Por Redacción Es Noticia

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La alcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri, informó ayer que logró un acuerdo con el Departamento de Vivienda (DV) para que el Programa CBDG-DR provea el 10% de los fondos para la reconstrucción de los daños causados por el huracán María en 2017, que no obtendrían por medio de FEMA o de los pagos realizados por las compañías de seguro.

“Esto es una extraordinaria noticia dentro del contexto en el que nos encontramos hoy. Los municipios hemos sufrido recortes sustanciales, nuevas imposiciones y merma de ingresos lo que nos dificulta invertir en proyectos para que luego sean reembolsados. Al contar con la aportación de Vivienda, nada detiene el inicio del proceso de reconstrucción”, explicó Meléndez Altieri en comunicación escrita.

“Han sido meses de mucho trabajo, pero junto al Equipo de Reconstrucción  someter toda la documentación pertinente para validar los hallazgos en las distintas facetas”, añadió.

Detalló que el Seguro aportó 21 millones de dólares y FEMA aportará el 90 por ciento de la parte que no es cubierta por el seguro.  El restante 10 por ciento, que no cubre FEMA ni el Seguro, se pagará entre Vivienda y los fondos del Programa CBDG-DR.

Por su parte, el secretario del Departamento de la Vivienda (DV), Luis Fernández Trinchet, indicó que “el propósito del Programa de Pareo de Partidas No Federales es facilitar el desembolso de ayudas federales para proveer fondos a municipios y agencias con limitaciones de flujo de efectivo. La firma de este primer Acuerdo de Subreceptor (SRA, por sus siglas en inglés) representa un adelanto para lograr la accesibilidad de asistencia a los municipios y las agencias gubernamentales para facilitar aún más la reconstrucción de la Isla”.

Asimismo, Fernández Trinchet recalcó la importancia del proceso de formalización de los SRA y los servicios de asistencia técnica para los demás municipios, pues “de esta forma, el Programa continuará proveyendo el pareo de costos locales necesarios para los proyectos de Asistencia Pública de FEMA los cuales también son elegibles bajo CDBG-DR”.

Sobre el proceso que se ha llevado ante FEMA para la obligación de Proyectos, Meléndez Altieri reveló que, “Ponce es el primer municipio en completar este acuerdo convirtiéndose en ejemplo del trabajo diligente que venimos haciendo para la reconstrucción de nuestras comunidades y facilidades. Mi gente ha sufrido mucho y por eso queremos iniciar con este proceso de reconstrucción en nuestras comunidades lo antes posible”.

Como parte del trabajo que está realizando el Equipo de Reconstrucción de Ponce la semana pasada lograron publicar la subasta para unos 105 proyectos adicionales a los 19 proyectos prioritarios que ya se habían anunciado. Estos proyectos identificados por FEMA como “small projects”, incluyen puentes, carreteras, vados, áreas recreacionales, canchas de baloncesto, parques de pelota y centros comunales.

“Ya estamos listos para recibir las propuestas de las compañías de construcción. Queremos comenzar lo antes posible con la reconstrucción y tenemos el dinero para hacerlo ya que FEMA nos hizo el primer desembolso para estos proyectos. La declaración de pandemia del COVID19 y la orden de aislamiento detuvo el proceso, pero ahora que se ha reactivado la industria de la reconstrucción estamos más que listos para comenzar”, detalló.

Las subastas para estos proyectos se dividieron en cuatro grupos, cada grupo incluye entre 15 a 30 proyectos. El MAP identificó 92 facilidades municipales con daños, 12 carreteras y puentes y 236 facilidades privadas afectadas. La reconstrucción de Ponce ronda los 121 millones de dólares. Hoy en día FEMA ha obligado 24.3 millones de dólares para la reconstrucción de 38 proyectos grandes (18.2 millones de dólares) y 144 proyectos pequeños (6 millones de dólares). Es decir, el 79 por ciento de los proyectos ya han sido adjudicados. FEMA ya nos ha desembolsado unos 4,858,061.10 (4.8 millones) de dólares para la realización de los 105 proyectos pequeños.

