Por CyberNews
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Organizaciones de base comunitaria convocadas por el centro de salud primaria Migrant Health Center (MHC) se reunieron en San Juan hoy -viernes-, con el objetivo de implementar estrategias para combatir la crisis por abuso de opioides en Puerto Rico.
El encuentro se celebró en el hotel Sheraton del Centro de Convenciones y dio inicio en Puerto Rico a la segunda fase del Programa de Respuesta ante Opioides en Comunidades Rurales (RCORP, por sus siglas en inglés). Esta propuesta es financiada por la Administración de Recursos y Servicios de Salud de Estados Unidos.
“En agosto de 2021 convocamos esta alianza de organizaciones salubristas, todas del llamado tercer sector, que busca fortalecer y ampliar la capacidad de las comunidades rurales para proporcionar servicios de prevención, tratamiento y recuperación para personas con trastorno por abuso de opioides. En una primera etapa constituimos la alianza y realizamos un amplio estudio de necesidades que incluyó reuniones con la comunidad, agencias y municipios alrededor de todo el país”, señaló la doctora Tania Rodríguez, directora ejecutiva de MHC en declaraciones escritas.
En colaboración con Migrant Health Center participan de la alianza PR-RCORP otras organizaciones de servicio como Intercambios PR, Iniciativa Comunitaria, Camuy Health Services, el Centro Integrado de Servicios de Salud de Lares, HPM Foundation, el Centro de Servicios de Salud de Patillas y la Asociación de Salud Primaria.
“Ahora pasamos a una fase de implementación con financiamiento por parte del gobierno federal para la recopilación de datos, ya que a nivel local las estadísticas sobre la problemática de abuso de opioides es una fragmentada, incluyendo los casos de sobredosis. En esta segunda fase de PR-RCORP el gobierno federal costeará los servicios de “data entry” para cada una de las organizaciones de la alianza. Estas a su vez crearán un banco estadístico o “dashboard” con acceso público, el primero de su tipo en Puerto Rico”, detalló Yacín Benavides, coordinador de PR-RCORP.
“El compilar los datos de manera uniforme y centralizada nos permitirá abordar esta problemática de salud pública científicamente y contribuirá a la redacción y justificación de propuestas de servicios directos. Nuestro objetivo final es sentar las bases para crear mayor acceso a proyectos de tratamiento médico y servicios de salud mental para las personas con trastorno de abuso de opioides en las comunidades rurales de Puerto Rico”, finalizó la doctora Rodríguez.
