
Explicó que sale del trabajo a las 12 del mediodía, pero tras los terremotos trabaja dos horas adicionales en el área del campamento de refugiados a la espera de que en algún momento le reembolsen por esa labor. “Dicen que FEMA va a pagar; vamos a ver”, comentó sobre esas horas extras.
Narró que en la tarde regresa a realizar las tareas domésticas en su casa y atender a su esposo que desarrolló una condición de salud y se acogió al retiro.
Ella es la única que trabaja en ese hogar. Tres de los cinco hijos viven en los Estados Unidos. Los otros dos no viven en Peñuelas.
¿Qué te gustaría hacer?
“Ser jefe”, respondió sin pensarlo dos veces. “Me gustaría tener la experiencia de ser jefe”, dijo.
“Me gusta el trabajo que hago. No me escondo para decirlo. Lo hago con amor”, expresó la mujer de 54 años.
El presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE), Johnny Rodríguez Ortiz, acusó al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Electrica, de burlarse del pueblo cuando expresó que el cierre de la Central Costa Sur le ahorrará dinero a esa corporación pública.
“Les mintieron porque mantener cerrada la Central Costa Sur le cuesta millones de dólares al pueblo, y no les ahorra, como quiso hacer ver en vista pública. Entendemos que su empeño en dilatar los procesos de reparación de la planta es para que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) pague por el alquiler de generadores de emergencia que sumarían 500 megavatios (MW) a la red eléctrica… seguir dándole contratos a los amigos”, señaló Rodríguez Ortiz.
La denuncia la hicieron en respuesta a expresiones de Ortiz durante una vista de la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes.
El presidente de los jubilados señaló que Tomás Torres Placa, representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE, dijo que fueron los miembros de la Junta (de la AEE) quienes «confirmaron que la planta es reparable, que era para haberla puesto en servicio ya, que no es necesario alquilar la generación. Aún así, José Ortiz se empeña en mentirle a la prensa, a los representantes de la Cámara y a la Gobernadora”.
“José Ortiz se ha inventado todo tipo de excusas para dilatar los trabajos en la Central Costa Sur. Ahora vino con que van a hacer un estudio de todo el suelo donde está enclavada la planta para determinar la resistencia sísmica, para retrasar el inicio de sobre 800 MW de la Central Costa Sur, una tercera parte de la demanda de generación del país”, destacó Rodríguez Ortiz.
Afirmó que “por cada mes que se mantenga fuera de operaciones la planta Costa Sur, los abonados estamos pagando $7 millones porque ese es el ahorro que esa planta nos provee debido a que es la más económica del sistema eléctrico de la Isla”.
La mayor preocupación es que en verano, la demanda energética se eleva a unos 2,800 MW, destacó. “Si no se resuelve la apertura de la Central Costa Sur, ciertamente la demanda en el verano aumenta un 15 ó 20 porciento, y si no tenemos mayor generación, vamos a enfrentar apagones selectivos y una crisis innecesaria”, advirtió antes de señalar que «si ya hay un plan para reparar la Unidad #5, ¿por qué se le sigue dando largas al asunto?”.
Dos hombres resultaron asesinados a plena luz del día a balazos, en el estacionamiento del centro comercial Céntrico de Guayama, antes conocido como el centro comercial Plaza Guayama.
El incidente de violencia ocurrió al medio día en las inmediaciones de los cines y otros establecimientos de entretenimiento.
Uno de los cuerpos se encuentra dentro de un vehículo Nissan Versa. La balacera provocó una gran revuelo entre los clientes del centro comercial que circulaban en el estacionamiento en busca de espacio para su automóvil.
La investigación del doble asesinato se encuentra en curso y más adelante habrá más detalles.
Las personas de bajos recursos económicos residentes en Ponce, Loíza, San Juan, Dorado y Luquillo, podrán beneficiarse de los servicios notariales gratuitos que ofrecerá el programa Notarios Por Puerto Rico.
La directora ejecutiva del Colegio de Notarios de Puerto Rico, Virmarily Pacheco Rivera, anunció la firma de este acuerdo colaborativo para que un grupo de notarios y notarias puedan ofrecer sus servicios a familias en desventaja económica.
Los servicios serán ofrecidos en:
Ponce – Casa Alcaldía – martes, jueves y viernes de 8:00 am. a 4:00 pm.
San Juan – Oficina de Ayuda Legal del Municipio – Plaza del Mercado de Río Piedras – lunes, miércoles y viernes – 8:00 am. a 4:00 pm.
