El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) informó que las pruebas realizadas a los 99 confinados pacientes arrojaron negativo al COVIT-19.
Las pruebas fueron realizadas luego de detectar algunos casos positivos de empleados y gerenciales del Centro Médico Correccional (CMC).
Cuatro de los ocho empleados y un contratista que previamente Physician Correctional, proveedor de salud correccional, informó que habían dado positivo a la prueba rápida, también arrojaron negativo a la prueba molecular. Todos se mantienen asintomáticos.
«De igual modo, todas las pruebas realizadas hasta el momento a los demás empleados del CMC, han dado negativo. Ningún oficial correccional de la institución ha arrojado positivo”, informó Eduardo Rivera Juanatey, secretario de Corrección.
Informó que han realizado tres fases de desinfección en las instalaciones. «Los empleados que originalmente arrojaron positivos en la prueba rápida, así como los que ahora dieron negativo a la muestra molecular, se mantienen en aislamiento”, aseguró Raúl Villalobos, presidente de Physician Correctional.
“Continuamos vigilantes ante esta situación que afecta al mundo entero. Estamos conscientes de la agresividad del virus que enfrentamos y por ello, estamos muy atentos a que se cumplan nuestros protocolos. Como complemento a estos, solicitamos al Departamento de Salud que nos asignara miles de pruebas para realizar una muestra masiva a los cerca de 9,000 confinados del sistema correccional y a los que laboran dentro de las instituciones», indicó.
El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) alertó -el sábado- a la ciudadanía sobre la posibilidad de que estafadores se aprovechen de la emergencia para lucrarse de los puertorriqueños.
“Recibimos varias confidencias de ciudadanos que, a su vez, recibieron llamadas telefónicas de personas que se hacen llamar empleados del IRS. Según se nos indicó, personas con acento extranjero/hispano que buscan información personal de los constituyentes con la supuesta intención de que puedan recibir el cheque de incentivo federal de $1,200″, indicó la secretaria del DACO, Carmen Salgado.
«Es un fraude y es ilegal. Los consumidores deben ser precavidos con la información que brinden en llamadas telefónicas o correos electrónicos”.
Salgado aconsejó a no responder correos que puedan ser sospechosos o del que no tengan la seguridad del origen. Los bancos o entidades gubernamentales por lo regular nunca solicitan datos personales a través de un correo electrónico, por lo que no deben responder a la información o compartir información personal para evitar fraude o un robo de identidad.
“Otras de las confidencias que recibimos fue de llamadas fraudulentas en donde la persona se identifica como empleado del Departamento de Salud para dejarle saber que le estarán realizando la prueba del COVID-19 y que para ello necesitan la dirección residencial, lo que es totalmente falso”, advirtió.
La secretaria del DACO recomendó a los consumidores a no brindar información personal de ningún tipo en llamadas telefónicas o correos.
El Servicio de Rentas Internas (IRS) advirtió que la agencia no llamará para pedirles información y el Departamento de Hacienda, por su parte, notificó que estarán enviando un correo electrónico, pero no estarán solicitando información personal, sino que deberán actualizar su información en la página de SURI.
El correo electrónico enviado por el Departamento de Hacienda advierte que: “la única herramienta digital que el Departamento utilizará para recibir su información bancaria es SURI (suri.hacienda.pr.gov). Por tanto, no provea información de su cuenta bancaria en ninguna otra plataforma electrónica que no sea SURI, ya que no podría se fidedigna”, señaló.
Finalmente, la secretaria del DACO recomendó a la ciudadanía acceder las páginas de la Comisión Federal de Comercio (ftc.gov) y de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (consumerfinance.gov) que contienen información útil para el consumidor y sobre cómo evitar esquemas de fraude.
La comisionada residente, Jenniffer González Colón, instó a la gobernadora Wanda Vázquez a solicitar toda la ayuda federal disponible para la protección de los policías y personal de primera ayuda, esto ante la primera muerte de un miembro de la uniformada a causa del coronavirus y el contagio entre miembros de la fuerza que ha obligado a cerrar cuarteles.
“Es crítico que el gobierno de Puerto Rico priorice y asegure que nuestros hombres y mujeres en la línea de fuego reciban los recursos y el apoyo necesarios, incluyendo acceso al equipo de protección personal (PPE) y beneficios a los miembros de la familia si el oficial fallece”, expresó González Colón.
La comisionada hizo referencia a los $8.8 millones asignados por Justicia federal a Puerto Rico para, entre otras cosas, la compra de equipo de protección, pago de tiempo extra, reclutamiento entre otros para agencias de ley y orden.