“Ponce es un ejemplo para seguir para esos municipios que pudieran estar confrontando dificultades para el financiamiento de sus proyectos. Mi interés es que Ponce se recupere, pero también todo Puerto Rico. Por lo que nuestros formularios y documentos están disponibles para que otros municipios pueda agilizar aún más el trámite de documentación ante FEMA y Vivienda”, concluyó.

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El secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Osvaldo Soto, rechazó hoy que el designado secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Rivera Santiago, haya atendido directamente el caso de la estudiante Alma Yariela Cruz, procesada por un caso de acoso escolar y aseguró las alegaciones no lo inhabilitan para ocupar el cargo.

Se trata de denuncias de que éste llevó el caso contra, Alma Yariela Cruz, una estudiante de educación especial de 11 años, quien fue procesada por agresión simple, amenaza y alteración a la paz por un incidente con otras dos estudiantes, que según alegó la imputada, la estaban acosando por cuestiones racistas.

“El licenciado Carlos Rivera no fue el que llevó ese caso. Él dirigía la División de Procuraduría de Menores en el Departamento de Justicia en aquel momento, pero él no fue el procurador que llevó el caso. Él sí cumplió con su responsabilidad… Claro está tuvo que tomar unas decisiones respecto a ese caso, pero no fue él el que llevó ese caso como se ha señalado”, dijo Soto en entrevista en la estación de radio radial NotiUno.

A preguntas sobre si los señalamientos inhabilitan a Rivera Santiago para ser titular del DTRH, Soto dijo que “no. A mi mejor entender, para nada. Creo que el licenciado Rivera tiene las cualidades para ocupar el cargo”.

Asimismo, Soto dijo que el nombramiento fue sometido al Senado con lo intención que éste ocupe el cargo por el resto del cuatrienio.
Rivera Santiago fue designado como titular del DTRH el martes, luego de la renuncia de la exsecretaria, Briseida Torres Reyes, quien salió del puesto en medio de críticas por el manejo de las solicitudes y el desembolso de los beneficios del desempleo a trabajadores desplazados por la emergencia del COVID-19.

Soto dijo que la salida de Torres del DTRH no necesariamente resolverá el problema, a pesar que admitió que había un descontento con su desempeño.

“Mágicamente nadie resuelve nada. Yo creo que la salida de Briseida era ya insostenible. Ciertamente esto no es un asunto personal, no hay nada más allá que no sea la atención de las personas desempleadas y que haya agilidad. Se le proveyeron todos los recursos. Se le pusieron a la mano para que la cosa fluyera y que la atención fuera más ágil. No ocurrió, así que ya todos conocemos el resultado”, dijo Soto.

Agregó que “no estábamos satisfechos. La gobernadora de Puerto Rico, con todo lo que ha pasado recientemente, requería que este proceso sea uno más ágil… Si yo te pongo todos los recursos para que usted ejecute, lo menos que puede pasar es que se ejecute y se tomen todos los recursos necesarios”.

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La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) adjudicó un contrato para conversión de dos unidades de diésel a gas en la central San Juan y  para la entrega de gas natural, mediante un proceso plagado de irregularidades, sostiene un informe publicado por Tom Sanzillo del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) e Ingrid Vila Biaggi de CAMBIO.

Según alegaron, el informe muestra cómo se proporcionaron ventajas injustas a una empresa con experiencia limitada en la isla.

La adjudicación del contrato para sustituir el diésel por gas natural en las unidades 5 y 6 de la central San Juan fue otorgado a New Fortress Energy (NFE). Esto luego de un extenso tracto de comunicación y contacto entre la empresa y la AEE fuera del proceso regular de licitación.

Según los autores, el contrato proporciona otro ejemplo de la mala administración y la falta de rendición de cuentas que han llevado a la agencia y al territorio a su actual estado de insolvencia.

“Este es el primer proyecto de envergadura de la AEE relacionado a generación desde los huracanes. Después de los serios escándalos contractuales anteriores, resultaba importante que la AEE reestableciera la confianza pública en que la agencia había aprendido de las experiencias previas de mala administración y escándalos. En este caso, vemos que la AEE ha fracasado”, dijo en declaraciones escritas, Tom Sanzillo, director de Finanzas de IEEFA.

Agregó que según los hechos recopilados, la AEE debe rendir cuentas por el acceso injusto que le otorgó a NFE previo a la adjudicación del contrato.

