El conocido periodista Luis Francisco Ojeda anunció hoy que se retira finalmente del periodismo que ha ejercido por más de 40 años tanto en la radio como en la televisión. Ojeda hizo el anuncio durante la emisión de su programa en la estación de radio WKAQ.
El “Fiscal del Pueblo” había revelado el pasado año que sufría de Parkinson, un padecimiento de salud que le impedían pronunciar adecuadamente y en ocasiones se le escuchaba pronunciar determinadas palabras con dificultad.
Aún así Ojeda mantuvo en el aire su programa en los últimos meses con gran respaldo de los radioescuchas.Durante los inicios de la década del 1990 y hasta el 2010 Ojeda tuvo un destacado periodo en su programa de radio por medio de la revelación de casos de corrupción y de investigaciones periodísticas, especialmente contra la administración del exgobernador Pedro Rosselló.
“Yo quiero darle las gracias a José Félix Fratichelli, que me ayudó mucho en aquella época”, indicó Ojeda en alusión al investigador de su programa y que luego también ejerció el periodismo investigativo en otras estaciones de radio.
Durante el último programa de Ojeda salieron a relucir las numerosas ocasiones en que Ojeda sufrió amenazas de muerte y su vida se vió en peligro y lo que provocó que los directivos de WKAQ fortalecieran las medidas de seguridad en las entradas y en los estudios de la estación de radio.
“Que no se corrompan”, fue el consejo que Ojeda brindó a los periodistas que han decidido seguir la ruta inhóspita del periodismo investigativo.
A tan solo un mes y medio para que culmine el periodo para presentar las planillas en el Departamento Hacienda el próximo 15 de abril, Justicia acusó al presunto dueño de un consecionario de marquesina de evasión contributiva y por presentar planillas de contribución sobre ingresos con información falsa, según anunció la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones.
Según una comunicación de Justicia, Jean Paul Bouis Socorro, de 42 años, supuestamente se dedicaba a vender vehículos de motor en un “dealer” clandestino que mantenía en su residencia. Longo Quiñones indicó que Bouis Socorro compraba vehículos reposeídos a una institución bancaria, los arreglaba y luego los vendía a través de anuncios por internet.
Alegadamente, con la ventas de esos vehículos Bouis Socorro generó unos ingresos que no reportó al Departamento de Hacienda. Justica sostiene que el acusado presentó planillas de contribución sobre ingresos con información falsa y declaraciones fraudulentas.
La pesquisa a cargo de la fiscal Roxanne Rivera Carrión y del agente especial fiscal Cruz, de la División de Inteligencia y Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda, reflejó que los hechos ocurrieron entre 2014 y 2017 en Carolina.
Los cargos sometidos fueron dos violaciones al Código de Rentas Internas relacionadas con no presentar de planillas de contribución sobre ingresos, y dos cargos por presentar planillas y declaraciones falsas.
La juez Catherine Brunelle Curry del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra Bouis Socorro. La fianza impuesta fue de $12,000, la cual presto. La vista preliminar fue pautada para el 16 de marzo.
Entre 300 y 600 de los confinados del sistema de correción de Puerto Rico son inocentes y carecen de los recursos económicos para probar su Inocencia, según indicó el licenciado, Julio Fontanet Maldonado, fundador del Proyecto Inocencia y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
“La mayoría de las condenas son correctas. Entre un 5% y un 6 % son erróneas. Un inocente preso es demasiado. Hay casos donde es obvio la inocencia, donde la inocencia es palpable. La creación de este comité le quita ese tono adversarial a esto. Va a propiciar que esa identificación de los casos meritorios se aligere”, sostuvo Fontanet durante una vista pública de proyecto del Senado 1461, que propone crear un organismo para evaluar reclamaciones la inocencia de confinados mediante la presentación de nueva evidencia.
La medida, presentada por el senador Héctor Martínez, propone crear la Junta de Revisión de Convicciones Erróneas, que estaría adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación.
En la vista de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Fontanet señaló que el costo aproximado de un caso para probar la inocencia de un confinado con nueva evidencia sería de $50,000. Fontanet sostuvo que Proyecto Inocencia no cobra un solo centavo por defender a los confinados.
