Por Redacción Es Noticia
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El exrepresentante Antonio «Tony» Soto Torres y su exconsultor legislativo, José Miguel Huertas Torres, están siendo investigados por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) debido a una querella presentada por el exsecretario de Agricultura, Ramón González Beiró.

La investigación gira en torno a la asignación, desembolso y manejo de más de $1 millón para la canalización de la Quebrada Margarita en Guaynabo, una obra que nunca se llevó a cabo.

Ampliación de investigación existente

Esta pesquisa es una extensión de una investigación previa que involucra a la exdirectora de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, la exdirectora de Finanzas, Astrid Rivera Febres, y el ingeniero Miguel Santiago Irizarry.

Según las denuncias, Soto, en su rol como presidente de la Comisión de Donativos Legislativos y de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en la Cámara de Representantes, asignó $1.2 millones al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, una entidad sin experiencia en infraestructura y afiliada a una iglesia en Naranjito.

Por su parte, Huertas, quien era contratista de la oficina de Soto y también trabajaba en la Autoridad de Tierras, aprobó la asignación desde la agencia, en un posible conflicto de interés.

Renuncia, auditoría y demanda

Tras la aprobación de los fondos, Soto renunció sorpresivamente a su escaño después de haber sido reelecto en las elecciones generales, lo que llevó a una elección especial en la que Ángel Morey fue electo en su lugar.

Un año después, una auditoría reveló que la obra no se realizó, lo que llevó a la Autoridad de Tierras—bajo una nueva dirección— a presentar una demanda de cobro contra la entidad beneficiada. Sin embargo, la iglesia en cuestión se declaró en quiebra, y su representante en ese proceso fue José Miguel Huertas.

Otras irregularidades señaladas

El exsecretario de Agricultura, Ramón González Beiró, indicó que este no es el único caso de irregularidades con fondos públicos. En otros incidentes:

• Se asignaron fondos a entidades sin especificar la obra a realizar.
• Un legislador asignó fondos a ciudadanos fuera de su distrito.
• Dos entidades usaron fondos públicos para pagar renta y remodelación de oficinas.
• Cinco entidades desembolsaron $1 millón antes de recibir los fondos o después de la vigencia de los contratos.
• Se asignó dinero para gabinetes de cocina, que nunca se construyeron, aunque los cheques fueron cobrados.

La investigación sigue en curso y podría derivar en posibles acusaciones criminales contra los implicados.