El Negociado de la Policía de Puerto Rico reportó 18 agentes positivos a COVID-19, informó este jueves. El total de policías aislados asciende a 789 efectivos.
Arrojaron positivo al COVID-19:
7 – Distrito de Aguas Buenas
3 – Yauco
2 – Drogas Mayagüez
1 – Moca
1 – Morovis
1 – Operaciones Conjuntas (Apoyando en Carolina)
1 – Strike Force Mayagüez
1 – Rincón
1 – San Germán
Además, 102 uniformados que se reportan al cuartel de Juan Domingo (incluyendo personal de Drogas Metro) fueron puestos en aislamiento preventivo, luego de que una agente presentara síntomas y fuera sometida a la prueba de COVID-19.
Las divisiones, oficinas y unidades afectadas:
Negociado de Licencias de Armas
Rescate (FURA)
Unidad Aérea San Juan (FURA)
Unidad Motorizada Mayagüez
Unidad Motorizada San Juan
Oficina de Transporte Bayamón
Maltrato de Animales Bayamón
Almacén Bayamón
Fuerzas Conjuntas (apoyando en Carolina)
Drogas, Task Force y Explosivos Mayagüez
Drogas Metro
Los cuarteles cerrados son: Juan Domingo, Moca y Morovis. Por otro lado, los cuarteles reabiertos son: Caimito, Aguas Buenas, Rincón, Yauco y San Germán.
Las muertes por coronavirus superaron las 15,700 el jueves en los Estados Unidos, aunque hay indicios de que la pandemia podría estar llegando a su punto máximo, según un recuento realizado por la agencia noticiosa Reuters.
El gobierno advirtió a los estadounidenses que esperen
cantidades alarmantes de muertes por coronavirus esta semana a pesar de que un
influyente modelo universitario redujo el miércoles su número proyectado de
muertes por la pandemia en un 26%, a 60,000.
Las muertes estadounidenses establecieron nuevos récords
diarios el martes y miércoles con más de 1,900 nuevas muertes reportadas cada
día, según un recuento de Reuters.
Solo Italia tiene más muertes totales con 17,669 fallecimientos reportados el miércoles.
España reportó 15,238 muertes totales el jueves.
Los países europeos, incluidos Italia y España, los más
afectados, han comenzado a mirar hacia adelante para reducir los bloqueos, pero
sus tasas de mortalidad relacionadas con el coronavirus han fluctuado después
de mostrar inicialmente una disminución.
En España después de dos días de aumentos, el número de
muertes diarias disminuyó el jueves.
Italia impuso un bloqueo nacional el 9 de marzo para frenar la propagación del
virus y España siguió el 14 de marzo.
El estado de Nueva York exigió que todos los residentes se
quedaran en casa, excepto los negocios esenciales el 20 de marzo y ahora más
del 94% de los estadounidenses están bajo órdenes similares pero Estados Unidos
se ha resistido a una orden nacional de quedarse en casa.
El Departamento de Salud aceptó que se equivocó cuando -horas antes- informó que en Puerto Rico había 1,000 pacientes con dengue cuando la cifra era de 120 casos.
El doctor David Capó, director de la Oficina de Epidemiología del Departamento de Salud, aclaró -en un comunicado de prensa- que el número dado en la mañana de hoy -jueves- sobre los casos de dengue, no asciende a mil, sino a 120.
Capó reconoció que, por un «error humano», ofreció un número que no refleja la estadística que tiene el Departamento de Salud, pero tras reunirse con su equipo de epidemiología, pudo validar las cifras oficiales.
Dicha aclaración surge, luego de que el epidemiólogo declarara en una entrevista de radio que los casos habían superado la cifra de mil, número que resulta de la proporción estimada de casos asintomáticos por cada caso confirmado.
«A pesar de que la tendencia de casos de dengue en la isla refleja un aumento sostenido, actualmente no se podría indicar que exista brote alguno», señaló.