“En Puerto Rico, nuestro Proyecto Inocencia puede certificar tres condenas erróneas y estamos en proceso, muy cerca, de una condena errónea adicional. Precisamente, todo lo anterior refleja de manera inequívoca que existe un problema de condenas erróneas en los Estados Unidos y, por ende, en Puerto Rico. Así pues, es necesario tomar medidas que permitan atender de manera eficiente estos casos”, dijo Fontanet.
La medida indica que según el registro nacional de exoneraciones, en el año 2018 hubo un record de 151 personas convictas exoneradas por imputaciones erróneas en los Estados Unidos. Además, el 75% de estas convicciones erróneas que han sido revocadas mediante el análisis de pruebas de ADN, lo que implica que la convicción se fundamentó en la identificación errónea del sospechoso.
“El propósito de esta legislación es brindar una herramienta de justicia adicional a nuestro componente legal, procurando por la revisión de convicciones erróneas impuestas por un Tribunal. No debe haber personas inocentes en nuestras cárceles. Un solo confinado convicto por un crimen que no cometió es suficiente, para buscar alternativas y herramientas que mejoren el sistema”, advirtió el senador Martínez.
La Junta estará compuesta por cinco miembros nombrados por el gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado. Estos deberán ser: un ex fiscal, un ex juez que haya atendido una sala criminal, un miembro de la Junta de Libertad bajo Palabra, un miembro del Proyecto Inocencia que deberá ser abogado, un Profesor de Derecho en el área criminal de cualesquiera de las Universidades de Derecho de Puerto Rico. Estas serán mayores de edad, residentes de Puerto Rico, de probidad moral y con reconocido conocimiento e interés en los procesos penales.
El licenciado Daniel Vélez, secretario Auxiliar del Departamento de Justicia, sostuvo que la agencia se opone a la medida y agregó que la junta propuesta es distinta a organismos similares establecidos en Estados Unidos porque están adscritos a las Fiscalías de los estados.
“Empezar a buscar los peros, de que está en Corrección y no en Justicia no me hace sentido. ¿Cuál es la diferencia de que esto esté adscrito a Corrección y no a Justicia y de si hay un fiscal o un ex fiscal”, sostuvo el senador.
Martínez también preguntó a los representantes de Justicia, si reconocían que en el sistema hay personas que están cumpliendo condenas erróneas.
El licenciado Vélez indicó que la posición de Justicia es que el proceso legal contra los condenados a cárcel se realizó «adecuadamente».
El estado de Washington, ubicado en la costa oeste de los Estados Unidos, podría convertirse en el principal foco de atención de las autoridades federales en la lucha por controlar el coronavirus, luego de que las nueve personas que han muerto en el país a causa de la enfermedad residían en ese estado, que ya tiene 31 casos reportados, según han publicado varios medios de esa nación.
Ocho de las muertes ocurrieron en el condado de King, a unos 20 minutos del centro de Seattle, y el noveno deceso tuvo lugar en el vecino condado de Snohomish.
Investigadores del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson y de la Universidad de Washington dijeron el domingo que tenían evidencia de que el coronavirus pudo haber estado circulando en el estado por hasta seis semanas sin ser detectado.
Si esta información es cierta podría significar que hay cientos de casos no diagnosticados en el estado de Washington.
Hasta ahora se ha infectado con el coronavirus más de 89,000 personas en todo el mundo y más de 3,100 han muerto.
En Seattle, prepararse para el coronavirus también significa prepararse para lo que podría ser un impacto económico devastador.
Los dueños de negocios y los residentes ya han visto una disminución de turistas en áreas de la ciudad que dependen en gran medida del tráfico peatonal.
«Esta es una situación muy fluida y de rápida evolución, ya que respondemos agresivamente a este brote», dijo en un comunicado el Dr. Jeff Duchin, oficial de salud de Seattle y de la Salud Pública del Condado de King.
Los funcionarios de salud del condado de King dijeron que el nivel de preocupación es particularmente alto para las personas mayores de 60 años o que tienen el sistema inmunológico comprometido. Los niños no parecen ser particularmente susceptibles al virus, que se originó en la China continental.
Mientras el número de muertos aumentaba el martes, la alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, demócrata, proclamó una «emergencia civil».
La declaración le permite eludir las regulaciones y aumentar el gasto de la ciudad, la contratación y los préstamos para hacer frente a la creciente amenaza de la salud pública. También le permitirá a su oficina cerrar las instalaciones y cancelar eventos para prevenir que el virus se propague más.