Estos fondos, ya disponibles, deben de ser solicitados por el gobierno de Puerto Rico y si aún no se ha realizado el trámite, la comisionada exhorta a su pronta solicitud.
Otro beneficio federal es el Public Safety Officers’ Benefits (PSOB) Program para el que recientemente, el Departamento de Justicia federal publicó las guías de elegibilidad para oficiales de agencias de ley y orden que mueran debido al COVID-19.
Las agencias de ley y orden en Puerto Rico son elegibles de por sí para este beneficio ya existente y que ahora lo han adaptado para determinar la elegibilidad para casos de coronavirus.
“Estamos pidiendo que el Departamento de Seguridad Pública y el Negociado de la Policía de Puerto Rico interactúen con el Departamento de Justicia federal para asegurarse que cualquier oficial en la Isla que muera o quede discapacitado debido a COVID-19 pueda solicitar este beneficio”, explicó la comisionada.
El Programa de Beneficios para Oficiales de Seguridad Pública (PSOB) brinda ayudas a los sobrevivientes elegibles de un oficial fallecido en relación con cumplimiento del deber, beneficios por discapacidad para los funcionarios de seguridad pública que sufrieron lesiones catastróficas en el cumplimiento del deber y beneficios de educación para los cónyuges elegibles e hijos de oficiales caídos o heridos catastróficamente.
Estas nuevas guías establecen el proceso para determinar elegibilidad en caso de muerte o discapacidad por el coronavirus.
La cantidad del beneficio de PSOB es de $365,670 por muertes y discapacidades que ocurran a partir del 1 de octubre de 2019, mientras que el monto del beneficio de asistencia educativa de PSOB por mes de asistencia a tiempo completo a partir del 1 de octubre de 2019 es de $1,248.
El municipio de Cayey nombrará un Oficial de Bioseguridad, encargado de prevención de riesgo, en preparación a la posible apertura de labores del componente municipal tras el impacto del coronavirus en la vida de ese pueblo.
El alcalde Rolando Ortiz Velázquez explicó que es de conocimiento general que el Covid-19 seguirá siendo una amenaza hasta que se desarrolle una vacuna segura, de manera que la creación de la plaza de Oficial de Bioseguridad, la cual recaerá en José Rodríguez, tiene como meta adiestrar sobre bioseguridad en cada componente de servicio que ofrece el municipio.
La bioseguridad es la disciplina científica que trabaja en la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente infecciosos, así como el uso de barreras protectoras entre otros temas.
“Basados en la experiencia surgida en el manejo de la pandemia por el Covid-19, en Cayey hemos repensado los conceptos de protección y ante el reinicio de las labores en el gobierno cuando disponga la gobernadora Wanda Vázquez Garced, nosotros vamos a estar listos en cada una de las unidades administrativas”, indicó el alcalde.
El Oficial de Bioseguridad tiene 30 años de experiencia en el municipio de Cayey y entre sus responsabilidades se encuentran la supervisión de las áreas de servicios principales del municipio como Ayuda al Ciudadano y Nueva Alcaldía Digital.
Rodríguez dirigió además el proyecto Líder de Tu Calle, creado luego del paso del huracán María, que logró integrar las comunidades para la reconstrucción de las mismas.
“A la ciudadanía cayeyana le reitero la importancia de continuar las medidas de limpieza y aislamiento físico para poder manejar la pandemia. Continuaremos trabajando en opciones para proteger a la población”, indicó el alcalde.
A la cifra de personas positivas a coronavirus en todo el país sumaron otros 31 resultados que elevan a 1,307 los casos. También sumaron otras siete muertes a causa del virus.
El total de muertes en la isla asciende a 83; de las cuales 52 fueron reportadas por el Sistema de Vigilancia del Departamento de Salud y 31 a través del Registro Demográfico.
Mientras, la Región de Ponce, con 15 municipios, alcanzó los 101 casos positivos al coronavirus, según el informe por Región. La ciudad de Ponce ocupa el noveno lugar en casos positivos, con 30 casos.
En seis días se duplicaron los casos positivos a coronavirus en el municipio de Ponce.
No obstante, cuando se suman los casos por pueblo la cifra llega a 111 casos positivos. La disparidad entre ambas cifras es de 10 casos.
Una mujer de 78 años, de la Región de Ponce, fue parte de las siete muertes por coronavirus sumadas hoy -sábado 25 de abril- por el Departamento de Salud.