“En la actualidad, los casos confirmados de dengue en Puerto Rico alcanzan los 120. Este no es un número alarmante ni mucho menos se considera un brote, pero nos mantenemos vigilantes a las tendencias y estadísticas. Nuestro enfoque es atacar y minimizar los efectos de todo lo que atente contra la salud del pueblo de Puerto Rico. A pesar de que estamos enfocados en el COVID-19, no minimizaremos los esfuerzos para atender cualquier situación salubrista que sea amenaza para la salud del pueblo”, subrayó el galeno.
Igualmente, insistió en la importancia de actuar proactivamente ante esta situación, más aún en momentos en que se batalla por controlar los contagios por el coronavirus.
“En momentos en que el país debe, principalmente, concentrarse en mitigar el impacto del COVID-19 el mensaje debe ir dirigido a la importancia de reforzar medidas de control de vectores necesarias para evitar la proliferación y propagación del mosquito Aedes Aegypti, responsable de la transmisión del dengue, así como otras enfermedades como el zika y chikungunya. La herramienta fundamental es la eliminación de todos los criaderos. Acción que se puede llevar a cabo en momentos en que la ciudadanía se mantiene en sus casas para evitar el contagio y propagación del COVID-19”, indicó el especialista.
Algunas de esas medidas son:
Descartar recipientes que acumulen agua como neumáticos, baldes, latas.
Poner boca abajo los que no puedan ser descartados.
Colocar mosquiteros en todas las ventanas y en la puerta de ingreso a la vivienda.
Mantener el pasto cortado y patios limpios de envases que acumulen agua.
Cambiar el agua de floreros, platos bajo tiestos y bebederos de mascotas diariamente.
Tapar los tanques y recipientes para recolectar agua.
En Puerto Rico, el dengue es una enfermedad endémica
cuyos casos de transmisión suelen aumentar durante la temporada más cálida y
lluviosa, que, usualmente, sucede entre los meses de agosto a noviembre. Cada
cierto tiempo el nivel de transmisión de dengue en la Isla aumenta a niveles
epidémicos.
La Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, mejor conocido como Codepola, donó hoy -jueves- equipo de protección a la Policía Municipal y estatal del municipio de Trujillo Alto.
Ariel Torres Meléndez, presidente de Codepola, expresó que con esta iniciativa “nos unimos al esfuerzo de luchar juntos para eliminar esta terrible pandemia del coronavirus”.
Explicó que las mascarillas de tela, selladas por ambos lados y reforzadas en su interior con filtros de protección (pliegues de polipropileno), fueron diseñadas por una comerciante trujillana.
Torres Meléndez entregó las mascarillas al teniente Rubén Figueroa, comandante del cuartel de Trujillo Alto de la policía estatal y a Eddie Cosme, comisionado de la Policía Municipal de este pueblo, quienes se encargarán de distribuirlas entre los miembros de la uniformada estatal y municipal, así como al personal de la Oficina de Manejo de Emergencias de Trujillo Alto que trabajan en medio de esta pandemia.
Junto a los profesionales de la salud, los policías
han sido algunos de los profesionales de primera línea de la crisis contagiados
con el COVID-19, por lo cual han tenido que cerrar varios cuarteles estatales y
municipales para el proceso de desinfectar mientras el personal es separado de
la fuerza y puesto en cuarentena.
“Estamos orgullosos por el trabajo excelente que han estado realizando todos los agentes de ley y orden en Puerto Rico. Reconocemos su labor titánica sin precedentes en la historia. En medio de esta pandemia, siguen en la calle poniendo en juego su salud para salvar nuestras vidas. Creo que es momento de que todo empresario en su área de negocio o residencia colaboren con el Estado porque esta lucha es de todos”, afirmó el presidente de Codepola.
Torres Meléndez informó que dialogó sobre esta iniciativa con el Comisionado de Seguridad de la Policía de Puerto Rico, Henry Escalera, “sus palabras fueron solo de agradecimiento”.
Por su parte, el comisionado de la Policía Municipal de Trujillo Alto, Eddie Cosme, manifestó que “estas mascarillas serán de gran ayuda, ya que las mismas se pueden lavar y son reusables”.
A diferencia de las cesantías que ha tenido que implementar una gran mayoría de negocios como secuela de la pandemia de coronavirus, la Industria del Cannabis Medicinal aumentará su plantilla de empleados para poder cumplir con los pedidos crecientes.