«Sabemos que nuestra ciudad necesitará recursos adicionales de nuestro gobierno estatal y federal. Esperamos que nuestros socios aumenten la disponibilidad de las pruebas de manera que no abrumen al sistema de salud, sino que satisfagan la creciente necesidad», indicó Durkan.
También pidió a los residentes que hagan su parte practicando una buena higiene y haciendo planes de contingencia en casa y en el trabajo.
Los miembros de la comunidad dicen que la medida sugiere que los líderes locales se están tomando la amenaza en serio, pero también apunta a los tiempos difíciles que se avecinan para las empresas que dependen del turismo y los peatones.
«Es nuestro deber público ayudar a la gente que es vulnerable», dijo el residente Tiia-Mai Redditt, mientras compraba un desinfectante de manos en un Seattle Target. La tienda se había agotado hace días, dijo un empleado, y Redditt se preocupó por un amigo con una afección pulmonar preexistente. Ya había probado en un Whole Foods y Trader Joe’s cercano.
«Nunca he visto el centro de la ciudad tan vacío», dijo, refiriéndose a las calles, no sólo a los estantes.
Al otro lado de la calle, en el mercado Pike Place, Ruby Francisco limpió el mostrador de su joyería, Ruby’s Seattle Gift Gallery.
Normalmente mantiene dos puertas abiertas para los clientes. El martes, una permaneció cerrada porque Francisco estaba preocupado por los gérmenes.
«Da mucho miedo», dijo. «Voy a empezar a rezar no sólo por una cura, sino por las familias que están de luto ahora mismo».
La tienda de Francisco ha estado en la misma pequeña esquina durante 43 años, dijo. Antes de eso, su madre tenía una tienda de novedades en otro lugar de la usualmente bulliciosa zona comercial. Millones de personas visitan el mercado de Pike Place anualmente.
El municipio de Ponce reunió a un grupo de proveedores de salud para organizar un grupo de trabajo (task force) que identifique y establezca medidas ante la posible llegada de pacientes con coronavirus.
“El plan de prevención y orientación para atender la emergencia del coronavirus está listo y vamos a llevarle la información a nuestros ciudadanos junto a otras agencias gubernamentales como el Departamento de la Familia, Educación y Seguridad (Policía municipal y estatal)”, informó la alcaldesa María E. Meléndez Altieri.
La coalición se estrenó tras el paso del huracán María y busca maximizar esfuerzos para tener mayor alcance de las iniciativas de prevención y respuesta ante esta amenaza. El grupo establecerá un calendario de orientación para visitar diversas comunidades, égidas, centros de envejecientes y residenciales públicos con información y planes preventivos.
“Si nosotros pudimos superar otras epidemias, con nuestros hospitales listos y nuestros ciudadanos educados e informados, también vamos a superar esta amenaza”, indicó la alcaldesa.
Informó que los 17 refugiados que aún permanecen en el campamento base -ubicado en la escuela Vocacional de Ponce- fueron orientados sobre el coronavirus y esa será la misma conferencia que llevarán a las comunidades de Ponce.
El próximo jueves habrá una conferencia de pueblo en el Teatro La Perla para orientar al público en general y en la tarde orientarán a los empleados del municipio.
Melendez Altieri informó que continua en pie, para el 26 de marzo, la llegada de un crucero de la compañía Royal Caribbean y consideran que están preparado para atender alguna emergencia médica relacionada a los pasajeros de la embarcación.
A la coalición pertenecen, entre otros:
Elyonel Pontón Cruz y Wanda Lledó – Hospital San Lucas.
Marilyn Ponce – Departamento de la Familia.
María Ramos, epidemióloga región sur – Departamento de Salud.
María Miranda Torres – Hospital Damas.
Dra. Kenura Thompson, Dra. Melissa Marzán, Dr. José Torres y Dra. Laura Domenech – Ponce Health Science University.
María de los Ángeles Torres – Hospital Metropolitano Dr. Pila.
Dr. Luis Cintrón y Dr. Carlos Rodríguez – Salud Municipal.
María Lago – Departamento de Salud.
Omayra Colón – Oficina municipal de Servicios al Ciudadano.
Estados Unidos realizó hoy su primer ataque aéreo contra fuerzas talibanes en Afganistán desde que firmó un ambicioso plan de paz con el grupo miliciano unos días atrás, según una historia de Prensa Asociada.
Es el primer ataque estadounidense contra los insurgentes en 11 días y el primero desde que se firmó el plan de paz con los Talibanes el pasado 29 de febrero.
