Por Redacción Es Noticia

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La gobernadora Wanda Vázquez Garced informó que hoy comenzó la segunda fase de implementación del envío del pago de $1,200 utilizando la información que surge de las planillas radicadas para el año contributivo 2018.

Además, informó que los desembolsos a contribuyentes enmarcados en la primera fase continúan y anunció un desembolso adicional para aquellos contribuyentes que radicaron planilla 2019 e informaron sus cuentas bancarias al Departamento de Hacienda.

“Este primer desembolso del Pago de Impacto Económico de 1,200 dólares, en su segunda fase, fue para contribuyentes que incluyeron sus cuentas bancarias en esas planillas de 2018 y asciende a 47,789,008 dólares, para un total de 33,183 ciudadanos. También se enviaron pagos a 99,270 contribuyentes que radicaron planilla 2019, por 157,382,388 dólares. En total se desembolsaron 205,171,396 dólares para 132,453 familias”, indicó la gobernadora en comunicación escrita.

Vázquez Garced le recordó a los ciudadanos, que los distintos pagos de incentivos asignados para proveer alivio, ante el impacto del COVID-19, son continuos y los procesos siguen afinándose para agilizar la ayuda. “Nos mantenemos monitoreando estos programas para asegurarnos que las distintas ayudas lleguen lo antes posible”, expresó.

Con estos pagos, la cifra desembolsada del Pago de Impacto Económico, hasta el momento, asciende a 1,128,771,396 dólares, aproximadamente.

El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, explicó que las planillas correspondientes al año contributivo 2018 fueron radicadas bajo el antiguo programa del Departamento, por lo que el proceso requirió mayor análisis de los datos, además de recuperar la información y emigrarla al Sistema Uniforme de Rentas Internas (SURI), que es la nueva plataforma tecnológica. “Estos primeros pagos automáticos corresponden a aquellas planillas que logramos validar internamente en nuestros sistemas para asegurar que la información estuviera fiel para hacer los envíos”, recalcó.

“Como ocurrió con un grupo de contribuyentes en la primera fase de este programa, próximamente habilitaremos el enlace para aquellos contribuyentes que radicaron planilla 2018 ingresen sus cuentas bancarias. Siguiendo las instrucciones de la gobernadora, estos depósitos deben llegar a los ciudadanos a la mayor brevedad posible”, destacó.

Al igual que en la primera fase de desembolsos, Parés Alicea informó que el proceso para ofrecer la información bancaria no requerirá tener una cuenta en SURI, sino solamente acceder al enlace habilitado a través pagodeimpactoeconomico.com. Sin embargo, aquellos contribuyentes con usuario y contraseña, podrán proveer su información en sus cuentas en SURI.

Por otra parte, se depositaron 1,005,000 dólares del Programa de Ayuda para Cuentapropistas a 1,005 trabajadores por cuenta propia y 985,500 dólares del incentivo de 500 dólares para otros 1,971 cuentapropistas.

“Los pagos de las distintas ayudas continúan enviándose y recalco que las fases no terminan cuando comienza la próxima, sino que se van trabajando según progresan las distintas estrategias que hemos establecido. A finales de mayo el Departamento informará las instrucciones para que los ciudadanos que no están obligados a radicar planilla puedan recibir sus pagos en una tercera fase del plan de distribución”, sostuvo el secretario.

Para más información accede a pagodeimpactoeconomico.com y busca las preguntas más frecuentes.

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Ante el constante atraso en tramitar las solicitudes por desempleo y desembolsar los pagos, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, solicitó que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH)  emita los pagos por desempleo a todos las  personas que los reclamen y luego realice una auditoría de esas solicitudes.

Las expresiones del presidente cameral surgen luego de masivas quejas de cientos de miles de ciudadanos que aún esperan por la aprobación y desembolso de los pagos por desempleo.

“El gobierno de Puerto Rico tiene ahora unos $2,200 millones en fondos federales disponibles. ¿Por qué no podemos sacar una partida de ese dinero y entregárselo a todas las personas (que solicitan ayuda por desempleo) por adelantado y luego de eso hacer una auditoría?, esto es algo sencillo”, comentó el líder legislativo en declaraciones escritas.

“Nosotros estamos recopilando evidencia, información. Queremos que se nos brinde todo y con detalle para que, si es que se necesitara legislación que nos lo presente ahí y nos digan. Pero este momento lo que se necesita es la voluntad y deseo y que alguien le brinde una instrucción (al DTRH) específica para que adelante esos dineros y luego verificamos si son acreedores de los mismos o no. Pero se tienen que enviar los pagos ya”, sentenció Méndez Núñez.

Indicó que según datos disponibles, actualmente existen unas 300,000 personas que han ingresado a las filas del desempleo desde el 15 de marzo cuando se implementó el toque de queda para detener el coronavirus, además de otros 40,000 que estaban en proceso al principio del toque de queda.

Agregó que de acuerdo al Negociado de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo federal, antes de la pandemia había (diciembre 2019) en Puerto Rico unas 987,000 personas encontraban trabajando, la cifra más grande desde diciembre 2012. Las cifras de hoy reflejarían alrededor de 600,000 empleados, la cifra más baja en nuestra historia.

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El aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, exhortó al gobierno a divulgar con claridad los planes de reapertura de la economía tras dos meses de cuarentena por el coronavirus.

