Los estudiantes de la escuela especializada en Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini, en Yauco, participaron -el jueves- de la inauguración de la exposición: ‘Yauco Vive en Nuestras Manos’.
La exposición, cual consta de una serie de autorretratos, es de alumnos de una de las escuelas que permanece cerrada como consecuencia de la actividad sísmica en el sur.
“Esto es una gran oportunidad para nosotros hacer brillar la escuela, para que la gente sepa que estamos presentes. Que los estudiantes quieren comenzar las clases. La escuela está pasando por un momento de incertidumbre principalmente por lo que está pasando en Yauco. No es fácil, está temblando todavía. Un evento como éste nos da un respiro», expresó el maestro Luis “Lucho” Vélez.
«Recordaba con los muchachos que en diciembre tuvimos nuestra última actividad y yo les comentaba que no sabía si esa sería la última vez que nos volveríamos a ver todos en un mismo espacio, pensando principalmente en los estudiantes de cuarto año que se iban. Y fue tan asertiva que mi salón ahora no se puede usar y todo se quedó exactamente así. Me emocioné al verlas esta mañana, porque es la gente con la que estoy todo el tiempo, yo soy maestro y esa es mi vocación”, expresó el educador.
La estudiante Deliann Feliciano Padilla, autora de la obra “Una sonrisa prevalece”, expresó que “esto ha sido una experiencia nueva, el hecho de pasar por los temblores y va a ser un nuevo comienzo para todos. Cada uno se pintó cuando era pequeño y eso era el comienzo de nuestras vidas. Al compararlo con la situación de la escuela, también será un nuevo comienzo, porque nuestra institución sufrió varios daños, no está abierta y no sabemos cuándo va a abrir. Estamos preocupados por eso, porque queremos comenzar y no perder nuestro semestre”.
Estudiante Deliann Feliciano Padilla
Los siguientes estudiantes también participan de la exposición:
Luis Negroni
Natalia Matías
Manuel Cedeño
Kairyanelis Lugo
Katherine Santiago
Jedricx Salcedo
Nathaly Feliciano
Edliz Rosado
Yariashlie Soto
Steven Rodríguez
Omar Santiago
Aiadna Torres
Gina Feliciano
Gabriela Rosado
Alondra Rosado
Pristaly Martínez
Ana Huérfano
Karla Martínez
Juliana Feliciano
La escuela tiene una matrícula de 404 estudiantes de sexto a duodécimo grado. El plantel resultó con daños en varios salones. En el pasado se habían reforzado con metal algunas de las columnas. Para comenzar, esperan por la certificación de los ingenieros. La exposición se encuentra en el pasillo principal en el sótano del Capitolio.
La secretaria del Departamento de Justicia, Dennise N. Longo Quiñones, presentó esta tarde -jueves- una ‘Moción de Reconsideración y de Relevo de Orden’ ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, solicitando que se releve de entregar copia fiel y exacta del Informe Preliminar Investigativo de los Almacenes de Ponce.
La Moción solicita que eximan de la producción de dicho documento dado a que el informe solicitado por la Comisión Especial forma parte de la información recopilada por el Departamento de Justicia y se trata de:
una investigación en curso.
es confidencial.
no puede ser divulgado por disposición de ley.
«Ha sido la propia Asamblea Legislativa quien ha restringido, sin excepción alguna, la confidencialidad de la información recopilada por el Departamento de Justicia como parte de una investigación en curso. Reconocer y mantener la confidencialidad del expediente investigativo no limita o perjudica de manera alguna el que la Comisión Especial lleve a cabo su propia investigación, cite a los funcionarios que entienda necesarios para cuestionarles y llegue a sus propias conclusiones para obtener conocimiento de la legislación que sea necesaria adoptar para enfrentar problemas futuros con el manejo de suministros. Es por esto que sometemos al Tribunal que ordenar la entrega del informe es contrario a derecho”, indicó Longo Quiñones.