Loíza – Centro comunitario Carlos Escobar López de Loíza – martes y jueves – 8:00 am. a 1:00 pm.
Luquillo – Casa Alcaldía – martes y jueves – 8:00 am. a 3:30 pm.
Dorado – Casa Alcaldía – martes – 8:00 am. a 4:00 pm.
“Este programa nació en 2018, luego del impacto de los huracanes Irma y María. Inicialmente, surgió con el propósito brindar de orientación y atender la necesidad de servicios notariales relacionados a titularidad en las comunidades. Ahora, provee además un espacio a los notarios para cumplir horas de servicio pro bono. Estamos muy activos en estos municipios y queremos que más personas utilicen nuestros recursos”, indicó.
La ejecutiva describió el proyecto como uno muy efectivo que les permite visitar además de municipios, comunidades y organizaciones sin fines de lucro con brigadas de notarios. Los servicios no se limitan a ofrecer declaraciones juradas, también incluyen poderes, actas de hogar seguro, donaciones, realizar matrimonios o divorcios. Dijo además que muchas de las gestiones se realizan ante notario y se resuelven sin pisar el tribunal.
De otro lado, Pacheco Rivera explicó que entre las prioridades del Colegio de Notarios figura crear acuerdos de colaboración con otros municipios y entidades sin fines de lucro para ampliar la ayuda a otros puntos de la isla y beneficiar a más personas con sus servicios. Los interesados pueden comunicarse al 787- 758-2773.
Como si se tratara de una burla siniestra organizada en el Departamento de Justicia contra el país, el informe sobre el almacén de suministros de Ponce elaborado por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) no contiene revelaciones que puedan sustentar acusaciones de delitos contra funcionarios públicos, ni que su divulgación pueda colocar en peligro a presuntos confidentes o que por la naturaleza sensitiva de la información sea necesario mantener el documento en absoluta confidencialidad.
Nada de lo que contiene el informe del NIE parece surgir de fuentes confidenciales y mucho menos que la revelación de su contenido puede colocar en peligro la vida de los agentes investigadores.
Incluso, todo lo anterior describe el intento del Departamento de Justicia de impedir, de manera incomprensible, la divulgación de un documento que no contiene información relevante, con argumentos falsos.
Estas impresionantes conclusiones surgen de la sentencia que ayer emitió la jueza Lauracelis Roques Arroyo, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, ordenando a Justicia entregar el informe sobre el almacén de suministros de Ponce.
El citado informe era hasta ayer -viernes- el principal objetivo de investigaciones periodísticas y de la Cámara de Representantes, pero con las conclusiones vertidas por el tribunal sin duda la secretaria de Justicia, Denise Longo, deberá ofrecer explicaciones sobre porqué hizo creer al país que era necesario mantener en confidencialidad un documento que no contiene nada relevante.
La determinación de la jueza Roque Arroyo sostiene que el informe, encomendado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced al NIE, es un documento público.
La determinación favorece los reclamos de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), quienes habían demandado que Justicia divulgara el documento.
Además, la Cámara de Representantes mantiene otra controversia con Justicia por el mismo documento en el Tribunal Apelativo de San Juan.
Ayer el Apelativo solicitó copias de las grabaciones de las vistas celebradas por el juez Anthony Cuevas, quien determinó que Justicia debía entregar el documento a la Legislatura.
Tras la decisión del juez, la secretaria de Justicia fue en alzada al Tribunal Apelativo y ,entre otros argumentos, sostuvo que el documento contenía información sensitiva de una investigación en curso que debía mantenerse en confidencialidad.
En su determinación el Tribunal de Primera Instancia de San Juan sostuvo que, «el informe inspeccionado por este tribunal en ninguna de sus partes contiene datos cuya divulgación ocasione peligro potencial de que se identifiquen confidentes».
«Incluso, el documento que este tribunal examinó en cámara no tiene información o datos que de forma alguna sean indicativos de que el contenido del documento, o alguna de sus partes, fue obtenida en confidencia», sostuvo Roques Arroyo en su sentencia.
También señala que el documento carece de información sobre “la naturaleza de la investigación encomendada y que el informe contenga información dirigida a establecer algún tipo de delito, ya sea a título de negligencia o intencional», advirtió la jueza.
La determinación advierte, además, que el documento no menciona o hace referencia “a delito alguno que pudiera configurarse a raíz de la información recopilada en dicho documento».