El ataque “defensivo” respondía a un asalto talibán contra fuerzas del gobierno afgano en Nahr-e Saraj, en la provincia sureña de Helmand.
Las fuerzas talibanes realizaron ayer 43 ataques contra las tropas afganas en Helmand, indicó en un tuit el coronel Sonny Leggett, portavoz militar estadounidense.
El vocero pidió al Talibán que detuviera sus ataques y respetara sus compromisos en el acuerdo, firmado el 29 de febrero por líderes del grupo armado y el enviado de paz estadounidense, Zalmay Khalilzad, en Doha, Qatar.
El texto sienta las bases para la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó ayer que había hablado por teléfono con un líder talibán, lo que le convertiría en el primer mandatario estadounidense que se sepa haya hablado directamente con el grupo responsable por la muerte de decenas de miles de militares estadounidenses en casi 19 años de combates en Afganistán.
Siete soldados afganos murieron en el ataque talibán a un control de carretera en la provincia norteña de Kunduz, según dijo el Ministerio afgano de Defensa en un comunicado.
En el tiroteo murieron diez combatientes talibanes, añadió.
Los talibanes no se atribuyeron ninguno de esos ataques ni hicieron comentarios sobre el ataque estadounidense de hoy.
Sin embargo, portavoz talibán Zabihullah Mujahid dijo hoy a The Associated Press que la semana de reducción de la violencia iniciada el 21 de febrero se daba por terminada.
Los acuerdos entre Washington y Kabul indican que las fuerzas estadounidenses tienen la responsabilidad de defender a sus aliados afganos, señaló Leggett.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, pretende aprobar un nuevo Código Civil a pesar de que la medida sufrió enmiendas sustanciales y nunca fue a vistas públicas, denunció ayer Amárilis Pagán y Osvaldo Burgos, portavoces del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE), junto a más de 70 organizaciones civiles y profesionales.
Pagán reclamó que el Senado detenga la consideración del Código Civil y sostuvo que el intento de aprobar la medida ha estado “plagado de tropiezos, errores y documentos publicados a último minuto».
“Rivera Schatz se propone llevar a votación la medida sin vistas públicas y apesar de que afectará las vidas de todas las personas de este país”, dijo Pagán.
“A pesar de que en innumerables ocasiones se han pedido vistas públicas y se ha solicitado que se ponderen todos los libros del Código Civil propuesto por la Representante Charbonier y de la autoría del sacerdote católico Carlos Pérez, el Senado insiste en llevar el mismo a votación y se niega a aceptar que las vistas públicas son necesarias», aseveró Osvaldo Burgos, portavoz de CABE en comunicación escrita.
«En el día de hoy y por tercera ocasión le estamos solicitando al licenciado Thomas Rivera Schatz que detenga ese proceso de votación. Una cronología del trámite legislativo del proyecto 1654 de la Cámara, deja ver con claridad que mienten cada vez que dicen que ha habido oportunidad para que el país se exprese. No se puede aprobar un proyecto que afectará las vidas de todas las personas de este país desde un proceso plagado de tropiezos, errores y documentos publicados a último minuto”, dijo Amárilis Pagán, portavoz de CABE.
En una carta enviada al presidente del Senado, las organizaciones hicieron una cronología del proceso legislativo en la que resalta el hecho de que las únicas vistas públicas celebradas para este Código Civil fueron en agosto y septiembre de 2018.
En octubre de ese mismo año la Cámara recibió un proyecto sustitutivo que nunca fue a vistas públicas y a finales de 2019 el proyecto volvió a recibir enmiendas sustanciales. “En ninguna parte de ese proceso, en más de un año, se ha abierto el Código a una discusión amplia y objetiva de su contenido y de las implicaciones para nuestras vidas”, añadieron los portavoces.
En la carta se resaltaron más de 10 puntos de preocupación que según las organizaciones son solamente la punta del iceberg de todos los problemas jurídicos que podría enfrentar la ciudadanía de aprobarse el Código.
Destacan entre ellos la falta de reconocimiento a las parejas de hecho o consensuales. “En un país donde más del 65% de las niñas y niños nacen fuera del matrimonio, el Código Civil guarda silencio sobre las parejas que no pueden o no quieren contraer matrimonio. La Legislatura ha elegido dejarlas en un limbo jurídico que las deja sin protecciones legales en temas de salud, bienes y hasta de herencia”, señalaron.
