La Cámara de Representantes tiene ante su consideración un proyecto que busca allegar capital humano al cuerpo de seguridad pública a través de una enmienda a las Reglas de Procedimiento Criminal.
El Proyecto de la Cámara 2336 propone una enmienda a la Regla 11 de la Ley 87 de 26 de junio 1963 para aumentar la cantidad de funcionarios que tienen la autoridad de realizar arrestos.
“De aprobarse este proyecto tendremos a agentes federales realizando intervenciones como lo haría un policía estatal”, señaló el legislador Gabriel Rodríguez Aguiló.
La enmienda, según explicó, reconocería como funcionario del orden público:
agentes especiales del Servicio Secreto
agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés)
agentes especiales de Inmigración y Fronteras
agentes especiales de la Oficina de Investigación de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos
alguaciles de la Rama Judicial
inspectores del Servicio Postal de Estados Unidos
El legislador indicó que, para palear el aumento de casos violentos en la isla, la gobernadora Wanda Vázquez Garced puso en marcha medidas de emergencia que incluye la cancelación de vacaciones a los policías y turnos de trabajo de 12 horas, entre otras.
“No obstante, para reforzar esta acción y que nuestros ciudadanos puedan salir a la calle con la certeza de estar más protegidos, sometimos el Proyecto de la Cámara 2326”, precisó el Representante.
A través de la enmienda a la Regla 11, se facultaría a los clasificados como nuevos funcionarios del orden público a realizar arrestos sin la orden correspondiente en las siguientes circunstancias: “creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito en su presencia, o cuando la persona hubiese cometido un delito grave, aunque no fuese en su presencia”, señala el proyecto.
La Policía investiga un incidente en el sector El Cercao, en Villalba, donde una persona se privó de la vida.
El hombre fue identificado como Joseph E. Laboy Rivera, de 24 años y quien utilizó un arma de fuego para la fatal decisión. El joven poseía licencia para portar arma. Fue identificado por familiares.
Una llamada al Sistema 9-1-1 alertó a la Policía lo ocurrido. Paramédicos llegaron a la escena lo encontraron sin signos vitales. El cuerpo estaba sobre el pavimento frente a una residencia, informó la Policía.
El incidente ocurrió a las 7:39 pm. del domingo.
La investigación estuvo a cargo del agente Elmer Rodríguez de Homicidios en unión al fiscal Jorge Martínez.
Se les pagó a 200 empleados, pero fueron a trabajar 58. Operadores de grúas cobraron sin haber pisado la Isla. Un celador sin la experiencia requerida cobró casi $58 mil por un mes y medio de trabajo, que es lo que cobra un celador de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en un año y cinco meses. Todo esto ocurrió en Puerto Rico bajo la supervisión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, en inglés).
Estas son algunas de las irregularidades reveladas en una auditoría de la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre los trabajos de reparación y restauración del sistema eléctrico luego del huracán María en Puerto Rico y que pudieran haber sumado hasta $50,100,000 en fondos federales.
La auditoría al Cuerpo de Ingenieros, publicada el pasado 30 de septiembre, detalla cómo dos de sus distritos — Hunstville y Jacksonville — fallaron en supervisar y revisar los contratos, facturas y trabajos realizados por las empresas Fluor Enterprises y PowerSecure en Puerto Rico. Estos fallos llevaron a que el Cuerpo de Ingenieros les pagara $20.9 millones a Fluor Enterprises y $29.2 millones a PowerSecure.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó reacciones a Fluor Enterprises y PowerSecure, pero al cierre de esta edición no respondieron el cuestionamiento sobre los hallazgos de la auditoría.
“Fluor está honrado de haber jugado un rol en ayudar a la gente de Puerto Rico a recobrar el sentido de la normalidad y está orgullosa de los múltiples logros para restaurar la electricidad mediante su contrato con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos”, fueron parte de las declaraciones generales que envió la empresa al CPI.