Frente al contenido insustancial y de segunda importancia del informe, a la jueza Roques Arroyo no le quedó más remedio que tildar de falsos los argumentos de Justicia.
«En lo que ahora podemos caracterizar como un intento de inducir a error a este tribunal, el Gobierno aseveró que ‘la divulgación prematura del contenido del informe en controversia podría poner el peligro la seguridad de los agentes investigadores, que al presente continúan con la investigación. Esa aseveración carece de base real alguna, toda vez que el documento que este tribunal examinó en cámara no contiene ni una pieza mínima de evidencia que sustente ese tipo de caracterizaciones serias sobre el contenido del informe», sostuvo la jueza.
El excomisionado del Negociado de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo, fue despedido por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, luego de que se revelara en las redes sociales la existencia del almacén de Ponce con suministros que no habían sido distribuidos entre los damnificados por los sismos ocurridos desde del 28 de diciembre. Junto a Acevedo también fueron despedidos los secretarios de Vivienda y de la Familia.
Tras los despidos la gobernadora encomendó al NIE hacer una investigación sobre el almacén y su contenido.
La Cámara de Representantes inició una investigación sobre la respuesta del gobierno a la emergencia causada por los sismos y en las vistas públicas se ha señalado que el informe de Justicia concluyó que Acevedo fue responsable del mal manejo de los suministros en el almacén.
Pero Acevedo y varios alcaldes han sostenido que la existencia del almacén era conocida por la Fortaleza y los alcaldes y que continuamente se extraían suministros de allí para distribuirlos entre los damnificados. La alcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri, es la única funcionaria que ha alegado, increíblemente, que no conocía de la existencia del almacén.
El pánico causado por la propagación del coronavirus también ha provocado un aumento de los incidentes racistas en las escuelas y hoteles contra la comunidad asiática en los Estados Unidos, según un reportaje publicado hoy por la empresa noticiosa CBS.
Las empresas cuyos propietarios son asiáticos han reportado pérdidas masivas y en lugares públicos como estaciones de tren y centros comerciales, se ha registrado un alza de los actos de violencia contra personas que tienen razgos asiáticos.
Políticos de la ciudad de Nueva York están trabajando para combatir la discriminación, pero el dueño de un restaurante en el barrio chino de esta ciudad dijo que «el daño ya está hecho».
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han sostenido que la raza no juega un factor en la propagación del coronavirus. A pesar de esto, el propietario del popular restaurante de “dim sum” de Nueva York, Jing Fong, dijo que el miedo a la enfermedad ha provocado una caída del 50% en los negocios y una pérdida de $ 1.5 millones.
«Simplemente tienen miedo de ser infectados por los chinos», dijo Kin Lam a Weijia Jiang de CBS News.
Su familia ha sido propietaria de Jing Fong durante más de cuatro décadas, pero dijo que este fue el primer susto de su naturaleza que afectó tanto a los negocios.
«Cuando hablamos de gripe porcina y H1N1, no sentimos nada en absoluto», dijo Lam.
El empresario indicó que el coronavirus estaba paralizando negocios y comunidades, pero agregó que pensaba que lo peor aún estaba por llegar.
Las comunidades asiáticas de la ciudad de Nueva York han visto un aumento en los ataques, incluso en el metro.
Los videos publicados en las redes sociales parecen mostrar a personas confrontando violentamente a los asiáticoamericanos.
Uno parece mostrar a un hombre gritando «dígale que se mueva», refiriéndose a un hombre asiático parado en la entrada del vagón del tren.
Peter Koo, un concejal del barrio predominantemente asiático de Flushing, Queens, dijo que «los estadounidenses de origen asiático son como otros estadounidenses» y que «todos somos susceptibles al virus».
Los funcionarios escolares en Madison, Wisconsin, dijeron que estaban trabajando para detener a los responsables de los comentarios hechos a los estudiantes asiáticos.
El portavoz del Distrito Escolar de Madison, Tim Lemonds, dijo que estaban «aprovechando ese momento para educar a ese estudiante para que, ya sabes, entiendan que sus palabras tienen significado y pueden ser hirientes».
El racismo provocado por el coronavirus no se limita a los Estados Unidos.
En todo el mundo, en el Reino Unido, un estudiante de Singapur que estudia en Londres le dijo a la BBC que estaba caminando por la calle cuando cuatro personas lo atacaron y uno gritó: «No quiero tu coronavirus en mi país».