“Establecer que la Asamblea Legislativa puede intervenir en investigaciones en curso del Departamento de Justicia sería una clara violación a la separación de poderes y permitiría la intervención indebida de una rama sobre los poderes de otra. Por tanto, esperamos que el Tribunal acoja nuestros planteamientos para hacer valer el ordenamiento constitucional de separación de poderes. Concluir lo contrario, sería reconocer que ahora una comisión legislativa podría convertirse en una entidad de “law enforcement” o de cumplimiento de ley, permitiéndole así usurpar los poderes constitucionales delegados a la Rama Ejecutiva”, indicó la secretaria de Justicia.
La gobernadora Wanda Vázquez Garced informó -el pasado mes- que funcionarios del Negociado para el Manejo de Emergencias cometieron inacciones y omisiones en relación al manejo de los suministros que se encontraban en un almacén localizado en Ponce, según concluyó una investigación realizada por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y cuyos resultados fueron referidos a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia. El informe no ha querido ser divulgado.
El 27 de febrero de 2010 a las 03:34 am. la zona centro sur de Chile vivió un terremoto de 8.8 de magnitud, que duró casi cuatro minutos.
Este fue el octavo terremoto más grande registrado en la historia de la humanidad y logró inclinar el eje de la Tierra.
El colosal sismo dejó más de 500 muertos, 800,000 damnificados y una serie de experiencias y lecciones que siguen desafiando a las autoridades y ciudadanos de Chile.
Al cumplirse 10 años de la terrible y aleccionadora experiencia, los medios de comunicación de Chile han publicado numerosos artículos conmemorativos que intentan explorar los efectos del sismo en el pueblo chileno y como el país ha modificado conductas y establecido nuevos requerimientos de construcción en preparación para la posibilidad siempre presente de que el terremoto del 2010 se repita.
Debido a la importancia que la experiencia chilena puede tener para Puerto Rico, después de enfrentar un sismo de magnitud 6.4 el pasado 7 de enero, Es Noticia reproduce un artículo escrito por el periodista Carlos Montes y publicado por el periódico La Tercera, sobre cómo se han modificado las estrategias de construcción en Chile para conservar estructuras y salvar vidas durante un terremoto.
Edificando para el próximo 27 F – Por Carlos Montes
Casas y edificios en el suelo. Ciudades completas en ruinas. Son imágenes recurrentes cuando en las noticias se muestran los efectos de un sismo en distintos lugares del mundo. No en Chile. Para el terremoto de 2010, la escena del edificio Alto Río, de Concepción, completamente derrumbado impactaba a todo el país, pero solo era un caso excepcional.
La intensidad del movimiento puso a prueba una vez más el diseño y construcción de las edificaciones de nuestro territorio, así como los reglamentos y su cumplimiento, afirma Peter Dechent, especialista del área de estructuras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción.
Es el caso del edificio Don Tristán, ubicado en la comuna de Maipú, que perdió por completo su estabilidad, quedando totalmente torcido y desplomado. En junio de 2011 tuvo que ser demolido y, al igual que con Alto Río, los propietarios entablaron demandas contra las inmobiliarias y constructoras correspondientes.
Edificio Don Tristán, en la comuna de Maipú.
Otro número no menor de edificios quedó con grietas, que aunque no afecten estructuralmente a las edificaciones, sí generaron preocupación y molestia en los vecinos, especialmente tratándose de construcciones relativamente nuevas. El edificio Don Tristán, por ejemplo, apenas tenía cinco años.
Sin embargo, los expertos hacen hincapié en que estos casos fueron una minoría. “La infraestructura que se ajustaba a la norma sísmica vigente tuvo un desempeño muy positivo. En la mayoría de los casos donde se reportaron daños severos se identificaron problemas en el diseño (estructural y geotécnico) o malas prácticas constructivas”, explica Gabriel Candia, investigador del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN).