“Nos sigue preocupando, además, la insistencia con el Artículo 69 y el reconocimiento legal del “no nacido”. Reiteramos que ese artículo es la base para futuros problemas a la hora en que una mujer decida ejercer su derecho al aborto”, añadieron.
que“Reconocemos que el país necesita un nuevo Código Civil pero esto que están tratando de aprobar no es bueno, ni razonable ni jurídicamente correcto. Será un generador de injusticia y caos y eso es lo menos que necesitamos añadir a nuestra vida individual y colectiva en este año 2020”, concluyeron.
El juicio contra el senador y exalcalde de Yauco, Abel Nazario, acusado por irregularidades en la nómina municipal, arrancó con la presentación de seis testigos de cargo, según publicó hoy el periódico El Vocero.
El más contundente fue el del chofer del ayuntamiento Alberto Caraballo Martínez, quien afirmó a preguntas del ministerio público federal que no es su firma la que aparece en la hoja de nómina, ni en el documento del Departamento del Trabajo Federal W-58 en el que se evidenciaba que el Municipio le había hecho los pagos correspondientes a las horas adeudadas, en tres cheques cancelados.
Presuntamente, alguien, que no fue identificado, falsificó su firma.
Nazario enfrenta cargos por presuntamente fabricar o utilizar documentos falsos y cometer fraude electrónico desde el año 2013 al 2016 mientras fue alcalde de Yauco.
En mayo de 2013, durante una auditoría rutinaria de los registros del municipio, la Oficina del Contralor descubrió que empleados municipales tenían que trabajar dos horas voluntarias por día. Esta irregularidad fue referida a la División de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo Federal (WHD, por sus siglas en inglés), que determinó que este requisito de trabajo voluntario era una violación de la Ley de Normas Laborales (Fair Labor Standards Act).
En febrero de 2015, Nazario Quiñones firmó un acuerdo de pago de salarios retroactivos con la División de Horas y Salarios del WHD en el que acordó pagar salarios por un total de $588,961.43 a 177 empleados municipales. Estos pagos retroactivos incluían el periodo del 1ro de agosto de 2012 al 31 de julio de 2014.
El acuerdo enumeraba a cada empleado al que se le adeudaba salario, el monto que se les debía y la fecha en que cada empleado debía recibir el pago.
El acuerdo permitía al municipio hasta febrero de 2018 para completar los pagos.
Según la fiscalía, en agosto de 2016, durante la próxima auditoría rutinaria de los registros del municipio, la Oficina del Contralor supo que —aunque los empleados habían recibido pagos de lo que se les debía según el acuerdo al que Yauco había llegado con la WHD— el municipio comenzó a retener los salarios regulares de los empleados. Esto sin el conocimiento de los trabajadores o el consentimiento de la WHD.
A preguntas de Edgar Vega —uno de los cuatro abogados del acusado— sobre cuántas horas trabajaba en el ayuntamiento, Caraballo Martínez respondió que “según Abel Nazario, 30 para cobrar 20”.
El testigo, quien transporta pacientes a citas médicas, relató a preguntas del fiscal Scott Anderson que para el 15 de abril de 2015 Nazario le entregó un cheque por la cantidad de $1,139.15 y que le dijo que el mismo era una “propuesta especial”. “Luego hubo dos o tres quincenas que no recibí nada”, apuntó el testigo.
Al ser cuestionado si preguntó por su cheque de nómina, contestó que “Abel Nazario cuando me entregó el cheque, me dijo que no me iba a pagar tres quincenas… Al momento que me dio el cheque nunca me dio un documento a firmar”. Anderson mostró a través de los monitores de la sala la hoja de nómina con la supuesta firma de Caraballo Martínez, quien insistió en que no fue él quien firmó.
“¿Trabajó horas por las cuales se le tenía que pagar ese período?, cuestionó el fiscal. “Definitivamente”, respondió el chofer. Aseguró que nadie en el ayuntamiento le informó que se le estaban pagando las horas extras.
Virgilio Pabón Pagán, auditor “senior” de la Oficina del Contralor, testificó que para el 2016 y mientras realizaba una auditoría en el municipio, recibió una llamada anónima vía telefónica en la que se le notificó que el ayuntamiento estaba pagando horas voluntarias a ciertas personas, producto de una auditoría del Departamento del Trabajo federal y que se estaban pagando horas por adelantado.