“Solo restan unos días para que caduque la orden ejecutiva con el toque de queda vigente y el pueblo no tiene información sobre qué piensa hacer el gobierno, qué industrias o comercios, si alguno, podrán abrir y qué limitaciones se mantendrán para los ciudadanos, entre otros asuntos”, dijo Pierluisi en una comunicación escrita.

Sostuvo que el pueblo tiene todo el derecho a saber cómo se va a manejar la apertura de los comercios, las iglesias y los espacios públicos. Es necesario que haya un plan efectivo para ir reabriendo la economía y evitar efectos negativos.

Añadió que el toque de queda se hizo en el momento que había que hacerlo, pero ahora urge establecer un plan de reactivación y sobre todo que los comerciantes y el pueblo sean parte de la discusión.

“No puede estar eso solamente en manos de un escogido grupo que invitan a La Fortaleza, debe haber claridad en este asunto”, dijo Pierluisi.

El excomisionado residente expresó que no se puede tratar el tema de la reapertura de comercios y lugares como las playas de Puerto Rico con secretos, como señaló un secretario del gobierno.

Además, catalogó de inaceptable la incertidumbre que existe actualmente en el sector económico de la isla.

“Desde hace mucho tiempo hay megatiendas abiertas, sin embargo, pequeños y medianos negocios que pudieran tomar medidas más fácilmente para tener controles de salubridad y limitar cantidad de personas, están cerrados. Hay mucha gente sufriendo las consecuencias de la falta de planificación. La economía está hecha cantos. Hay que seguir reabriendo con cautela, con los mecanismos establecidos de distanciamiento, mascarillas, desinfectantes y otros. Si provocan el cierre de más negocios y pérdida de empleos de nuestra gente, le harán un daño irreparable a Puerto Rico”, concluyó Pierluisi.

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Empleados de Tribunales desmintieron hoy a la gobernadora Wanda Vázquez, sobre la cantidad del incentivo recibido por los alguaciles y tronaron contra la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, por el criterio utilizado para distribuir los hasta $2,000 aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal para este personal.

“La gobernadora anunció hoy que 1,129 alguaciles recibieron un incentivo de $700, pero esa información es totalmente incorrecta, al contrario, muchos alguaciles no recibieron la bonificación que les correspondía. Muchos fueron excluidos del beneficio porque la Administración de Tribunales cambió las reglas establecidas para distribuirlo y las interpretó como mejor les pareció para beneficiar a personal más bien administrativo, esto claro está, sin menospreciar la labor que dichos empleados realizaron y realizan, pero que no atendieron al público, a diferencia de los alguaciles quienes sí representaban riesgo real de contagios. Los datos que le pasaron a la Gobernadoras son erróneos y ella misma debería ordenar verificar cómo fue distribuido el incentivo entre los alguaciles”, explicó el alguacil Amircal Gerena.

Gerena detalló que en un comunicado emitido por la Jueza Presidenta se estableció como criterio principal para recibir el incentivo, haber trabajado las primeras dos semanas de la pandemia, contradiciendo el criterio establecido por la Gobernadora que compensaba al personal que se exponía al posible contagio de coronavirus en ejercicio de sus funciones.

“Ninguna de las órdenes emitidas por la Junta de Supervisión Fiscal, ni por la Gobernadora establece esta normativa de tiempo trabajado que estableció la Administración de Tribunales para otorgar el incentivo. Este cambio en el criterio dejó fuera las razones primordiales por las que se crearon estas bonificaciones para los empleados que son el riesgo y vulnerabilidad de contagiarse realizando su trabajo” añadió Gerena.

Del mismo modo, el alguacil José Castro explicó que hubo numerosas inconsistencias en la distribución del incentivo.

“La Administración de Tribunales determinó que se distribuiría el incentivo en proporción al trabajo presencial, pero aparte del personal de las Salas de Investigaciones, el resto del personal que recibió el incentivo era gerencial, y no estaban expuestos a atender al público. Hubo también alguaciles que trabajaron, aunque fuera un día, del tiempo que la Administración catalogó como el periodo crítico de la emergencia y fueron excluidos. Sin embargo, hubo alguaciles que recibieron $400 y no trabajaron durante periodo crítico de la emergencia. También hubo alguaciles que trabajaron el mismo turno, las mismas horas, en el mismo Tribunal y uno cobró $1,100 y otro $2,000. Otros recibieron $400, $550, $800, $1,000, entre otras proporciones ¿Cuál fue el criterio que utilizaron? ¿Dónde está la distribución justa y equitativa? Ciertamente, cuando algo no se practica frecuentemente, no puede salir bien. La intención no es suficiente” cuestionó Castro.

Castro añadió que la Administración de Tribunales no tomó en consideración ni evaluó las proporciones de alguaciles en los diferentes tribunales alrededor de la isla.

“Aquí hay tribunales grandes con más de 100 alguaciles, que, aunque estaban listos y disponibles, el trabajo que se estaba realizando era limitado en las Salas de Investigaciones, y al rotar a los empleados, no les alcanzó el turno para trabajar 2 ó 3 días en el “periodo crítico de la emergencia” para que se beneficiaran del incentivo. ¿No será que la intención real fue procurar que los menos alguaciles posibles se pudieran beneficiar del incentivo por los reclamos de justicia salarial que llevamos haciendo en los pasados meses, seguidos de la manifestación pasiva en el Tribunal Supremo del pasado 2 de marzo del presente año? ¿Será una revancha de la Administración? Preguntas que sólo las puede contestar la Administración y que pone en tela de juicio su verdadero sentido de la justicia para con sus empleados” concluyó Castro.