Rubén Boroschek es académico de la Universidad de Chile y gerente de RBA-Global, empresa que analiza, evalúa y diseña infraestructura para terremotos. Desde su punto de vista, nuestro país resolvió el tema del colapso de sus edificios muy tempranamente.
Como ejemplo de esto menciona el terremoto de Valdivia en 1960, conocido por ser el más intenso registrado por instrumentos. “En ese evento el número de muertos fue menor a 2.700 personas, incluyendo el maremoto”. Cifra que, agrega, se multiplicaría fácilmente por 10 en cualquier otro país para un terremoto similar, mirando las estadísticas recientes.
Una nueva regulación
Hasta 2011, la construcción de edificios se regía .además de por la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones- por la Norma Técnica NCh 433, sobre Diseño Sísmico de Edificios, aprobada en 1996 y modificada en 2009. Un año después, el terremoto del 27 de febrero impulsó una renovación importante en esta normativa.
«Se aprobó el Decreto Supremo DS61, un documento técnico que modifica y complementa las disposiciones del Decreto Supremo 117 vigente en 2010. Este modifica los factores de seguridad y los estándares de diseño sísmico de los edificios, a partir de la información obtenida de los daños que ocasionó el sismo del 27F”, explica Gabriel Candia.
Entre las modificaciones más importantes destaca una mejor clasificación sísmica del tipo de suelo donde se emplazará la edificación.
La nueva normativa exige la medición de un parámetro geotécnico llamado Vs30, que se relaciona con la rigidez del suelo en los 30 metros superficiales. Esto resulta fundamental para definir el diseño de las estructuras respectivas.
Otro de los cambios afecta directamente a los edificios de hormigón armado, que bajo ciertas condiciones exigen ahora espesores mínimos para los muros y un “confinamiento” de los extremos de los mismos.
“La idea principal de esta modificación es que los edificios deban incluir en su diseño los elementos de borde, que es como una pequeña columna que se construye dentro del muro para absorber los esfuerzos de flexocompresión en el muro”, dice Candia.
Esto permite dar mayor ductilidad a los edificios, limitando los daños. Si un edificio no es dúctil, agrega el investigador, durante un sismo severo puede sufrir, entre otras cosas, rotura de muros, falla de columnas, colapso de un piso débil o incluso del edificio completo.
Los avances en tecnología
Quizás el desarrollo más significativo que se ha hecho en ingeniería sísmica durante los últimos años sea el liderado por Juan Carlos de la Llera, decano de Ingeniería de la Universidad Católica y profesor del Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica. El proyecto comenzó el 1996, pero para 2010 solo 13 estructuras contaban con estos sistemas de protección sísmica.
Se trata de dos técnicas. Una conocida como de aislamiento sísmico y la otra de disipación de energía. Para los edificios más “grandes y pesados”, explica De la Llera, se prefiere la primera técnica, mientras que en aquellos más altos y “esbeltos” (edificios sobre 20-25 pisos), la segunda.
Con el aislamiento sísmico, en vez de conectar el edificio a las fundaciones rígidas, al suelo, se lo conecta con un elemento flexible. Así, el suelo se mueve, pero el edificio se queda quieto. “Es como si estuviera sobre una cancha de patinaje: le patina el suelo por debajo y el edificio se mueve junto a la vibración que tiene el movimiento del suelo. Produces una separación entre la estructura y el suelo de fundación”, explica De la Llera.
Sistema de aislamiento sísmico.
El proyecto comenzó con la implementación del sistema de aislación sísmica en la Basílica del Salvador. La iglesia y edificio patrimonial, construidos entre 1873 y 1892, quedaron asegurados frente a eventuales terremotos durante al menos 50 años.
Respecto de la disipación de energía, lo más fácil es imaginarse el sistema de amortiguamiento de los autos. “En el auto pones un nivel entre la carrocería y la rueda, un amortiguador. En un edificio hacemos exactamente lo mismo”, dice De la Llera. En ciertos puntos, donde la vibración del terremoto produce una deformación del edificio, se coloca un elemento para disipar esa energía.