“Los productos que ofrece la Industria del Cannabis están considerados como esenciales porque redundan en salud para los pacientes que los consumen. Por eso, a diferencia de otros negocios que se han visto obligados a cesantear a sus empleados nosotros estamos buscando para poder cumplir con la demanda que casi se ha duplicado con la emergencia”, señaló Goodwin Aldarondo, presidente de Puerto Rico Legal Marihuana (PRLM) en comunicación escrita.
Según explicó, la Industria del Cannabis es una altamente regulada. Sus empleados tienen que contar con un sinnúmero de cursos aprobados y ese es precisamente el elemento que hace más difícil su reclutamiento, aunque haya plazas vacantes y listas para ocupar.
“Sabemos que hay muchas personas buscando empleo en estos momentos por lo que la Industria del Cannabis es una opción real”, aseguró el experto al adelantar que por esa razón la Oficina de Cannabis Medicinal aprobó el ofrecimiento de cursos ‘online’ como medida de alivio ante la situación que enfrenta el país.
Antes de esta autorización, un estudiante que deseaba tomar los cursos lo tenía que hacer de forma presencial. Para evitar el contagio y por la seguridad de los estudiantes y los recursos ahora se puede hacer por internet.
Los cursos que se estarán ofreciendo ‘online’ son los que se le requiere a cualquier empleado para poder comenzar a trabajar y otros de educación continua para mantener al día sus licencias y evitar multas. Entre estos figuran; Licencia Ocupacional, Técnico de Dispensario, Buenas Prácticas Agrícolas y Manufactura. También otros para el personal de seguridad y el nuevo curso de Administrador de Sistema de Rastreo (Biotrack THC) para dispensarios.
Se ofrecerán sesiones diurnas y nocturnas durante la semana y otros durante el fin de semana. Todas tienen una duración de seis horas divididas en dos sesiones de tres horas cada una.
“En las pasadas semanas hemos recibidos decenas de ofertas de empleo para cultivos, manufacturas y dispensarios. Se contempla que esta situación perdure por varios meses, así que capacitarse ahora representa una gran oportunidad”, apuntó el también abogado de profesión.
Los cursos ‘online’ solo estarán disponibles de manera temporera durante los meses de abril y mayo, mientras Puerto Rico siga bajo la Orden Ejecutiva que promueve el aislamiento social.
“No fue fácil crear los protocolos que brindaran de manera efectiva los cursos y que al mismo tiempo cumplieran con el Reglamento dentro de la situación de emergencia que nos ocupa. No obstante, asumimos el reto porque si hay otras profesiones como los abogados, médicos y farmacéuticos tomando sus cursos y educación continua en línea, la Industria del Cannabis también lo puede hacer”, concluyó Aldarondo en declaraciones escritas.
Los cursos ‘online’ discuten los aspectos legales, científicos y regulatorios de la Industria. Los mismos van dirigidos, principalmente, a personas que se encuentran trabajando en la industria o aquellas interesadas en conseguir empleo en el campo.
Información adicional puede encontrarse en las redes sociales de PRLM; Puerto Rico Legal M en Facebook y puertoricolegalmarijuana en Instagram.
La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, desmintió las expresiones de la gobernadora Wanda Vázquez Garced en torno a que los contratos de compra bajo estado de emergencia no pueden ser evaluados por la entidad federal.
Jaresko solicitó que antes del 13 de abril de 2020, los contratos deben ser entregados al ente federal para su evaluación aún cuando hayan sido cancelados. La información se desprende de una carta que directora ejecutiva de la JCF le envió al gobierno local.
“El 6 de abril de 2020, la Junta le envió una carta solicitando confirmación de que el gobierno había cancelado los acuerdos para la compra de productos médicos, incluidos los rapid kits para coronavirus, por un monto aproximado de $40 millones con varias compañías, incluidas 313 LLC y Apex General Contractors, y que los fondos públicos correspondientes habían sido reembolsados al fondo de emergencia. El 8 de abril de 2020, el Gobierno confirmó que el pedido de kits de prueba Promedical de coronavirus por un monto de $38 millones se canceló el 2 de abril de 2020 y que el depósito de $19 millones relacionado con el mismo fue reembolsado en su totalidad al Gobierno el 6 de abril de 2020”, dijo Jaresko en una misiva.