“Eso me llamó la atención porque el gobierno nunca paga por adelantado”, expresó Pabón Pagán, quien decidió investigar el asunto.
Al examinar documentos del municipio encontró la querella anterior del Departamento del Trabajo federal y la carta de la Oficina del Contralor refiriendo el asunto a esa agencia federal. Procedió a citar a unos seis empleados para tomarles declaración jurada. Una de ellas fue la recepcionista Melanie González Fernández, quien le trajo un documento donde estaban detalladas las quincenas y firmado por Nazario.
De acuerdo al documento, González Fernández —quien es no vidente— recibió sus pagos en marzo y abril de 2015 por las cantidades de $1,368.18 y $1,270.65.
El próximo pago fue hecho en junio de 2015. “No hubo pagos ni en abril ni mayo de 2015”, comentó el auditor. Tras la auditoría, refirió el asunto a la división legal del Contralor, la cual a su vez, hizo un referido al Departamento del Trabajo federal.
El testigo reconoció a preguntas de Vega que no verificó los contratos. “O sea, ¿usted presume que tenían contratos?”, preguntó Vega. “Ellos estaban contratados, ellos iban a trabajar”, respondió Pabón Pagán, quien comentó que también verificó las hojas de asistencia de los empleados.
El Departamento de Salud se estima que aproximadamente 60,000 personas padecen la enfermedad de Alzheimer en Puerto Rico y reveló que esta condición ocupa la cuarta causa de muerte del país.
John Rodríguez Adames, coordinador del Programa de Geriatría de Salud, explicó que el 55 % de los pacientes tienen 85 años o más y que el 64.8 % son mujeres.
“Las condiciones más prevalentes son hipertensión con un 68.7 % diabetes un 40.3 %, las enfermedades cardiovasculares con un 27.8 % y las enfermedades neurológicas para un 27.5 %”, indicó Rodríguez Adames.
Las regiones de salud con mayor tasa son Mayagüez con 41.9 %, Aguadilla con 39.5 % y Fajardo con 28.9 %.
El funcionario hizo la revelación en una vista pública de la Comisión Especial para la Evaluación del Proceso de Adopción y Trato de Personas de Edad Avanzada, que preside la representante Jacqueline “Jackie” Rodríguez Hernández. La Comisión evalúa el funcionamiento del Registro de Casos de la Enfermedad de Alzheimer, la Enfermedad de Huntington y otras demencias.
Ivonne Rivera y Ana Gratacós, presidentas de la entidad De Frente al Alzheimer y la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, respectivamente, expusieron las necesidades de crear centros de cuido diurno, cuido prolongado y proliferación. Esto debido al incremento durante los pasados años de personas de edad avanzada en la isla.
“Se podría pronosticar que la cantidad de personas con demencia de igual manera podría ir en aumento”, argumentó la presidenta de la Asociación.
La representante Lydia Méndez Silva, expuso que las personas de edad avanzada están ausentes de cuidadores y de servicios de calidad. En cuanto a los programas dirigidos a esta población de adultos mayores, recalcó que, “tenemos que ser consiente que para que las cosas funcionen bien, no importa el gobierno que sea, tienen que haber más profesionales de la salud en los pisos”.
La presidenta de la Comisión preguntó sobre los servicios que DS ofrece directamente a esta población. A lo que Rodríguez Adames dijo que los servicios que se brindan están bajo la División de Comunidades Saludables, el Programa de Geriatría y en el Centro y Registro de Alzheimer.
Entre los ofrecimientos mencionó, la educación a profesionales para concienciación de estas enfermedades, cursos clínicos a las comunidades, charlas y actividades de promoción educativas y desarrollo de informes sobre estadísticas de la condición y sus comorbilidades, entre otras.
“Estamos convencidos que la alternativa alcanzable a mediano y largo plazo es la integración de esfuerzos concentrados en la prevención y control de enfermedades crónicas”, dijo Rodríguez Adames. Esto, al señalar que el DS ha integrado esfuerzos con entidades públicas, privadas, de base comunitaria y de base de fe.
La directora del Departamento de Servicios al Ciudadano del Municipio de Carolina, Marisol Correa, quien informó sobre la iniciativa municipal del Centro Terapéutico Gigantes Haces Falta, para ciudadanos afectados por la enfermedad de Alzheimer.