La Universidad Ana G. Méndez (UAGM) anunció hoy el cierre permanente de sus instalaciones en Yauco.
«Inicialmente se tomó una decisión de relocalización de labores y servicios de forma temporal, pero debido a la magnitud de los daños ocasionados por los sismos a la planta física, se ha determinado el cierre total de nuestra localización en Yauco, efectivo el 30 de mayo de 2020», reza el comunicado electrónico.
«Todas las operaciones administrativas, académicas y estudiantiles se continuarán ofreciendo en la UAGM de Cabo Rojo», informaron.
La comunicación también señala que estarán ofreciendo orientaciones en Yauco para «aclarar dudas y establecer necesidades» para que la matrícula continúe sus estudios en Cabo Rojo.
Un hombre le ocasionó una herida abierta en el rostro, y múltiples hematomas a su pareja, en medio de un incidente de violencia doméstica ocurrido el jueves en el Residencial San Martín, en Río Piedras, informó la Policía.
Según el parte policial, personal del Precinto de Monte Hatillo se movilizó al mencionado complejo de vivienda donde en uno de los apartamentos del edificio 5 ocurrió la supuesta agresión con un arma blanca.
La perjudicada fue transportada al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de las Parcelas Falú donde le diagnosticaron hematomas en distintas partes del cuerpo y una herida abierta en la frente.
Este caso se consultó con el fiscal Luis Castro, quien ordenó someter cargos en ausencia por violencia doméstica y la juez Iraida Rodríguez Castro emitió una orden de arresto con una fianza de 50 mil dólares. Además, se le expidió una orden de protección a la víctima.
PONCE – El Sistema de Salud Episcopal San Lucas entregó al municipio de Vieques un ventilador portátil que ayudará a brindar cuidado médico en esa isla.
El ventilador portátil Newport HT70 es apto para uso en infantes desde 11 libras, niños y adultos. Además, cuenta con una batería con más de 10 horas de duración.
El equipo, manufacturado por la empresa Medtronic, es resistente a golpes y cuenta con la más alta tecnología para manejo del paciente.
SSE tiene presencia en Vieques hace año y medio cuando establecieron las oficinas de Hospicio & Home Care San Lucas para ofrecer cuidado de salud en el hogar.
“El Señor nos llamó a ser misioneros, que hiciéramos el bien y que ayudemos a nuestro hermano en necesidad, por eso hoy es un gran día para nuestros hermanos de Vieques y para nuestra Iglesia”, expresó Rafael Morales Maldonado, presidente de la Junta de Directores del Sistema de Salud Episcopal (SSE) y Obispo de la Iglesia Episcopal de Puerto Rico.
“Somos una institución de vanguardia, trabajamos para que nuestros pacientes y las comunidades cuenten con servicios de calidad y los equipos más sofisticados del mercado”, dijo Juan Salazar Trogolo, principal oficial ejecutivo del SSE.
«Vieques también es territorio San Lucas y aquí estaremos para continuar brindando nuestros servicios a todos los residentes de la Isla Nena”, expresó.
La gobernadora Wanda Vázquez Garced informó el viernes, que aceptó la renuncia del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, quien la había sometió la semana pasada y la cual es efectiva hoy, 6 de marzo.
“Recibí la renuncia del Comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner, a quien agradezco la labor realizada y por sus años de servicio dirigiendo la OCIF”, expresó la primera ejecutiva en comunicación escrita.
“Le deseamos el mayor de los éxitos en cualquier gestión futura”, añadió.
El subcomisionado, el licenciado Alejandro Blanco, ocupará el puesto interinamente.
El periódico El Vocero indicó que sobre su salida del gobierno Joyner se limitó a decir en una entrevista que cuando «hay un retiro de confianza, el funcionario está en la obligación de dimitir”, aceptando que la gobernadora le había retirado la confianza.
Según el diario, la gestión de Joyner habría causado malestar en relación con una investigación de los reguladores federales a un banco internacional con oficinas en Puerto Rico, con las cuales la OCIF está obligada a colaborar.
Tambien se plantea que Joyner asesoró al expresidente del Banco de Desarrollo Económico, Luis Burdiel Agudo, una figura que salió del actual gobierno trasquilado luego de que el Inspector General lo refirió al Departamento de Justicia en octubre de 2019, por la sospecha de haber cometido delitos de malversación de fondos, enriquecimiento ilícito e intervención indebida.