Facturaron trabajos sin haber llegado a Puerto Rico
Entre los hallazgos se encontró que Fluor Enterprises presentó una factura de cuatro trabajadores de línea y dos operadores de grúa de construcción correspondiente al periodo de pago entre el 3 y el 16 de diciembre de 2017, por $221,718. Sin embargo, estos empleados llegaron a Puerto Rico el 17 de diciembre de 2017. La compañía no pudo presentar evidencia de que esos empleados realizaron algún trabajo antes de llegar a la Isla.
La auditoría halló que 122 empleados cobraron 6,482 horas por gestiones antes de haber pisado suelo en Puerto Rico. Por esas horas de trabajo que no pudieron ser verificadas el Cuerpo de Ingenieros pagó $1.4 millones.
Aún más, la compañía facturó $134,777 por 1,043 horas de trabajo no corroboradas de 12 empleados que nunca llegaron a Puerto Rico.
Pagos sin firmas; descuadre en el número de empleados
Correspondiente al primer contrato otorgado a Fluor Enterprises, se analizaron 866 informes de trabajo de empleados para el periodo de pago entre el 18 y el 24 de diciembre de 2017. Ninguno de estos documentos tenía las firmas de los trabajadores que validaran la veracidad de las horas reportadas.
También se encontraron aprobaciones tardías de las hojas de asistencias. Por ejemplo, se aprobaron 519 informes de horas de trabajo con cinco semanas de tardanza.
La compañía reportó que 200 empleados trabajaron el 21 de diciembre del 2017. Sin embargo, al evaluar las hojas de asistencia, solo aparecen 58 trabajando ese día. Una diferencia de 142 empleados.
Igualmente sucedió el 23 de diciembre del 2017, cuando se informó que 190 empleados trabajaron, pero en la revisión solo aparecen 46 empleados.
Para un segundo contrato que se le otorgó a Fluor Enterprises, se encontró que solo tres de 520 hojas de asistencia contaban con las firmas de los empleados. También se toparon con 218 hojas certificadas sin la fecha de aprobación.
Según la auditoría, que no menciona la imposición de penalidades, el Cuerpo de Ingenieros violó el Reglamento Federal de Adquisiciones que dice que, aunque los contratos por servicios no proveen herramientas para garantizar los estándares de cumplimiento, les toca a las agencias supervisar adecuadamente el desempeño del contratista para asegurar el mejor uso de fondos públicos.
El Oficial de Contratación Administrativa señaló que, para velar por lo cumplimientos, USACE pudo ampararse en las hojas de trabajos del personal de cada empresa para corroborar la calidad de las labores realizadas. Esas hojas contienen los informes diarios, el nombre de la persona a cargo, la categoría de labor del equipo, las horas trabajadas, el equipo usado, la ubicación y el trabajo asignado.
El 8 de marzo de 2018, USACE solicitó a Fluor Enterprises que proporcionara todas las hojas de trabajo firmadas de manera individual. Sin embargo, la empresa indicó que, debido a que en ese momento habían terminado todos los trabajos de reparación para los que fueron contratados, estos empleados ya no estaban en Puerto Rico.
Las irregularidades también se repiten con la compañía PowerSecure. El 21 de diciembre del 2017, reportaron 311 empleados, pero los informes de USACE indican que fueron 245.
La auditoría analizó informes de horas de PowerSecure y no pudieron corroborar la veracidad de las horas facturadas para 19 de 45 días de la muestra evaluada, debido a que los informes de la empresa solo mencionan la cantidad de trabajadores asignados por una tarea sin que se incluyeran sus nombres. Los empleados no llenaban sus propios informes de horas, sino que era la empresa la que se encargaba de entrar esta información de manera manual, indica la auditoría.
Tampoco hubo una corroboración óptima de la veracidad de las horas facturadas por PowerSecure. USACE justificó el error con la complejidad de las labores. En ocasiones, los trabajadores viajaban en helicóptero a sus zonas de trabajo, pero el personal de control de calidad de USACE, que debía completar informes sobre la calidad del trabajo, no estaba autorizado a utilizar este transporte. A pesar de que los informes de calidad no coincidían con las facturas, USACE pagó las mismas.
