Por Redacción Es Noticia

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La gobernadora Wanda Vázquez Garced convirtió en ley tres proyectos de administración sobre feminicidio, trata humana y la Ley 54.

“Con estas tres nuevas leyes validamos nuestro compromiso en visibilizar, atender y hacer esfuerzos para la prevención de estos delitos. El derecho a la dignidad es un derecho de todo ser humano y el respetar esa dignidad es una obligación de todo ser humano. De esta forma, dejamos instituidas herramientas importantes, para que en Puerto Rico podamos erradicar tanto la violencia contra las mujeres como la trata humana, con acciones concretas y específicas”, puntualizó Vázquez Garced.

La medida relacionada a los feminicidios enmienda el Código Penal para incluir circunstancias adicionales en asesinatos en primer grado cuando la víctima es una mujer.  Además, ordena al Departamento de Justicia, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y al Instituto de Ciencias Forenses en adoptar un protocolo de investigación de las muertes violentas de mujeres.

Como guía, deben ampararse a las recomendaciones del Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género elaborado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y/o cualquier otra guía reconocida.

Asimismo, las agencias y el Departamento de Salud deberán trabajar en colaboración con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para establecer un sistema de compilación y manejo de datos estadísticos sobre las muertes violentas de mujeres en Puerto Rico.

La información estadística será pública y deberá actualizarse mensualmente a partir de que se haya establecido el sistema de compilación de datos.

La nueva ley establece, además, que se constituye un asesinato en primer grado cuando la víctima es una mujer, a saber “que existan antecedentes penales de cualquier tipo de violencia doméstica o por acecho en contra de la víctima”.

“Es importante que sepamos —como parte del protocolo— cómo, quién y por qué asesinan a nuestras mujeres. Eso es fundamental para poder dirigir esfuerzos, recursos y prevención”, agregó la gobernadora saliente.

Por otro lado, la ley relacionada a la trata humana también enmienda el Código Penal a los fines de insertar dos nuevos artículos para definir y tipificar la forma clara el delito de trata humana en sus distintas modalidades.

Por lo tanto, el Código Penal se atempera para que las autoridades locales procesen efectivamente el delito de trata humana en las cortes estatales. El Artículo 159 detallaría sobre Trata Humana con fines de servidumbre involuntaria o esclavitud, y otros tipos de explotación y el Artículo 160 sería Trata Humana con fines de explotación sexual.

La medida establece que miles de personas son explotadas a diario con propósitos lucrativos, lo que se ha catalogado como esclavitud moderna, y que la trata humana es una actividad delictiva que atenta contra los derechos humanos más fundamentales de sus víctimas.

La tercera ley enmienda la Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGPe) para la identificación en las peticiones presupuestarias de una partida para el cumplimiento con la política pública contra la violencia a las mujeres, que incluya programas de prevención, orientación, protección y seguridad, entre otras.

La Orden Ejecutiva 078-2020 incluyó un Protocolo de acción para combatir la violencia hacia las mujeres, que contiene las estrategias que implementará la Comisión Multisectorial contra la Violencia hacia la Mujer creada mediante dicha orden.

Establece que a partir del 1 de julio de 2021 cada agencia de gobierno tendrá la obligación de identificar en su presupuesto una partida específica en la cual solicitará la asignación de recursos para el cumplimiento con la política pública contra la violencia a las mujeres y tener disponibles los planes de ejecución de dicha política pública.

Así, previene que agencias inicien un año fiscal sin el presupuesto para cumplir con el mandato de la ley.

La orden ejecutiva dispone que toda agencia que reciba fondos federales dirigidos al manejo de las situaciones de violencia contra las mujeres tendrá un término de 90 días desde que recibió la notificación federal de la adjudicación de fondos para radicar la notificación de solicitud de propuestas y otros 90 días para el análisis y otorgación de fondos a las entidades que sometieron propuestas.