“Además, como se destacó en nuestra carta, el Gobierno no había presentado los acuerdos para comprar los kits de prueba rápida antes mencionados para la revisión de la Junta según sea necesario bajo la política de revisión de contratos de la JCF de conformidad con la Sección 204 (b) (2) de PROMESA. Además, como lo indica nuestra carta, los acuerdos para la compra de productos médicos tuvo que ser presentado a la Junta de conformidad con la Orden Ejecutiva Número 2020-24, que requiere que cualquier contrato ejecutado de acuerdo con dicha Orden Ejecutiva se presente a la Junta en la fecha de ejecución”, añadió.
Sin mencionar a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, Jaresko indica en la carta que «el gobierno de Puerto Rico declaró en una conferencia de prensa celebrada el 8 de abril de 2020 que no presentó para la revisión de la Junta los acuerdos de compra en cuestión porque fueron hechas a través de “órdenes de compra” y “órdenes de compra” no son contratos. Deberías estar alerta que desde una perspectiva legal, un acuerdo para la compra de bienes o servicios, ya sea designado como “orden de compra” o cualquier otro término, es un contrato para la compra de bienes bajo la Ley de Puerto Rico, independientemente de su título. Ver artículo 1334 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. segundo 3741.
«Hasta la fecha, el Gobierno de Puerto Rico no ha presentado a la Junta documentos que evidencian la forma en que se contrató la compra de los kits de pruebas rápidas», advierte Jaresko.
“En relación con lo anterior, la Junta quisiera aclarar que la Sección 204 (b) (2) de PROMESA se aplica a cualquier contrato o acuerdo, como órdenes de compra emitidas por el gobierno, que sean exigibles acuerdos contractuales bajo la ley y práctica administrativa de Puerto Rico, que se propone celebrado por el gobierno (que incluye el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ramas del gobierno) o cualquier instrumento cubierto, y de otra manera cumplir con los requisitos de la Sección 204 (b) (2) de PROMESA. Además, la Sección 204 (b) (2) de PROMESA se aplica a todos los contratos en los que el Estado Libre Asociado o cualquier otra instrumentalidad es una contraparte, incluidos aquellos con el gobierno federal, los gobiernos estatales, organizaciones privadas y organizaciones sin fines de lucro”, sentenció Jaresko.
“En consecuencia, según la descripción que se ha divulgado públicamente con respecto a estos acuerdos y la documentación presentada ayer, previa aprobación de la Junta habría sido requerido por la Sección 204 (b) (2) de PROMESA. Por lo tanto, de acuerdo con lo anterior, envíe a la Junta para revisión de los acuerdos de compra en cuestión a más tardar el 13 de abril de 2020, independientemente de si han sido cancelados. Si el Gobierno no cumple, la Junta puede tomar las medidas que considere necesarias, incluso de conformidad con la Sección 204 (b) (5) de PROMESA”, concluyó la difrectora ejecutiva de la JCF.
Una medida que establece el sistema de respuesta a llamadas de emergencias por casos de violencia doméstica vía el número telefónico 0-0-0, el cual se conocerá como «Llegó la hora cero» y que fue aprobada por la Cámara Representantes y el Senado, carece de una asignación de fondos para ponerla en vigor, según denunció el senador, Juan Dalmau Ramírez.
Dalmau Ramírez, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño en el Senado, indicó que aunque favoreció el proyecto del Senado 1548, presentado por la senadora, Evelyn Vázquez, emitió un voto explicativo porque la medida carece de presupuesto para pone en vigor el nuevo número telefónico para emergencias de violencia doméstica que estará adscrito a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
El Proyecto 1548 integra un paquete de proyectos avalados por ambos cuerpos y que posiblemente sean enviados a la Fortaleza en las próximas semanas para la firma de la gobernadora Wanda Vázquez Garced.
