Por Miguel Díaz Román 

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Los comerciantes que perdieron sus negocios por los sismos acontecidos en el suroeste de la isla y aquellos cuyos establecimientos resultaron afectados y sus operaciones se han visto interrumpidas por los trastornos que provocó la actividad sísmica, no han recibido ningún tipo de ayuda sustancial de parte del gobierno central y el futuro se ve cada día con mayor incertidumbre debido a la inacción de las autoridades.

Más allá de unos $2,500 que ofreció el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), una ayuda que se prometió y que aún no se ha concretado en un desembolso, los comerciantes han permanecido olvidados y prácticamente han quedado a merced de su propia suerte o de los préstamos que puedan obtener en la Administración de Pequeños Negocios (SBA por sus siglas en inglés).

Pero en lo que cumplen con los múltiples requisitos para acceder a los préstamos federales, la situación de los comerciantes se torna desesperante porque con el colapso de sus negocios también se interrumpió su fuente de ingreso y los pasos necesarios para la total recuperación se ven muy distantes.

“Todavía no sabemos cuánto son los daños y cuándo vamos a reabrir”, dijo Mildred Maymi Octaviani, quien junto a su esposo, Edwin Almodóvar, operaban la estación de gasolina Almodóvar Service Station en el poblado Ensenada, en Guánica. Los graves daños que sufrió la estructura le han impedido reabrir su negocio y en la actualidad esperan por un informe de daños para iniciar los trámites en SBA para un préstamo. Aquí no ha venido nadie a darnos ayuda ni el gobierno central ni el alcalde. Y nos siguen cobrando el agua y la luz”, dijo Maymi Octavini.

La comerciante agregó que la única ayuda que les ha prometido el gobierno son los $2,500 del DDEC.

“¡Y todavía no han llegado!”, indicó la mujer.

Otro negocio del poblado Ensenada seriamente afectado por los sismos lo fue la Ferretera Sagrado Corazón.

Su propietario, Yamil Flores Rodríguez, ha tenido que trasladar sus negocios a dos vagones donde opera parcialmente su ferretería. Con excepción de los $2,500 prometidos por el DDEC, Flores Rodríguez no ha recibido ningún tipo de ayuda de parte del gobierno.

“Yo esperaba otra respuesta del gobierno para nosotros los que rendimos planillas y pagamos contribuciones. Alguna exención contributiva o algún tipo de ayuda que sirva de empujón. Uno empieza gateando para después salir corriendo… pero no ha oído nada del gobierno”, dijo Flores Rodríguez.

La ausencia de iniciativa de parte del gobierno para ayudar a los comerciantes del suroeste también ha sido una decepción para el presidente del Centro Unido de Detallistas, Jorge Argüelles Morán, quien dijo que estaba esperando una acción concertada de parte del gobierno central y los municipios para reactivar la actividad económica de los pueblos y para ayudar a los comerciantes afectados por los sismos.

“Yo estoy muy desilusionado con la forma y manera como el gobierno central y los municipios han manejado esta situación porque no han actuado rápido para recoger escombros y demoler estructuras que afectan a los comerciantes. La única ayuda que ha dado el gobierno son $2,500. Se ha hecho muy poco para reactivar la economía de los pueblos afectados y para ayudar a los comerciantes”, lamentó Argüelles.

Indicó que recientemente el CUD realizó una encuesta voluntaria por medio de internet entre los comerciantes de los pueblos afectados por los sismos y se concluyó que alrededor de 650 comercios había sido afectados seriamente y que el 50 % de ellos estaban cerrados y el 25 % no tenían fecha de reapertura.

Yo entiendo que el gobierno debió actuar rápido para reactivar la vida de los pueblos, pero se mantuvo por mucho tiempo a la gente en esos refugios y no se recogieron los escombros y la demolición de estructuras ya colapsadas. Todo eso afectó la actividad económica porque la gente en los refugios no consumía y los escombros impedía abrir los negocios. Lo que se necesitaba era voluntad en los municipios y en el gobierno central”.

Jorge Argüelles Morán – Centro Unido de Detallistas

Señaló  que con excepción de los préstamos de SBA y de los pagos que reciban los comerciantes por reclamaciones de seguros, no existen más ayudas disponibles.

El secretario del DDEC, Manuel Laboy, reveló que han identificado unos fondos federales que administra esa agencia que podrían utilizarse para ofrecer una ayuda adicional a los comerciantes que podría ascender a $5,000.

Pero Laboy indicó que ha solicitado autorización al gobierno federal para encaminar los fondos hacia el sector de los comerciantes afectados por los sismos.