Sin validar el over-time
Solo en tres de 77 hojas de asistencia se pudo certificar la necesidad de trabajos hechos en tiempo extra (over-time). Cuando se le preguntó a Fluor por qué el resto de los 74 empleados incurrió en tiempo extra, solo se limitó a decir que cumplieron con otras tareas: reuniones de seguridad, recogido de basura, limpieza de sus habitaciones y organización de equipo; trabajos para los que no se les contrató.
Fluor Enterprises, además, facturó a USACE 454 horas de trabajo over-time sin validar cómo se justificaban. En total, la compañía cobró $2.6 millones para pagar 12,106 horas sin proveer documentación de que los empleados realizaron trabajo en tiempo extra.
Contratan personal sin el expertise y pagan tarifas no acordadas
A un oficial de línea área (o celador) se le pagó $57,820 por 252 horas, que equivaldrían a un mes y medio de trabajo de un empleado celador de la AEE. Tenía menos de un año de experiencia; y no los tres años requeridos. El salario promedio de un celador de la AEE es de $40 mil al año, según el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo.
Aún más, Fluor Enterprises facturó $94,589 para pagarle a un superintendente que no tenía documentación que mostrara que contaba con 10 años de experiencia.
Igualmente, subcontrató operadores de grúas con certificaciones que no especificaban qué equipo podían manejar; con documentación no actualizada o que no los capacitaba para trabajar con grúas.
En resumen, el Cuerpo de Ingenieros no requirió a Fluor Enterprises prueba de que sus empleados contaban con al menos un año de experiencia de trabajo general, tres años de experiencia en manejo de equipo pesado o grúas, y entre tres y 10 años para trabajos especializados en energía, según lo requería el contrato.
USACE también aceptó que no validó las certificaciones de los subcontratistas de PowerSecure antes de pagar por los servicios prestados. La agencia aprobó seis facturas a esta empresa sin incluir las tarifas por hora que figuraban en el contrato. Las incluyó cinco meses después. La auditoría no indica si se pagó a sobreprecio por el servicio.
El Cuerpo de Ingenieros no estuvo disponible para emitir una reacción sobre los hallazgos de esta auditoría.
Los contratos millonarios
Fluor Enterprises fue contratada por USACE Huntsville en octubre de 2017 por $240,000. Luego de varias enmiendas, el contrato, que se extendió hasta junio de 2018, aumentó a $505.8 millones.
USACE Huntsville otorgó un segundo contrato a esta empresa en diciembre de 2017 por $495 millones. Ese contrato fue modificado el 26 de noviembre del 2018 y se redujo a $276.4 millones. Ambos contratos incluían la reparación de la red de transmisión eléctrica y distribución, la evaluación de equipos y la reactivación de las subestaciones de servicio.
Un tercer contrato fue otorgado por USACE Jacksonville a PowerSecure en octubre de 2017 por $1.3 millones. Originalmente, la empresa se encargaría de llevar a cabo los estimados de costos que conllevaría la reparación del sistema eléctrico. Pero USACE modificó y agregó tareas de reparación a esta empresa, lo que implicó que el contrato ascendiera a $523 millones.
Con las nuevas tareas, PowerSecure tuvo a su cargo trabajos de reparación de líneas de transmisión y distribución, restauración de subestaciones, y limpieza y remoción de escombros.
USACE defiende su misión
Para la misión de la reparación y restablecimiento del sistema eléctrico, el general mayor a cargo de la misión en Puerto Rico, Todd Semonite afirmó en una carta que USACE destinó 250 militares, 3,000 civiles y 3,000 empleados contratados. Su labor consistió en reparar 2,400 millas de líneas de transmisión, 30,000 millas de líneas de distribución, 300 subestaciones y 16 plantas generadoras.
A raíz de la auditoría del Inspector General del Departamento de la Defensa, Semonite indicó en la carta que ordenó hacer otra auditoría interna con todos los documentos, hojas de asistencia, facturas y pagos, cuyos resultados daría a conocer en enero de 2020.
