Por Redacción Es Noticia

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La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) determinó que seguirán con el proceso de reestructuración de la deuda y mejorarán la responsabilidad fiscal en Puerto Rico, según lo dispuesto en la Ley PROMESA.

Las decisiones incluyen aprobar varias solicitudes de redistribución de presupuesto; incluyendo solicitudes por parte del Gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, la Autoridad de Carreteras y Transportación y la Universidad de Puerto Rico para pagar un bono de Navidad a sus respectivos empleados.

Otras determinaciones:

• Comenzar las negociaciones con los acreedores con respecto a la radicación de un Plan de Ajuste enmendado, tan pronto como sea posible, para reducir los aproximadamente $35,000 millones de deuda y otras obligaciones del Gobierno de Puerto Rico. Las negociaciones se iniciarán sobre la base de una propuesta que toma en cuenta el efecto de la pandemia de COVID-19 en la ya debilitada economía de Puerto Rico. El plan enmendado que los miembros de la Junta de Supervisión proponen proporcionaría a los acreedores alrededor de $6,000 millones en efectivo, alrededor de $5,000 millones en bonos de obligación general y un instrumento de valor contingente (CVI, en inglés) de hasta $1,000 millones. La propuesta del plan enmendado también aplicaría una reducción del 8.5% a las pensiones que excedan los $1,500 por mes, por lo que menos del 30% de los jubilados del servicio público de Puerto Rico se verían afectados.
• Aprobar un contrato para liquidar un préstamo de $78 millones a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) por parte del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico por un pago de liquidación de $20.5 millones.
• Aprobar que AAA busque un reembolso potencial de ciertos bonos que tiene en circulación para lograr mayores ahorros en la corporación pública.
• Aprobar un contrato modificado entre la AEE y Puma Energy Caribe LLC para el suministro de combustible diésel para generadores de energía.
• Aprobar, bajo ciertas condiciones, unas enmiendas a los contratos de Organizaciones de Cuidado Administrado para que reflejen una expansión provisional a la elegibilidad de Medicaid.
• Aprobar una solicitud del municipio de Gurabo para utilizar los fondos restantes de sus bonos de refinanciamiento de obligación general de 2013 para la repavimentación de carreteras afectadas por los huracanes Irma y María.

Por otro lado, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, dijo que el gobierno de Puerto Rico no implementará las leyes sobre retiro incentivado hasta tanto lleguen a un acuerdo sobre el impacto fiscal.

“La Junta no está tomando ninguna decisión de política pública sobre las leyes, de si nos gustan, no nos gustan, si estamos de acuerdo o no. Solamente hay una consideración y es que sean consistentes con el plan fiscal. Si el gobierno logra identificarnos como lo harán, que ahorros lograran del Plan Fiscal para conseguir pagar estos costos incrementales, entonces la Junta validará que es consistente con el Plan Fiscal. Al momento, el Gobierno no ha presentado evidencia de que tienen los ahorros para pagar los costos adicionales”, dijo Jaresko en conferencia de prensa.

La ley 80 de 2020, ordena un programa de retiro para que los empleados públicos elegibles puedan retirarse antes de la edad establecida. La Ley 81 ordena devolverles a los policías, bomberos, oficiales de custodia y sus familiares una pensión vitalicia a aquellos que tengan 30 años o más de servicio.

Por otro lado, la ley 82 establece que los participantes del Sistema de Retiro para Maestros puedan autorizar que se les destine el balance o el exceso preexistente de la licencia por enfermedad a su Sistema de Retiro para que cotice como tiempo trabajado, luego de haber utilizado la totalidad del balance disponible de la licencia de vacaciones para estos fines.