“A pesar de lo apremiante que se ha tornado atender la
situación de violencia doméstica, la medida no identifica las partidas
específicas que servirán como fuente de su presupuesto, ni la cantidad mínima
que deberá asignarse al nuevo sistema para asegurar su funcionalidad. Esta
carencia de especificidad coloca la pieza en riesgo de convertirse en letra
muerta, si se aprobarse finalmente”, dijo Dalmau Ramírez.
Según el senador, el texto adscribe la nueva línea de
emergencias a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres “una agencia que
nunca contó con los fondos suficientes para llevar a cumplimiento la labor que
le fue encomendada, y cuyo presupuesto ha sido diezmado en años recientes”.
Dalmau Ramírez también señaló que el proyecto pasa por alto
que ya existe en la isla una línea de emergencias cuyo funcionamiento ha sido
sistemáticamente desmantelado bajo diversas administraciones.
“En lugar de fortalecer el sistema de emergencias 911, ahora
se propone diseñar un sistema paralelo que requerirá una inversión considerable
en educación y publicidad, en un momento en el que el tiempo apremia. Si en
efecto contamos con recursos suficientes, estos debieron asignarse a las
estructuras que en mejor posición se encuentran para atender la emergencia de
forma inmediata” indicó el senador independentista.
El senador agregó que el lenguaje de la medida coloca a la
víctima de violencia doméstica en la disyuntiva de verse obligada a renunciar
mecánicamente a un derecho constitucional, debido a que, según el Proyecto, al
llamar a la línea de emergencias “se
entenderá como un relevo y consentimiento expreso de la persona que efectúa la
llamada a que la misma sea rastreada, identificada por su número de origen,
grabada y será utilizada para responder a la emergencia”.
“El proyecto tampoco define con particularidad los
parámetros bajo los cuales las grabaciones serán admisibles como evidencia en
los tribunales, lo que podría suponer incongruencias con otros derechos constitucionales”
, advirtió el senador.
La alcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri, sostuvo hoy que es muy probable que en Ponce existan más casos positivos a coronavirus que los reportados y no pudo ofrecer una explicación para la disparidad entre los ocho casos positivos que ella informó hoy y los siete casos que el Departamento de Salud le adjudicó al pueblo de Ponce en su informe diario.
Salud informó hoy que Ponce tiene siete casos positivos a
coronavirus, lo que implica un incremento de dos casos con respecto al informe
del día anterior. Pero esa cifra no concuerda con los ocho casos que la alcaldesa
Meléndez Altieri reveló durante una entrevista en la estación de radio WKAQ en
la mañana de hoy.
Por medio de mensaje de texto EsNoticia le cuestionó a la
alcaldesa sobre la disparidad de cifras y le solicitó que indicara cuál era la
cifra correcta. En respuesta Meléndez Altieri sostuvo “ocho de la escuela de
medicina de Ponce y faltan los resultados de los laboratorios, que no los
tenemos porque no nos lo dan”
Tras esa respuesta EsNoticia le preguntó a la alcaldesa: “Es
decir, los siete de Salud están en los ocho de la escuela de medicina de Ponce…¿es
así? “.
Meléndez Altieri respondió de inmediato dejando saber su inconformidad
con los laboratorios privados: “No
sabemos , no tenemos información de los laboratorios privados y los hippas . La
escuela de medicina de Ponce reporta a Salud a diario y cumplimos según la
orden ejecutiva. Pero la epidemiologa regional del Departamento de Salud me
dice que no puede darme (los resultados) de los laboratorios privados y los
hippas porque no está autorizada. Llevo tres semanas a diario pidiéndosela y me
dice que no tiene autorización. Así estamos todos los alcaldes y alcaldesas. Yo
sé lo que es la ley de confidencialidad pero a nosotros nos interesa el cuadro
completo y los nombres, para el contact tracing y que no infecten a nadie más”.
Entonces alcaldesa, ¿podrían haber más casos en Ponce que
los ocho ya reseñados?, cuestionó EsNoticia.
“Claro que si”, respondió Meléndez Altieri y añadió “esa es
la preocupación del task force de Ponce. Somos 23 profesionales médicos de
diferentes especialidades de la salud, de la escuela de medicina de Ponce , 3
epidemiólogas de la escuela de medicina de Ponce , hay un siquiatra y una
sicóloga , yo como dentista y alcaldesa y los 4 directores médicos de los 4
hospitales de Ponce y un 330 de CDT de la
Playa de Ponce”.