Ese fue el trabajo realizado en la Torre Titanium durante 2010: «Cada tres pisos pusimos este elemento, un verdadero fusible o amortiguador que ‘gasta’ la energía que el sismo pone sobre el edificio”, añade el académico de la UC.
El 27F vino a confirmar el buen funcionamiento de estos sistemas en las construcciones que sí los tenían, entre los hospitales y muelles. La “prueba” fue especialmente importante, porque nunca antes se habían probado estas técnicas en sismos de tan larga duración.
Por lo mismo, hoy alrededor de 120 construcciones ocupan algunas de estas técnicas, entre ellas 37 proyectos residenciales, 32 inmuebles de oficinas, 19 hospitales, 13 construcciones industriales, siete edificaciones educacionales y tres templos religiosos. Además, ambas técnicas han sido aplicadas en otros países. Es el caso de Perú, “donde todos los hospitales están siendo aislados sísmicamente gracias a la experiencia de Chile”, dice De La Llera.
«Chile se ha transformado en un líder a nivel latinoamericano respecto del uso de estas técnicas, que además son sistemas pasivos, lo que significa que se diseñan en el origen de las estructuras y no se modifican nunca más”, explica Rubén Boroschek.
De la Llera reconoce, de todas formas, que el porcentaje de edificios que tienen la tecnología en Chile es aún menor. Como todas las innovaciones, afirma, se van introduciendo de a poco. “Es sistema de bajo costo, aplicable a todo tipo de construcciones, por lo que esperamos que su uso se amplíe”.
Ahora el desafío que queda pendiente, dice Boroschek, es resolver la pérdida de la inversión, las consecuencias económicas y sociales que desencadenan un daño severo en nuestra infraestructura.
El cierre de la planta generatriz Costa Sur tendrá un fuerte efecto económico en las finanzas de la AEE y en el bolsillo de los consumidores porque la energía que produce es la más barata de todo el sistema eléctrico, incluyendo la energía que producen la cogeneradoras privadas, sostuvo el presidente del Colegio de Ingenieros, Juan F. Alicea Flores, quien también fue ex director ejecutivo de la AEE.
Alice Flores agregó que actualmente la capacidad de producción de Costa Suer es de 820 megavatios, de los cuales el 40 % se genera con la quema de petróleo y el 60 % restante con gas natural.
“La producción de Costa Sur es la más barata porque los costos para la AEE son más baratos. Para la AEE los gastos de Costa Sur surgen de la nómina y el combustible y allí el 60 % de la energía es más barato porque es gas natural. Costa Sur produce la energía más económica de todo el sistema eléctrico”, dijo el ingeniero.
El ex director ejecutivo de la AEE dijo que en Costa Sur se han invertido más de $100 millones para instalar tecnología de generación con gas natural durante los años 2013, 2013 y 2014.
El ex funcionario se manifestó a favor de conservar la operación de Costa Sur e incluso dijo que existían planes para que la planta pudiera generar el 100 % de su energía con gas natural y que no se pudo concretar debido a que el plan original requería que la planta privada Eco Eléctrica ampliara su capacidad de almacenaje de gas para aumentar el suplido de gas de Costa Sur.
“Actualmente no hay plan para hacer eso”, dijo Alicea Flores.
La planta Costa Sur dejó de producir energía a causa de los daños que sufrió tras el sismo del 7 de enero y desde entonces permenece cerrada por un año en espera de una evaluación de parte de una empresa privada.
El director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, se manifestó a favor de cerrar definitivamente la planta y construir una nueva en los terrenos de Palo Seco en Toa Baja con los presuntos fondos que recibirá la corporación pública de parte del seguro y del gobierno federal. De manera preliminar se ha estimado que la AEE recibiría entre ambas fuentes más de $3,000 millones.
“José Ortiz no sabe de lo que está hablando. Construir una nueva planta se tardará más de seis años y el país no puede privarse de tener energía barata por tanto tiempo” dijo Alicea Flores.