La restauración y reparación del sistema eléctrico fue una de las misiones prioritarias tras el paso del huracán María.
Para la AEE, implicaba que 1.5 millones de clientes estaban sin luz y sin comunicaciones. El país lidiaba con esta situación, pero la AEE no tenía la estructura ni la capacidad para el trabajo requerido debido a la falta de personal y materiales, indica el documento.
A pesar de que era la principal agencia federal que debió estar a cargo de restaurar el sistema eléctrico de Puerto Rico, el Departamento de Energía federal admitió – según la auditoría – que no estaba capacitado para tal misión. No tenía recursos ni herramientas.
Además, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) no tenía un plan, dice la auditoría. Nunca había coordinado la restauración de un sistema eléctrico después de un desastre de la magnitud del huracán María. El portavoz de FEMA en Puerto Rico, Juan Rosado, se negó a comentar sobre el seguimiento que su agencia le dio a los fondos otorgados a USACE y si FEMA tomará alguna acción a partir de la auditoría del Departamento de la Defensa.
USACE aclaró que ese tipo de labor no es parte de su misión central. Incluso, la agencia no tenía en sus archivos un modelo de contrato para comenzar este tipo de trabajo de inmediato.
Sin embargo, el 30 de septiembre del 2017, FEMA confió las riendas de la reparación y restauración del sistema eléctrico al Cuerpo de Ingenieros y aprobó $2.2 mil millones para esa monumental tarea.
Con ese dinero, USACE contrató los servicios de Fluor Enterprise (de Carolina del Sur) y de PowerSecure (de Carolina del Norte), que lideran la lista de las empresas con más contratos con el gobierno federal tras el paso del huracán María.
Desde hace dos años, son múltiples las irregularidades que han salido a la luz pública relacionadas con las contrataciones para la reparación del sistema eléctrico de Puerto Rico: Whitefish y Cobra fueron las primeras señaladas, y ahora Flour y PowerSecure.
Además, en septiembre de este año, la exadministradora regional de FEMA Ahsha Tribble fue arrestada por un fraude relacionado con la recuperación de la red eléctrica, que incluyó $1.8 mil millones en contratos con la AEE.
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó -para hoy- un aumento en humedad y una vaguada en la superficie causarán aguaceros a través del área local en la mañana a través del Este de Puerto Rico.
En la tarde, la combinación del calor diurno, lo efectos locales y la humedad, causarán el desarrollo de aguaceros y tronadas adicionales, especialmente sobre el interior y Oeste.
Las temperaturas máximas aumentarán desde los medios a altos 80 grados con vientos del este entre 5 a 15 millas por hora con variación en brisa marina.
A través de las aguas locales, el oleaje está fluctuando entre 4 y 6 pies. Recomienda a los operadores de embarcaciones pequeñas que ejerzan precaución.
Un riesgo de corrientes marinas continúa alto para la costa Norte de Puerto Rico y Culebra.
Nubosidad dispersa se observó a través del área local durante horas de la noche. Aguaceros de aislados a dispersos afectaron el Norte y sectores del Este, dejando menos de una centésima de pulgada de lluvia.
Las temperaturas mínimas estuvieron generalmente en los 70 grados a través de las áreas bajas y en los 60 grados a través de las áreas más altas. El viento estuvo leve y variable.
La Junta de Directores de la Cámara de Comercio del Oeste de Puerto Rico (CCOPR) rechazó contundentemente las expresiones que hizo José Ledesma Fuentes, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, con relación al salario mínimo federal y que los trabajadores puertorriqueños pueden vivir con un salario de $7.25 la hora.
“Nos unimos a las expresiones del director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el señor Miguel Vargas Jiménez y entendemos que las expresiones del señor Ledesma Fuentes fueron en su carácter personal y no reflejan la opinión de la junta de directores de la organización”, indicó por escrito Waleska Sánchez de Gutiérrez, presidenta de CCOPR.