La alcaldesa sostuvo que de lunes a viernes el task force médico
de Ponce sostiene reuniones a través de internet para, entre otros, asuntos
darle seguimiento a las últimas cifras y para aumentar las medidas preventivas.
“Tenemos call center, serví carro para
la prueba molecular PCR . No hacemos el rapid test. Ponce municipio hizo un
acuerdo con la escuela para que los ponceños no pagaran por las pruebas PCR .
Desde la semana que viene el laboratorio de la escuela tendrá los reactivos
para poder determinar con las pruebas quién tiene y quién no”.
El alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, también ha dejado saber su insatisfacción con la falta de información sobre los residentes contagiados de parte del Departamento de Salud y el task force médico, lo que le ha impedido al municipio ofrecer asistencia a las familias afectadas.
Juana Díaz ha registrado 12 residentes infectados con coronavirus, que constituye la tasa de contagio más alta de la zona sur y la séptima más alta en toda la isla. Juana Díaz y Mayaguez integran el grupo de siete pueblos con las tasas más altas de contagios en la isla según el informe del Departamento de Salud.
Un confinamiento temprano y otras medidas de prevención impulsadas por el gobierno estatal han permitido que California, con más de 40 millones de habitantes y 422 muertes por coronavirus, se haya convertido en ejemplo de cómo afrontar la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, según un artículo producido por Yahoo News.
Hasta ahora, la mayor metrópoli de la nación, Los Ángeles,
con más de 10 millones de ciudadanos, ha registrado menos de 7,573 casos y 199
muertes, cifras lejanas a las de la ciudad de Nueva York, que tiene 8 millones
y medio de habitantes y ha confirmado unos 140,386 contagios y más de 5,489
fallecimientos.
«California lo ha ido haciendo bastante bien en la
pandemia de COVID-19, con un número relativamente bajo de infectados por cada
100,000 personas y una baja tasa de mortalidad», dijo en declaraciones a
Efe la profesora Karin Michels, jefa del Departamento de Epidemiología de la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).
El gobernador californiano, Gavin Newsom, fue uno de los
primeros del país en decretar un confinamiento relativamente estricto, que
solamente permite actividades «esenciales» como ir al supermercado y
a la farmacia, y ejercitarse respetando las distancias de seguridad entre
personas.
En contraste, ocho estados -Arkansas, Iowa, Nebraska, Dakota
del Norte, Dakota del Sur, Carolina del Sur, Utah y Wyoming- no han ordenado a
sus habitantes quedarse en casa de manera obligatoria.
«El gobernador emitió órdenes de ‘seguridad en el
hogar’ y ‘refugio’ con relativa rapidez. Universidades como UCLA y otros
grandes empleadores cerraron incluso antes y enviaron personas a trabajar,
enseñar y estudiar desde casa», subrayó Michels, con amplia experiencia en
prevención de enfermedades, salud pública y métodos estadísticos.
Newsom también tomó la iniciativa en decretar el cierre de
escuelas, que permanecerán clausuradas hasta el próximo curso, como medida de
prevención; en pedir al presidente Donald Trump que enviase un buque hospital a
Los Ángeles para apoyar a los hospitales locales antes de que llegase a un
hipotético pico en número de casos, que todavía no ha ocurrido; y en cerrar las
playas y parques del estado.
Otro de los puntos que parece haber ayudado hasta el momento
en el excepcional caso de California frente al coronavirus, según los expertos,
es la baja densidad de población del estado, lo que reduce las posibilidades de
contagio y permite respetar mejor las normas de distanciamiento social.
«A pesar de tener una gran población, los californianos
no habitan de manera tan densa como los neoyorquinos. Las ciudades se extienden
con pocos rascacielos: en relación con otros estados, muchas más personas en
California viven en casas, no en edificios de apartamentos o edificios
altos», resume Michels, que se basa en datos de un estudio de su
universidad.
California ha registrado una tasa de mortalidad per cápita
mucho más baja que la mayoría de los estados más grandes de la nación, con la
excepción de Texas.