“Ya dimos una ayuda similar a los comerciantes después de los huracanes Irma y María. Estamos solicitando una autorización al gobierno federal para usar parte de esos fondos y ayudar a los comerciantes”, dijo Laboy, quien reconoció que su agencia no tiene otra ayuda económica en agenda para los comerciantes de la zona suroeste. Indicó que1,000 comerciantes se beneficiarán con la ayuda de $2,500, la cual será distribuida pronto. Indicó que el atraso obedece a que para acceder a la ayuda los comerciantes debían entregar una serie de documentos con los que el DECC debía certificar que los solicitantes eran comerciantes bonafide.

La única ayuda que podría tener un efecto real en el bolsillo de los comerciantes del suroeste es la Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes 610, que fue avalada por los tres partidos.

De acuerdo con una evaluación realizada por el Departamento de Hacienda de la resolución 610, que comprende tres escenarios, los beneficios contributivos ascendería a $247 millones en el primer escenario, $274 millones en el segundo escenario y $342 millones en el tercer escenario. Estas cifran representan dineros que los comerciantes y los trabajadores se ahorrarían por las exenciones contributivas propuestas por la medida y cuya vigencia se extendería por hasta seis meses. Los legisladores José Torres Zamora del Partido Nuevo Progresista; Ángel Matos, Lydia Méndez y Javier Aponte Dalmau del Partido Popular Democrático y el independentista Denis Márquez, son coautores de la pieza legislativa.

La Resolución 610 beneficiaría a los comerciantes de los pueblos incluidos en la Declaración de Desastre Mayor aprobada por el presidente Donald Trump tras los sismos. Estos son Adjuntas, Arecibo, Cabo Rojo, Ciales, Corozal, Guánica, Guayanilla, Hormigueros, Jayuya, Juana Díaz, Lajas, Lares, Las Marías, Maricao, Mayagüez, Morovis, Orocovis, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, San Germán, San Sebastián, Utuado, Villalba y Yauco.

Entre algunos de los beneficios de la medida figura la exención del pago de contribuciones sobre ingreso, de retenciones, del IVU para los alimentos preparados, del impuesto por habitación a los hoteles y paradores y de la póliza de seguro por nómina que impone la Administración del Seguro del Estado a las empresas.

Los beneficios contributivos se podrían reclamar en la planilla que se presenta durante el presente año y que concierne a los ingresos del 2019 y en la planilla que se deberá presentar el próximo año y que atañe los ingresos del 2020.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el representante Tony Soto, explicó que la medida procura una prórroga en el pago de contribuciones con relación a la planilla del 2019, relevos de pagos estimados y retenciones por servicios y a empleados. También contempla créditos contributivos de 25 % para la planilla del 2020 y un crédito de 10 % por la creación de nuevos empleos, y exoneraciones del IVU, “room tax” de hoteles y de pagos contributivos por ingreso de salarios durante el presente año a nuevos empleados en las zonas afectadas por los sismos.

En una ponencia para analizar la resolución, el subsecretario interino de Hacienda, Angel Pantoja Rodríguez, no presentó objeciones sustanciales y sus señalamientos se dirigieron a requerir de la Comisión de Hacienda aclaraciones en la redacción y especificar, en algunos casos, el periodo de vigencia de algunos de los beneficios.

No obstante, Pantoja Rodríguez le recordó a los proponentes de la resolución que sería necesario solicitar la evaluación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) debido a fuerte efecto en los recaudos que tendrían los beneficios.

Pero el representante Soto sostuvo que “aquí no podemos estar con un peseteo, aquí no podemos estar haciendo cálculos estrictamente económicos”. De acuerdo con el legislador el efecto devastador de los sismos exige que el gobierno estatal realice un sacrificio y permita la exención de contribuciones por hasta seis meses para estimular la rehabilitación de las empresas de la zona suroeste.

“Hemos tenido la oportunidad de ver lo que ha ocurrido en el área sur de Puerto Rico. Y todo el mundo de una manera u otra ha podido ver la necesidad apremiante que hay de atender la situación que viven nuestros compueblanos. Y hacernos de la vista larga o mirar a un lado, no es lo más sensato ni lo más prudente, ni lo correcto. Aquí no podemos estar con un peseteo, aquí no podemos estar haciendo cálculos estrictamente económicos” dijo Soto.

De acuerdo con el representante, actualmente la actividad económica en la zona “es cero”, por lo tanto, “no hay un impacto económico adverso a su entender con esta medida”. No está claro cuál será la determinación de la JSF, pero hasta ahora el organismo federal no ha respaldado otras medidas legislativas que ofrecen   subsidios o beneficios y que representan una reducción en los ingresos del erario.

El proceder de la JSF responde a que su principal encomienda, según lo dispuso el Congreso de los Estados Unidos, es velar por la prudencia fiscal del gobierno de Puerto Rico para garantizar el pago de la deuda con los inversionistas que compraron bonos del gobierno local. Precisamente, en los pasados días Soto estuvo reunido con funcionarios de la JSF.