Agregó que los 820 megavatios de Costa Sur serán muy importantes durante el verano cuando aumenta el consumo de energía eléctrica en el país. “El Colegio de Ingenieros se ha puesto a disposición de la AEE para aportar información técnica y asesoría en relación con Costa Sur y el proceso de privatización”, agregó el ingeniero.
Ayer la AEE impidió la entrada de un grupo de ingenieros jubilados de esta corporación pública que eran parte de una vista ocular que realizó de la Comisión de Desarrollo Económico y Energía de la Cámara de Representantes.
En el momento que el presidente de la comisión cameral, Víctor Parés, junto varios ingenieros jubilados y otros ingenieros activos se aprestaba a inspecciona la central, los agentes de seguridad le impidieron el paso sin ofrecer explicaciones.
“Es una falta de respeto a este grupo de expertos y al pueblo de Puerto Rico que José Ortiz haya negado la entrada viciosamente de personas que conocen la operabilidad de la planta y que pueden dar sugerencias y recomendaciones sobre su estado y más cuando fueron invitados a participar de la vista porque precisamente conocen de primera mano Costa Sur. ¿A qué le teme José Ortiz que puedan denunciar los jubilados y el ingeniero?”, denunció Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) en declaraciones escritas.
Entre los invitados del representante estaban el ex jefe de la planta de Costa Sur, Ramón Aguilar Martínez y el ex jefe de operaciones, Ángel Pérez, quienes se han manifestado en contra de cerrar la instalación por un año.
Tampoco dejaron entrar al presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE, Johnny Rodríguez y a otros ingenieros jubilados que fueron invitados a la vista ocular.
Rodríguez ha sostenido que los daños que sufrió Costa Sur por el sismo no son del alcance descrito por el director ejecutivo y no requieren el cierre de la planta.
El Tribunal de Primera Instancia de San Juan, ordenó ayer al Departamento de Justicia y al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) la entrega a la Cámara de Representantes en 24 horas del informe preliminar sobre el manejo del almacén de Ponce donde se encontraron suministros que no fueron distribuídos entre los damnificados de los sismos en el suroeste de la isla.
El juez Anthony Cuevas Ramos emitió la orden que obliga a la secretaria de Justicia, Dennise Longo, y el comisionado del NIE, Héctor López Sánchez, a entregar el informe de la pesquisa que pidió la gobernadora Wanda Vázquez sobre el almacén.
La orden del juez Cuevas Ramos fue en respuesta a una petición realizada por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, quien solicitó el martes la entrega del informe.
El Departamento de Justicia y el NIE se habían negado a entregar al informe a la Comisión Especial de la Cámara de Representantes para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia, que preside el representante y portavoz de la Mayoría, Gabriel Rodríguez Aguiló.
Justica había dicho que el informe era material confidencial porque era parte de una investigación en curso.
La gobernadora Wanda Vázquez Garced, insistió ayer en que no se someterá a un debate contra su contrincante político, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia.
“Todo el pueblo puertorriqueño me conoce porque he sido una servidora pública por 33 años. Lo más que necesita nuestro Partido Nuevo Progresista (PNP) es la unidad. Así que, yo no voy a entrar en debates para crear alguna diferencia entre nosotros”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.
“Mi lucha no es contra un oponente dentro de mi mismo partido. Mi lucha es contra la criminalidad, contra el discrimen, contra la violencia en la mujer, esa es mi lucha”, añadió.
“Yo entiendo que, en este momento, es una decisión del pueblo de Puerto Rico entre dos hermanos del mismo partido. ¿El debate para qué es? Para ganar ventaja y adelantar una candidatura. La mía, el pueblo me conoce y a él también. Así que, entre hermanos podemos resolver sin tener que ir a debates”, concluyó.
El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) multó a las compañías Tropigas y a Empire Gas por aumentar de manera ilegal el precio del gas licuado, reveló ayer la gobernadora Wanda Vázquez Garced.