“Encontramos un patrón de reuniones que NFE tuvo con la AEE y sus consultores que no se le concedió a ningún otro licitador. Los hechos plantean serias dudas sobre la información proporcionada a otros licitadores y la forma en que se llevó a cabo la evaluación. Hay demasiadas banderas rojas para permitir que este contrato proceda sin más escrutinio”, expresó Sanzillo.

Indicó que el proyecto, completado el 22 de mayo, luego de meses de demoras, apunta a que la AEE probablemente incumpla con los objetivos de energía renovable y sostenibilidad a medida que prolonga la dependencia de su red eléctrica en generación a base de combustibles fósiles.

Por su parte, Vila Biaggi enfatizó que “nuestra evaluación de documentos públicos muestra que la Autoridad implementa un enfoque fragmentado, proyecto por proyecto, que abre la puerta a que intereses externos impulsen sus propios proyectos y hace más probable que la AEE sobre-construya su sistema de generación y no cumpla con los objetivos de energía renovable”.

Señaló además, que el análisis de documentos públicos obtenidos a través de litigio por IEEFA y CAMBIO, muestra que la AEE no solo ignoró sus propias reglas, sino que tampoco llevó a cabo evaluaciones rigurosas sobre los impactos ambientales, de seguridad y salud del proyecto.

Tambien alegaron que la AEE no realizó un análisis económico o fiscal para mostrar cómo la conversión de gas ahorraría dinero a los consumidores.

Tampoco exigió esos ahorros como parte del contrato. NFE afirmó que el proyecto ahorraría $285 millones anualmente, cantidad por encima del estimado de la AEE de $150 millones por año y muy por encima del estimado de la Junta de Control Fiscal (JCF) en su carta de aprobación.

“La AEE continuó con las conversiones a gas natural de las unidades San Juan 5,6 sin un estudio de deseabilidad y conveniencia, a pesar de que era requerido por su propia reglamentación. También procedió sin una declaración de impacto ambiental que hubiera activado un proceso de participación pública. Las comunidades vecinas se enteraron del proyecto a través de los de los medios, luego de que se adjudicó el contrato. Los riesgos asociados al aumento en el tráfico de embarcaciones de gas natural en la Bahía de San Juan, así como la evaluación de alternativas más sostenibles, como la energía solar en techos y el almacenamiento, se barrieron debajo de la alfombra”, agregó Vila Biaggi.

Puntos a destacar del informe:

Después de recibir una propuesta no solicitada de New Fortress Energy (NFE), la AEE y su asesor financiero, Filsinger Energy Partners (FEP), se reunieron repetidamente con NFE. Esto previo a la redacción por parte de la Autoridad de la solicitud de propuestas (RFP) en abril de 2018.

Mientras se redactaba la solicitud de propuesta, la AEE y New Fortress Energy firmaron un acuerdo de confidencialidad que proporcionó a NFE información por adelantado sobre San Juan 5, 6.

La AEE no informó a los posibles licitadores sobre el arrendamiento por parte de NFE de propiedades estratégicamente importantes para el proyecto. La Autoridad tampoco informó a otros licitadores de que había recibido una propuesta no solicitada de NFE y ni de sus numerosas comunicaciones con la Autoridad.

La Autoridad evaluó las propuestas a través de un comité que incluía representantes de la FEP que se habían comunicado regularmente con New Fortress Energy, habían revisado su propuesta no solicitada y habían ayudado a evaluar sus documentos ambientales.

La AEE utilizó un abogado externo para negociar el contrato. La firma también representa a entidades propiedad de la empresa matriz de NFE, Fortress Investment Group.

Además, el informe hace un llamado a que se revoque el contrato y a una evaluación inmediata por un grupo de trabajo oficial compuesto por agencias federales y estatales de ley y orden público, así como entes reguladores, como la Oficina de la Fiscalía Federal, el Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores, el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos y la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

El grupo de trabajo debe incluir personas con peritaje legal y penal, de Puerto Rico y de los Estados Unidos, independientes y de buena reputación para garantizar la transparencia y la confianza.

Además, el informe recomienda establecer un Inspector General Independiente (IPSIG) para la AEE.