“Los servicios y actividades provistos en el Centro ofrecen la oportunidad a los participantes de hacer uso máximo de sus capacidades aumentando su autoestima, independencia y retrasando el deterioro propio de su condición”, agregó.
La representante Rodríguez Hernández reconoció la iniciativa del Municipio de Carolina y incitó a que todos los gobiernos municipales repliquen este programa. “Es un programa que debe de replicarse en todos los municipios. Nos dan a nosotros una idea de cómo podrían operar y más si son una ciudad grande. Tal vez en municipios más pequeños la implantación sea más sencilla y menos costosa”, comentó
El representante Gabriel Rodríguez Aguiló, presidente de la Comisión Especial que investiga la respuesta del gobierno a la emergencia provocada por los sismos ocurridos en el suroeste, sostuvo ayer que varios miembros del gabinete de la gobernadora Wanda Vázquez Garced le ocultaron información a la Cámara de Representantes y anticipó que serán referidos a los departamentos de Justica local y federal.
“Lamento mucho que mi administración no sea transparente y haya atendido este asunto de la forma en que lo están atendiendo. Yo no voy a adjudicar todavía quién miente, pero aquí jugaron con la verdad y ellos aquí estaban bajo juramento. Aquí no vamos a permitir que ningún funcionario, ni la secretaria de Justicia, ni el comisionado del Negociado del Negociado de Investigaciones Especiales ni el secretario del Departamento de la Familia, ni el secretario de Vivienda, ni el nominado secretario de Estado ni nadie le oculte información a esta comisión”, dijo Rodríguez Aguiló al culminar una vista pública sobre el manejo de los suministros durante la emergencia de los terremotos en el sur- suroeste.
“Es indignante nosotros tener información en nuestro poder que no fue provista por el Departamento de Seguridad Pública, se nos escondió información”, añadió.
Según Rodríguez Aguiló, en el informe preliminar que realizará la Comisión Especial habrá referidos.
“Vamos a revisar detenidamente todos los testimonios y en el primer informe parcial vamos a hacer los señalamientos correspondientes y haremos los referidos correspondientes. Aquí hay suministros que son costeados con fondos federales, aquí hay propiedad del gobierno federal y hay propiedad del gobierno estatal. Así que hay jurisdicción del gobierno estatal y federal que nosotros podemos referir a los funcionarios a las agencias concernidas”, sostuvo el legislador.
A la vista pública comparecieron Joel Figueroa, director de operaciones del Negociado para el Manejo de Emergencias y Luis Cruz Ramírez, encargado de operaciones y logística del negociado.
Ambos alegaron que no tenían ningún control sobre el manejo que se le dio al almacén del negociado en Ponce. Cruz Ramírez alegó que esa facultad le fue retirada por el destituido comisionado Carlos Acevedo Caballero en agosto de 2018, cuando se le ordenó darle la llave del almacén de Ponce a Luis Guillermo Torres Negrón, director de zona.
Por esa razón le radicó una querella a Acevedo por despojo de funciones, que al momento no se ha adjudicado. Alegó que durante las emergencias las funciones que ejercía desde San Juan era canalizar las solicitudes y entregas de suministros, que salían desde Cabo Rojo o desde el almacén del Departamento de Educación que también ubica en Ponce.
Torres Negrón no compareció a la vista, a pesar de que fue citado y no ofreció ninguna razón para no llegar. Será citado a través del Tribunal, adelantó el representante Rodríguez Aguiló.
En el caso de Figueroa- quien llegó en destaque desde el Cuerpo de Bomberos a la posición en Manejo de Emergencias a solicitud de Acevedo Caballero- insistió en que del almacén de Ponce se sacaban suministros con regularidad. Insistió en que el almacén en el momento en que salió a relucir la existencia del mismo estaba abierto, porque estaban sacando poco a poco el inventario, dado a que la estructura tenía daños como consecuencia de la actividad sísmica.
En la vista salió a relucir que en dos ocasiones funcionarios supuestamente adscritos a La Fortaleza fueron a Ponce a buscar equipo.
Cuestionado sobre si con la información recibida al momento se justificada la destitución de Acevedo Caballero, Rodríguez Aguiló contestó que “la gobernadora tiene la facultad para despedir a Carlos Acevedo. Pero si la justificación para despedir a Carlos Acevedo fue que ocultó el almacén de Ponce, ya podemos ver que eso no es cierto. Si ella o alguien en Fortaleza dijo eso, no están diciendo lo correcto”.