La gobernadora agregó que el aumento de precio ilegal será revertido.
El aumento ilegal en el cilindro de 100 libras fue de $15 dólares y el de 20 libras unos $5.
“DACO ya determinó que los aumentos fueron contrarios a la ley. No cumplieron con el procedimiento y les expresó la notificación de multas a ambas. A Tropigas y a Empire (Gas). Ya ellos contestaron porque las multas van. Y retrotraer esos aumentos que se hicieron contrarios a la ley”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.
“Ellos dos son unas compañías de muchos años en Puerto Rico y ellos saben cuál es el procedimiento. No podemos permitir que implementen aumentos al gas licuado sin seguir los procedimientos cuando afecta a tantos ciudadanos. Así que, la recomendación es que se impongan las multas y que se revierta el aumento y que ellos demuestren por qué razón debe ser aumentado el precio del gas licuado”, añadió.
Según reportes de prensa, desde el mes de diciembre las empresas mayoristas de gas, Empire Gas y Tropigas, incrementaron sus precios, supuestamente, sin previo aviso y en violación al reglamento del DACO, el cual estipula que para entrar en vigor un aumento se tiene que justificar la causa ante la agencia.
Un joven de 19 años que fue identificado como persona de interés en relación al asesinato de la trasexual Alexa Torres, ocurrido en Toa Baja y que fue detenido el martes en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, fue liberado ayer por orden de la fiscal Carmen Iris Ortiz.
Otros tres jóvenes que también fueron entrevistados se les dejó en libertad.
Ayer el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, indicó que sobre el asesinato de Alexa la Policía mantiene comunicación con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés) pero hasta ahora no se ha informado si asumirá jurisdicción del caso.
El jefe de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales, coronel Rolando Trinidad no quiso ayer ni negar ni confirmar si la Policía había arrestado a un sujeto involucrado en el asesinato de la transexual conocida como.
“No vamos a entrar en detalles sobre qué es lo que tenemos al momento. No vamos a confirmar ni a negar si tenemos una persona de interés. Estamos en el proceso investigativo. La fiscal Carmen Iris Ortiz está de lleno en el caso con el personal de Homicidios. Queremos que nos den el espacio para poder tener resultados. Yo no voy a entrar en si hay una persona detenida o no”, dijo Trinidad en una entrevista en una estación de radio.
Sin embargo, Trinidad dijo que como parte del proceso investigativo, han llevado a varias personas a la Comandancia de Bayamón para ser entrevistados y corroborar las confidencias que se han recibido. Aclaró que “puedo tener una persona entrevistándola y que esté libre de levantarse e irse y no necesariamente está detenida… En su momento van a tener información… Si cada paso que damos lo vamos a divulgar en los medios, eso crea ventaja indebida en las personas que cometieron estos hechos”.
Ayer la comisionada del Negociado de Ciencias Forenses, María Conte, informó que familiares de Alexa Torres, se presentaron a la institución a realizar el proceso de identificación. Se espera que el proceso de autopsia, que inició, finalice el miércoles. En un informe policiaco, las autoridades indicaron que el occiso fue identificado como Carlos Alberto Negrón Luciano de 29 años.
Los hechos ocurrieron a eso de las 4:18 de la madrugada del lunes en la carretera PR-165, intersección con la carretera PR-865 kilómetro 14.8 en Toa Baja.
La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, anunció que si para el 6 de marzo algunas corporaciones públicas y municipios no han pagado $21.1 millones que adeudan al Sistema de Retiro de Empleados Públicos, serán referidos a los departamentos de Justicia local y federal.
Jaresko le recordó a los alcaldes y a los directores de las corporaciones públicas que no depositar en las cuentas de retiro correspondientes el dinero que le retienen mensualmente a sus empleados es una violación a la ley y advirtió que la JSF se propone llevar este asunto hasta las últimas consecuencias.