Indicó que la CCOPR reconoce la importancia de que el trabajador puertorriqueño sea remunerado acorde al costo de vida. Sin embargo, entiende que el salario mínimo federal es un asunto que debe ser atendido entre el gobierno y la empresa privada para ser evaluado desde todos los escenarios.
“Con la situación económica actual de la administración gubernamental de Puerto Rico, un aumento significativo al salario mínimo federal sería devastador para las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Así lo demostró, un estudio reciente de la Junta de Planificación que concluyó que un aumento al salario puede tener resultados negativos en el producto nacional bruto real de Puerto Rico”, agregó Sánchez de Gutiérrez.
“No obstante, el aumento al salario mínimo federal puede ser atendido de forma escalonada y a su vez evaluar aquellas leyes e imposiciones gubernamentales que encarecen las operaciones y que oprimen al pequeño y mediano comerciante, lo que haría más viable a corto plazo el tan anhelado aumento al salario mínimo federal”, finalizó.
La comisionada residente, Jenniffer González Colón, despejó dudas del escaño que estarían buscando en las elecciones del próximo año y confirmó hoy -sábado- que le interesa la reelección para mantener su silla en la capital federal.
«Quiero continuar sirviendo a ti como tu comisionada residente desde Washington», expresó en un mensaje de poco más de tres minutos y que transmitió en las redes sociales y en el que no mencionó el nombre de la colectividad en que milita: Partido Nuevo Progresista.
González Colón, quien se especuló buscaría la candidatura a la gobernación, uso el mensaje para destacar su trabajo como comisionada residente y las situaciones que enfrentó el país durante los tres años que lleva el cuatrienio.
Se atribuyó «educar al Congreso» en el «estatus desigual» de Puerto Rico y el aumento en la asignación de fondos federales.
Resaltó que temas como salud, veteranos y economía fueron parte de su programa hasta que el paso del huracán María, por suelo puertorriqueño, le cambió la agenda.
Tras resaltar gestiones durante el paso del huracán María, a las que le atribuyó haber traído a Puerto Rico el presidente, congresista y jefes de agencias, para que conocieran de primera mano los daños causados por el huracán, mencionó la situación que atravesó el país en verano pasado.
González Colón, primera mujer comisionada residente de Puerto Rico, se refirió al levantamiento del pueblo para la renuncia de su excompañero de papeleta y ahora exgobernador, Ricardo Rosselló Nevares.
«Otra vez la crisis nos obliga a adaptar nuestra agenda», dijo tras esa situación en medio de la que aclaró que no estaría buscando convertirse en la sucesora de Rosselló Nevares.
«No podemos arriesgar lo que con tanto trabajo hemos logrado. Puerto Rico no puede darse el lujo de empezar desde cero», dijo ya casi al final del mensaje y antes de hacer el anuncio.
«A mí me respetan en Washington. Soy una mujer de resultados para Puerto Rico», afirmó. «Mi decisión es una determinación por convicción no por ambición», dijo.
El astrólogo ponceño Walter Mercado será sepultado en El Señorial Memorial Park and Funeral Home, en San Juan, informó la familia en un comunicado de prensa.
Mercado murió el sábado -entre las 9:30 y 10:00 pm.- debido a un aparente paro renal. Llevaba dos semanas internado en el Hospital Auxilio Mutuo, en Hato Rey, informó Omar Matos, portavoz de la familia.
La familia solicitó «espacio» a los medios de comunicación para asimilar la pérdida física de su ser querido y agradeció todas las muestras de afecto.
De acuerdo con su sobrina, Ivonne Bennet, el también actor falleció en paz y rodeado del amor de su familia.
Los actos fúnebres serán este miércoles y jueves, en la funeraria Puerto Rico Memorial, en Santurce.
El velatorio comienza el miércoles a la 1:00 pm. y que uno de los deseos del astrólogo, según se informó, era que fuera velado en el Ateno Puertorriqueño.