La Agencia explicó en un comunicado de prensa que solo una de esas siete muertes tenía la prueba, que fue el caso del policía que durante el día de ayer trascendió que había muerto.
Los otros seis casos fueron porque al momento del deceso los médicos diagnosticaron que tenían síntomas similares al coronavirus. Esos decesos reportados por el Registro Demográfico son:
Mujer de 95 años de la región Metro
Mujer de 71 años de la región de Bayamón
Hombre de 86 años de la región Metro
Mujer de 78 años de la región de Ponce
Mujer de 65 años de la región Metro
Hombre de 75 años de la región Metro
Salud aclaró que, al realizar el pareo con el Registro Demográfico, se hizo la corrección de un caso previamente informado, que no cumplía con los criterios de COVID-19, por lo que se eliminó de la lista de fallecidos. Dicho caso corresponde a un hombre de 90 años, cuya muerte se registró en la región Metro. Esto forma parte de los análisis de revisión que realizan para validar información.
Casos positivos en la Región de Ponce y población por pueblo:
El alcalde de Adjuntas, Jaime Barlucea Maldonado, puso en duda los casos positivos que aparecen en el ‘dashboard’ del Departamento de Salud y aseguró que reclamó al epidemiólogo del estado por la cifra que reporta de ese pueblo.
“Durante la mañana de hoy -viernes-, el Departamento de Salud publicó los datos sobre los contagiados por coronavirus en el país, en el cual se adjudicaron tres casos de contagios en Adjuntas. Inmediatamente, recurrí a comunicarme directamente con el epidemiólogo del estado, señor David Capó, para verificar la veracidad de la información», expresó en su cuenta en las redes sociales.
«Según la información que me brindan sobre las personas contagiadas, no se logró certificar si realmente son residentes de Adjuntas, por lo que, cuestioné la data presentada. Es meritorio mencionar que, al ser información confidencial, no puedo divulgar los nombres».
«El epidemiólogo reconoció que hay errores en la adjudicación de contagiados por municipios. Esto no sólo está sucediendo en Adjuntas sino en otros municipios cercanos. Mi exhortación al Departamento de Salud fue que realicen las aclaraciones y actualizaciones de estadísticas correspondientes para que no haya duda, y no se cree una histeria colectiva».
«Por otro lado, me parece de muy mal gusto que personas estén utilizando esta situación tan delicada para politizar el tema en cuestión. Sí, esos mismos que utilizan las redes bajo un perfil falso con el fin de crear histeria en la población».
«Esta claro que puede haber imprecisión en la cifra y adjudicación de casos contagiados. No obstante, nuestro deber es tomar las debidas precauciones y cumplir con las medidas de prevención en nuestros hogares y cuando salimos a la calle».
Barlucea Maldonado exhortó a los adjunteños a tomar medidas y protegerse.
Un total de 87 personas -17 pasajeros y 70 empleados de líneas aéreas- arrojaron positivo a coronavirus en la prueba rápida que realizan en el aeropuerto, según datos ofrecidos -el viernes- por la Guardia Nacional de Puerto Rico.
Las personas, cifra acumulada tras el inicio del cernimiento en el aeropuerto, fueron enviadas a sus casas bajo supervisión del Departamento de Salud y un médico de cabecera. Le realizarían la prueba molecular.
En el informe del viernes no hubo pasajeros positivos, pero ingresaron a la lista nueve empleados de líneas aéreas.
Mientras, los policías han sido los funcionarios públicos con más casos positivos de coronavirus. Unos 95 agentes del Negociado de la Policía arrojaron positivo al virus y 923 policías permanecen en aislamiento.
Desglose de casos positivos en agentes del orden público:
Aeropuerto – 1
Aguas Buenas – 8
Arroyo –2
Capitolio – 1
Cayey – 4
Cedro Arriba – 1
Centro de Mando Bayamón – 1
Centro de Mando Carolina – 1
CIC Guayama –6
DOT Guayama – 2
DOT Mayagüez – 3
DOT San Juan – 1
Drogas Mayagüez –20
Drogas San Juan-1
DSP – 1
Guaynabo –1
Las Marías – 2
Loiza-1
Moca –1
Morovis –5
Naranjito – 1
Operaciones Conjuntas –2 (en apoyo a Carolina)
Patillas –1
Patrullas Carreteras Ceiba – 2
Rincón –1
Río Grande –1
Salinas –1
San Germán –1
Strike Force Carolina –1 (en apoyo a Carolina / Operaciones Conjuntas)
Strike Force DEA – 1 (en apoyo a Carolina / Operaciones Conjuntas)
Strike Force ICE – 2 (en apoyo a Carolina / Operaciones Conjuntas)
Un grupo de féminas, entre ellas alcaldesas y una senadora, presentaron 10 propuestas que el Gobierno pudiera implementar para manejar la pandemia del coronavirus.