“Al momento, estas retenciones ascienden a 21.1 millones, según un informe de AAFAF de diciembre de 2019 e información complementaria provista por el Sistema de Retiro de Empleados Públicos (SRE) a la JSF. La JSF urgió al SRE que tome acción inmediata con respecto a estas transferencias a las cuentas de retiro individual, algunas de las cuales datan de 2017”, dijo Jaresko en declaraciones escritas.
Explicó que si estos fondos no son remitidos completamente por los respectivos patronos al SRE para el 6 de marzo próximo para acreditar a las respectivas cuentas de plan de contribución definidas de los empleados, la JSF referirá esta violación de ley al Departamento de Justicia de Puerto Rico y de Estados Unidos para llevar este asunto a las últimas consecuencias permitidas bajo la ley.
En mayo de 2019, la JSF refirió una situación similar a la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Aún así, según los últimos informes aparenta que, a pesar de la gravedad del asunto, no se han logrado establecer los mecanismos de supervisión adecuados para garantizar que esta situación nunca vuelva a suceder.
“El no enviar las cantidades retenidas de forma inmediata a su cuenta de contribución definida (pensión) es una acción seria e inaceptable. Se debe tener presente que la responsabilidad fiscal crea confianza en el Gobierno. Dado a todo lo que ha ocurrido con los planes de beneficios definidos anteriormente, el no haber resuelto este asunto perjudica la credibilidad del Gobierno ante el pueblo de Puerto Rico”, concluyó.
El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea dijo que este viernes posiblemente comiencen a salir los pagos de los reintegros por concepto de la radicación de Planillas de Contribución Sobre Ingresos.
“Hay una alta probabilidad de que el Departamento de Hacienda haya depositado reintegros en cuentas de contribuyentes que ya radicaron su planilla en los pasados días. A algunos de estos contribuyentes, porque cada caso puede discutirse”, dijo el secretario en conferencia de prensa.
“Antes un contribuyente radicaba su planilla a finales de febrero y muchas veces tenía que esperar un mes para que pudiese ver el reintegro depositado en su cuenta de banco o recibir su cheque. Tengo que decir que ya el Departamento de Hacienda está puesto para trabajar en los próximos días el depósito de casi tres millones de dólares en reintegros, que con toda fortuna se van a depositar antes de que acabe el mes de febrero”, añadió.
Según el secretario, la agilidad del procesamiento responde en parte a la integración del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), que ya completó su tercera fase y última fase. Ahora, el proceso de certificar la información contributiva y enviar el reintegro si aplica toma entre 15 a 18 días.
Otro de los cambios tiene que ver con aquellos que radican planillas con deuda y solicitan un plan de pago.
“En SURI, esto se resuelve en cuestión de días. Los contribuyentes van a ver en cuestión de días esa tasación de deuda y casi de manera simultánea pueden entrar a SURI para un plan de pago, sin que tengan que ir a una de nuestras oficinas de distrito y sin que tengan que esperar 6 meses, donde se acumulaban intereses y recargos”, expresó.
Desde que comenzó el proyecto al presente, se ha desembolsado $45 millones para culminar con la implantación de SURI.
Entre los tipos contributivos más importantes que se integraron a la plataforma en esta tercera fase, se encuentran la contribución sobre ingresos que abarca a individuos, corporaciones y otras entidades jurídicas.
El funcionario explicó que, en el caso de los individuos, esto les permite verificar el estatus de su planilla y de su reintegro, realizar diferentes tipos de pagos, incluyendo pagar la contribución con la planilla, pago de estimada y pago diferido, radicar y enmendar la Planilla y radicar solicitud de prórroga, entre otras transacciones.
La implantación de SURI comenzó en octubre de 2016 con la integración a la plataforma de todas las transacciones relacionadas al Impuesto de Ventas y Uso (IVU). En diciembre de 2018 se integraron las transacciones relacionadas a las retenciones en el origen, caudal relicto y donaciones, arbitrios, impuestos sobre bebidas alcohólicas y derechos de Licencias de Rentas Internas.