El astrólogo Walter Mercado falleció la noche del sábado 2 de noviembre de un fallo renal. Tenía 87 años de edad.
Mercado, quien sufrió un infarto en el 2012, se recuperaba de una fractura de cadera.
Según la biografía publicada por la Fundación Nacional para la Cultura Popular, Mercado nació en un barco y fue criado en Ponce.
«En sus años de universitario Walter Mercado estudió farmacia, pedagogía y sicología. En cada uno de estas áreas preparatorias el artista siempre se topaba con temas relacionados al mundo sobrenatural», relata la biografía publicada por la Fundación.
En el 1969 «el actor y productor Elín Ortiz le pidió que cubriera 15 minutos en el aire ante la ausencia de uno de los invitados de su programa. Walter indagó sobre qué podría hablar, y Ortiz le exhortó a que leyera unas predicciones astrológicas», señala.
En su carrera como astrólogo y como actor Walter ha recibido numerosas distinciones, relata en su biografía, siendo algunas de ellas la condecoración otorgada por el gobierno de la República Dominicana, su triunfo como ‘Señor Televisión’ en el Festival de Codazos en 1972 y el premio otorgado en Venezuela por su actuación en la telenovela “La intrusa”.
En octubre de 2010 adoptó el nombre de Shanti Ananda que a tono con el mundo espiritual se traduce como “paz y felicidad”.
El Negociado de Ciencias Forenses hizo un llamado a los funerarios para que vayan a recoger unos 37 cadáveres que están listos para entrega.
“En este momento tenemos 37 cadáveres en el Negociado de Ciencias Forenses en espera de que los funerarios vayan a buscarlos. Son cadáveres que ya las familias han identificado, reclamado, que tienen todo el trámite documental e incluso todos los exámenes post mórtem finalizados”, explicó la comisionada del Negociado Ciencias Forenses (NCF), María Conte Miller.
“Es importante que los funerarios sepan que los procesos de autopsia en el negociado se están agilizando y, en consecuencia, también la entrega de cadáveres, de modo que en tres o cuatro días ya deben estar haciendo las gestiones para recogerlos. Ya no tienen que esperar dos y tres semanas, como pudo haber sido el caso anteriormente”, indicó.
El NCF realizó sobre un 70% de las autopsia que estaban pendientes. Así mismo, informó que estrenan un sistema que asigna fecha de autopsia a los cadáveres, una vez llegan a las instalaciones.
“Hemos estado trabajando duro y en equipo para lograr atender las situaciones difíciles por las que atravesaba el Negociado de Ciencias Forenses. Queda trabajo por hacer, pero estoy segura de que pronto tendremos un organismo efectivo y ágil en el cumplimiento de su misión”, expresó la doctora.
La profesora Elba Aponte se convirtió el sábado en la nueva presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, luego de una votación de los delegados.
“Vamos a continuar la lucha de forma incansable para que estos maestros puedan tener un salario justo, un salario merecido y hay varios casos trabajados en la institución a los que le vamos a dar seguimiento. Vamos a seguir presentando proyectos y vamos a debatir y combatir aquellos proyectos que sean contra el magisterio”, dijo Aponte a preguntas de la prensa.
Elba Aponte – Asociación de Maestros
Aponte, quien logró 354 votos de los 479 delegados presentes, sustituye a Aida Díaz, quien estuvo 18 años al frente de la institución.
Además, el actual vicepresidente Víctor Bonilla revalidó con 388 votos.
La Asociación de Maestros adelantó la Asamblea de Delegados a petición de Díaz, quien decidió no continuar como presidenta, luego de varias imputaciones en su contra por supuestos conflictos de interés.
Sin embargo, se aprobó una moción en la Asamblea para que Díaz continúe al frente de las negociaciones con la Junta de Control Fiscal, para lograr un nuevo acuerdo sobre el Plan de Retiro.
La Asociación comenzó un proceso de recogido de firmas para solicitar a la entidad federal creada bajo la Ley PROMESA una nueva negociación, luego de que el primer acuerdo fuera rechazado en votación.