«Todas estamos de acuerdo en que hay que arreciar la campaña de educación y prevención, particularmente cuando se está considerando una apertura controlada de los comercios”, expresó la senadora del Partido Popular Democrático, Rossana López León.
En el grupo también participaron las alcaldesas Carmen Maldonado González, Wanda Soler Rosario, Julia Nazario Fuentes y Karilyn Bonilla Colón.
Propuestas:
(1) Contención de la pandemia- Hacer pruebas masivas a personas cercanas al paciente positivo al coronavirus y a su vez hacer muestras aleatorias en áreas mayormente donde por limitación de materiales para su seguridad estén más propensos a contagiarse. Un sistema de vigilancia epidemióloga en la comunidad deberá implantarse de inmediato. La informacion sobre los casos positivos deberá salir del municipio para el Departamento de Salud.
(2) Manejo de la crisis del Departamento del Trabajo – Promover que se adelanten ocho semanas por pago del desempleo. Se rendirá cuenta diariamente de los casos aprobados a la oficina donde se deposita el dinero de seguro por desempleo federal para así obtener el dinero por rembolso ante el anticipo de 8 semanas a cada solicitante.
(3) Manejo de los casos del PAN en el Departamento de la Familia – Activar a todo su personal de 669 técnicos de forma remota y presencial guardando todas las medidas de seguridad necesarias y que se incluya el pago de horas extra. No se permitirá que se niegue la ayuda por el mero hecho de que al llamar a la persona esta no conteste por primera vez.
(4) Reactivación controlada y por fases de los comercios– Activar un grupo de profesionales como epidemiólogos, infectólogos y directivos de recursos humanos para la administración rápida de los protocolos de salubridad para las agencias públicas, comerciantes y personas que trabajen por cuenta propia.
(5) Alimentos en manos del Departamento de Educación – Abrir los comedores escolares junto a la ayuda de los municipios para que por medio de servi-carro los padres puedan obtener la comida. Los alcaldes están dispuestos a proveer equipo y personal para la distribución. El Departamento de la Familia como los concecionarios del Programa Head Start deberan hacer lo propio en sus comedores.
(6) Sistema unificado de ayuda a las PYMES – Proveer una sola plataforma donde todos los beneficiaries, incluyendo los pequeños negocios y los que trabajan por cuenta propia, puedan accesar las ayudas estatales y federales, sin solicitar documentos que puedan obtener de otra agencia; para esto hay que hacer un llamado en adición a la banca local para que ayuden a llenar las solicitudes de los fondos disponibles por SBA y otros fondos.
(7) Trabajar junto a la Academia – Integrar un colaborativo universitario autónomo para obtener un estudiantado diestro en los campos de comercio y administración de empresas de manera que se pueda conectar a estos con los pequeños comerciantes de manera virtual. Esto con el propósito de ofrecer ayuda en todas las áreas al comerciante o pequeño empresario que no tiene vasto conocimiento en las diferentes áreas administrativas y de tecnología.
(8) Enfatizar en la protección ciudadana– Los protocolos de seguridad deberán incluir el educar al público sobre cómo cuidar a nuestros comerciantes cuando vamos a realizar nuestras compras, así como a los empleados en el ambiente de trabajo y cuando salen del mismo. Deberá desarrollarse un filtro de evaluación epidemiológica a los empleados de los negocios de forma organizada. El gobierno y los seguros de salud deben pagar por estas pruebas.
(9) Manejo efectivo de la situación de las personas sin hogar– Generar un sistema donde se interaccionen obligatoriamente en un solo punto el aspecto social, salud y vivienda para las personas sin hogar. Hacer un plan de trabajo comunitario integrado por zonas en los municipios y las organizaciones sin fines de lucro que están ofreciendo servicios y a los cuales se le proveerá ayudas del gobierno.
(10) Responsabilidad del Departamento de la Vivienda– Esta agencia deberá asumir su responsabilidad tanto en los residenciales como en las égidas para ayudar en la educación y en los esfuerzos de proveer ayuda a sus residentes, tanto con el equipo de seguridad individual como el de ayudar a proveer servicios de comida a la población en riesgo y con impedimentos.
“Estas propuestas las hacemos en ánimo de proveer un marco de acción rápida que cubra todo el país y todas las diversas manifestaciones sociales, económicas y geográficas”, indicó López León.
La gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó hoy una orden ejecutiva para que la banca pueda procesar en horario extendido los préstamos para gastos de nómina y otros usos, dirigidos a las pequeñas y medianas empresas locales y que fue aprobado anoche por el Congreso de los Estados Unidos y avalados hoy por el presidente Donald Trump.
El nuevo paquete de ayuda de $484,000,000 millones a las pequeñas y medianas empresas también está accessible para las organizaciones sin fines de lucro a través de la banca local.
“A raíz del estado de emergencia decretado, adoptamos varias órdenes ejecutivas dirigidas a controlar el riesgo de contagio de COVID-19, siendo la más reciente la OE-2020-033 que, entre otras cosas, regula las operaciones de las instituciones financieras. Tomando en consideración la potencialidad de la aprobación de fondos adicionales por parte del gobierno federal, y para maximizar las oportunidades para los empresarios puertorriqueños, estamos autorizando a que el personal de bancos y cooperativas necesario para procesar las solicitudes y trámites del programa de SBA-PPP puedan operar en horario extendido”, expresó la gobernadora en comunicación escrita.
Además, se autorizan operaciones y personal estrictamente necesario para visibilizar las gestiones directamente relacionadas a incentivos o ayudas económicas, a través de programas locales y federales, a las organizaciones sin fines de lucro y pequeñas y medianas empresas, según definidas bajo la Administración de Pequeñas Empresas (SBA).
Asimismo, para las transacciones relacionadas a los fondos aprobados relacionados al CARES Act, las instituciones podrán operar en horarios extendidos en los lugares designados exclusivamente para esto, con el fin de maximizar las oportunidades de los solicitantes de Puerto Rico. Se establece que se deberán tomar todas las medidas de seguridad y protección, según la Sección 8 (“Medidas Cautelares”) para sus empleados, que sean necesarias, dando prioridad a aquel trabajo que pueda ser remoto, siendo sólo presencial en lo que sea necesario.
Vázquez Garced agregó: “Como parte de los esfuerzos dirigidos a mermar el efecto económico provocado por el cierre de operaciones debido a la pandemia de COVID-19 en los individuos y en los pequeños y medianos comerciantes, Puerto Rico estaba en espera de que el presidente Trump avalara un segundo proyecto de ayudas económicas a las pequeñas y medianas empresas a través del programa de SBA que fue aprobado ayer por el Congreso. Este paquete de ayudas económicas es parte del Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act (CARES Act) dirigido a toda la nación americana para impactar aproximadamente a 30 millones de pequeñas y medianas empresas, el cual en su primera asignación de fondos se agotó rápidamente sin atender a gran parte de ellas. Se prevé que en esta ocasión los fondos persistan por menos tiempo, por lo que los recursos tienen que estar disponibles y no ser limitados en ningún sentido”.
Actualmente, las cifras oficiales de SBA indican que 2,856 préstamos fueron aprobados en la isla, en su primera ronda de ayudas. Los fondos de los primeros $349,000,000 millones de dólares se agotaron en sólo 13 días.
La Asociación de Farmacias de Comunidad le hizo un llamado el viernes a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, para que se restituya la venta de todo tipo de artículos en las farmacias de comunidad todos los días de la semana, sin limitación ni restricción alguna.
“La eliminación de la restricción a la venta de productos de piso, incluyendo los comestibles los domingos en las farmacias de comunidad, contribuirá a maximizar las salidas de las personas que acuden a la farmacia a comprar sus medicamentos y productos de salud y aprovechan para llevarse otros artículos necesarios”, indicó Linda Ayala Bousson, directora ejecutiva de la Asociación en comunicación escrita.
La Asociación recomendó que se mantenga el uso de mascarilla para entrar a las farmacias y las medidas de distanciamiento social, así como otras acciones de precaución y desinfección ya implantadas para evitar la propagación y contagio con el coronavirus.
“A pesar del alto número de pacientes con múltiples condiciones que visitan las farmacias de comunidad, éstas han demostrado ser un componente esencial en la educación de los pacientes y en la promoción de los más altos y rigurosos estándares”, expresó la ejecutiva.
La Orden Ejecutiva de la Gobernadora limitó la venta de productos de piso en la farmacia y los domingos limitó la venta solo a medicamentos recetados y de higiene personal.
Ayala le hizo la solicitud por escrito hoy tanto a la Gobernadora como al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y presidente del Task Force económico.
En Puerto Rico hay sobre 800 farmacias de comunidad.