«El estado tiene una edad promedio baja y una alta
densidad de centros de atención médica, lo que puede haber contribuido a la
baja tasa de mortalidad», explicó Michels.
De acuerdo con un reciente estudio publicado en la revista
The Lancet, la tasa de mortalidad entre los infectados de 20 años es del 0,03
%, mientras que para las personas de 70 años es del 8,6 %.
Las autoridades californianas han proyectado números
alarmantes en las últimas semanas, aunque hasta ahora esas estimaciones no se
han cumplido.
El propio Newsom previó hace dos semanas que más de la mitad
de la población del estado, es decir, unos 25 millones de personas, se
infectaría, por lo que rogó a sus habitantes que siguieran las directrices al
pie de la letra.
Por su parte, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, no
dudó en pronosticar que la ciudad «seguiría los pasos de Nueva York»
en número de casos, un escenario catastrófico que todavía se muestra muy
lejano.
Estados Unidos superó los 14,800 muertes por coronavirus y
casi 432,554 infectados, según el recuento del Centro de Sistemas, Ciencia e
Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins.
El presidente de la Comisión cameral de Salud, Juan Oscar Morales, no descartó hoy que la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, sea citada a comparecer como parte de la pesquisa que realiza esa comisión sobre la compra de pruebas rápidas del coronavirus.
“Nosotros vamos a citar a todo el que entendamos necesario para que podamos aclarar esta situación”, dijo Morales en entrevista en la estación de radio NotiUno.
“A todos los que nosotros entendamos necesarios, los vamos a citar”, respondió Morales ante la insistencia del entrevistador para conocer si citarán a la gobernadora.
Entretanto, indicó que citarán entre 10 a 15 personas involucradas, incluyendo a Juan Maldonado, abogado de Apex General Contractors, la empresa que supliría las pruebas rápidas. Dijo que Quiñones de Longo regresa a testificar el martes a las 9:00 de la mañana, cuando también está citada Adil Rosa, exsecretaria auxiliar de administración del DS, quien pidió tiempo para poder contratar asistencia legal.
Además, Morales sostuvo que es muy prematuro decir si esta investigación terminará con acusaciones. Sin embargo, señaló que se emitirá un informe y que “si hay irregularidades, las vamos a referir al Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y las autoridades federales”.
“Vamos hasta el final de esta investigación para ver quién le mintió al país”, dijo el legislador.
La comisión inició una investigación sobre la emergencia del coronavirus, para auscultar las alegadas irregularidades en el proceso de compra de un millón de pruebas rápidas de coronavirus a un costo de $38 millones mediante la compañía Apex General Contractors, una empresa dedicada inicialmente a la construcción y con alegados vínculos con el Partido Nuevo Progresista.
En conferencia de prensa, la gobernadora alegó que Quiñones de Longo “evidentemente está mintiendo” y que espera que enfrente las consecuencias de esa acción.
“Tuvimos ayer (miércoles) a la doctora Quiñones de Longo expresando la manera y forma en que ha venido operando esta emergencia el gobierno de Puerto Rico; cómo desde Fortaleza se han dado instrucciones para que se iniciara un proceso de compra. Estuvo narrando la intervención de esta ayudante de la gobernadora con relación a que tenía que firmar la orden en 20 minutos; cómo ella entiende que fue excluida de este ‘Task Force’ que la llevó a finalmente presentar la renuncia por todas estas situaciones que ella entiende que a través de sus experiencia laboral no eran normales”, dijo Morales.
Asimismo, Morales dijo que el miércoles compareció el comisionado del Negociado del Negociado de Manejo de Emergencias, general José Burgos, quien admitió que las 500 pruebas que supuestamente se perdieron, fueron recibidas por la persona que dice Quiñones de Longo y que no hizo ningún tipo de investigación al respecto. Sobre la orden de $38 millones para la compra de pruebas rápidas, Burgos dijo que el asesor legal de la compañía le solicitó que la cancelación de la orden fuera por falta de autorización de la FDA y no porque no habían cumplido con el tiempo de entrega.
“Eso es muy distinto a lo que la gobernadora ayer (miércoles) en su conferencia de prensa mencionó”, dijo el legislador.
