Por Cybernews

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Euromonitor International, líder en investigación estratégica de mercado, lanzó el primer estudio sobre el comercio ilícito de bebidas alcohólicas espirituosas en América Latina y el Caribe luego del impacto de COVID-19. Las conclusiones mostraron un incremento en la actividad ilícita en todos los países analizados, representando 298,700,000 litros de alcohol puro para finales de 2020 en toda la región.

El estudio, realizado en Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú y República Dominicana, destaca que indicadores como el PIB, renta y empleo aunado a las restricciones en el acceso a la venta en canales formales generan cambios en los escenarios desarrollados. Sin embargo, el mercado de bebidas espirituosas ilícitas crece en todos los casos, incluso bajo los escenarios más optimistas, y estima que, de darse una lenta recuperación económica, incrementarían las probabilidades de que aumente esta actividad criminal.

Colombia es el país con mayor porcentaje de crecimiento de actividad ilícita con un 10.6% comparado con los niveles de 2019, seguido por Brasil, con un incremento de 10.1%, México, con 9.8%, y República Dominicana, con 9.4%. Perú y Panamá también fueron víctimas de este crecimiento, con un 6.5% y 6.4% respectivamente.

El estudio identificó los principales propulsores de la actividad ilícita en América Latina y el Caribe:

• El impacto de la pandemia aumentó de la inestabilidad por la desigualdad de ingresos y pérdida de empleo, que afectó tanto al poder adquisitivo como a las aspiraciones de compra y empujó a consumidores a buscar productos de menor costo y, por ende, abriendo oportunidades a proveedores de alcohol ilícito. Los actores criminales aprovecharon este impacto para desarrollar nuevas estrategias y ofrecer productos ilícitos que lucen originales, engañando a los consumidores que buscan mantener su estilo de vida a menor costo.
• El menor acceso a bebidas legales durante COVID-19, dado en parte por medidas tomadas para frenar la pandemia como prohibiciones, restricciones de venta y cierre de comercios, también ha impulsado un cambio en el comportamiento de los consumidores.
• Los actores criminales aprovecharon la proliferación de nuevos canales de distribución que se dispararon debido a la pandemia, como los pequeños comercios, el comercio electrónico y las aplicaciones de entrega. Dentro de estos nuevos canales, se crearon plataformas ilegales para vender productos ilícitos y realizar transacciones fraudulentas. En esta nueva realidad, bares y discotecas ya no son el único canal para la proliferación del mercado ilícito.
• Una menor capacidad de las autoridades de vigilar la aplicación de la ley en la industria y el aumento de la importación de materia prima como el etanol, impulsó las prácticas informales a lo largo de toda la cadena de suministro, donde las bandas criminales aprovecharon para abastecer a las cadenas de falsificación.

Históricamente, estudios realizados han demostrado que las ventas ilícitas generan un impacto negativo en la sociedad, gobiernos y negocios. Estos datos son importantes para la implementación efectiva de mecanismos de colaboración entre este sector, gobiernos y comunidades con el fin de combatir los efectos dañinos en la salud pública, las pérdidas fiscales y la propagación de bandas criminales, entre otros. El estudio resalta mejores prácticas que han probado ser exitosas:

• Concientizar al consumidor, para la toma de decisiones informadas en los momentos de consumo. Los consumidores deben ser informados de los riesgos para la salud que conlleva el consumo de productos alternativos, así como de las estrategias adoptadas por los proveedores de bebidas espirituosas ilícitas para engañarlos, aumentando la conciencia de los riesgos en los diferentes momentos de consumo y, por lo tanto, la toma de mejores decisiones.
• Acuerdos de colaboración entre los diferentes actores. El combate al mercado ilegal demanda un trabajo colaborativo permanente entre las diferentes partes para evaluar como este se desarrolla y si las acciones tanto de comunicación como de de política pública están dando frutos o no.
• Los nuevos canales de venta como e-commerce representan una oportunidad y un reto, y es por eso que deben fortalecerse los mecanismos de control que eviten la propagación del mercado ilícito. Para contrarrestar la actividad ilícita es clave una cooperación entre productores, comerciantes, plataformas digitales y gobierno. Es necesario establecer un monitoreo para garantizar que los productos sean lícitos, que hayan pagado los impuestos correspondientes y pasado los controles de salud que el país establece. En el estudio se mostró que han proliferado lugares que realizan venta de productos ilícitos generando una competencia desleal a todos los canales de venta formales (online y offline).
• La ley y su aplicación deben ir de la mano. La aplicación de la ley debe combinar un marco jurídico sólido con instrumentos de coordinación que permitan una vigilancia que frene las actividades criminales efectivamente, sin penalizar a los actores que estén en conformidad con la ley.
• Capacitación permanente. Los servidores públicos deben tener acceso a las herramientas necesarias para identificar efectiva y constantemente nuevas estrategias criminales.

El modelo del estudio se basó en factores predeterminados incluyendo data macroeconómica proyectada en 2020 como el PIB, ingresos y dinámicas de la población en conjunto con información histórica de estudios relacionados al alcohol ilícito. A eso se sumó un análisis del impacto generado por medidas específicas alrededor de COVID-19 como la disrupción en la cadena de abastecimiento, restricciones y comportamiento del consumidor. La base de la proyección asume una mayor ola de COVID-19 entre el primer trimestre a tercer trimestre de 2020, seguido por oleadas más suaves y mejor controladas en la segunda mitad del año.