Por Miguel Díaz Román
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Los cambios que se realicen al sistema de impuestos a la propiedad, incluyendo la posibilidad de aumentar la tasa contributiva o ampliar la base de contribuyentes por medio de la eliminación de exenciones, se deben establecer de manera paulatina y con mucha cautela, porque tales modificaciones pueden afectar adversamente el mercado de venta de viviendas.
Otro efecto será elevar los pagos mensuales de los dueños de casas hipotecadas y de viviendas rentadas, causando morosidad y hasta provocando la pérdida de hogares en familias de ingresos bajos o moderados.
“Cualquier cambio en el manejo de cobros del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) tiene el potencial de impactar la mensualidad de un contribuyente en su hipoteca. Si aumentan la tasa contributiva de la propiedad inmueble se puede impactar el mercado a los compradores de casas y de aquellos que tienen su casa hipotecada. Un alza de la contribución se debe hacer de forma paulatina, porque de lo contrario, imponerla de golpe puede colapsar el sistema de compra y venta de casas y afectar a los que ya son dueños de propiedades”, sostuvo la conocida corredora de bienes raíces, Joanne Crespo.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) realizó la pasada semana unas recomendaciones al gobierno para efectuar cambios al sistema de impuestos a la propiedad del CRIM, que consisten en ampliar la base de contribuyentes mediante la eliminación o reducción de exenciones y exoneraciones, lo que obligaría a pagar la contribución inmueble a más de 700 dueños de viviendas que actualmente están exonerados.
Además, recomendaron reducir la tasa contributiva pero imponer esa tasa sobre el valor real de las viviendas en el mercado actual de propiedades, lo que podría implicar un alza en los pagos contributivos para los dueños de viviendas de valor alto o moderado.
La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, hizo las recomendaciones en una carta dirigida a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y al presidente de la Cámara, Carlos Méndez, y que fue difundida públicamente el pasado viernes.
Crespo sostuvo que un alza en la contribución mueble o la imposición de la contribución inmueble a sectores poblacionales que actualmente están exonedaros, puede afectar a segmentos de la población como envejecientes y familias de ingresos bajos o moderados.
“Estos segmentos pueden sentir el impacto negativo de los pagos semestrales del CRIM. Se van afectar los no tienen hipoteca, porque tendrán que pagar, y en el caso de aquellos que tengan hipoteca, el alza en las contribución puede causar que los bancos aumentan el pago mensual, lo que puede causar una situación que a muchos dueños de casas se les haga difícil cumplir con sus pagos y quizás pueden perder su hogar”, dijo Crespo.
Explicó que los pagos de préstamos hipotecarios contienen un cargo mensual que imponen los bancos y que se acumulan en la llamada “cuenta scrow”. El objetivo del cargo y de la cuenta es pagar cada año las contribuciones de la propiedad inmueble que impone el CRIM a las viviendas hipotecadas.
La corredora de bienes raíces también indicó que debido a que un alza en la contribución inmueble del CRIM afectará el pago mensual de la hipoteca, también se verán afectados los procesos de cualificación de nuevos compradores de viviendas. “Al aumentar al pago mensual se afecta el proceso de cualificación porque se puede dar el caso de un ciudadano que antes del alza podía cualificar para una vivienda de $200,000 y con el alza solo puede comprar una de $150,000”, dijo Crespo.
Otro efecto es que los inversionistas dueños de edificios de apartamentos para alquiler y los propietarios de viviendas que también se alquilan, podrían enfrentar un alza en la contribución inmueble y para absorber mejor el efecto del aumento, podrían elevar el canon de alquiler de sus propiedades.
No obstante, Crespo dijo que actualizar el valor de las propiedaes registradas en el CRIM, según los precios actuales, y registrar propiedades que no estaban inscritas, facilitará que esas unidades se puedan vender en el mercado, si sus dueños lo desean.
La corredora de bienes raíces también destacó la importacia de que el sistema digital de CRIM opere con el valor actualizado de las propiedades.
“Si el sistema del CRIM se organiza efectivamente con los datos registrales de la propiedad, la industria de bienes raíces será más efectiva y eficiente, porque redunda en información más certera para hacer estudios económicos. El tener la data puede proporcionar información importante para la toma de decisiones del contribuyente al realizar una compra, y para hacer diversas gestiones como cambios de dueño, reclamaciones de deudas, pago de deudas completas y parciales, eliminar deudas y obtener certificaciones”, indicó Crespo.
“En esta época de COVID-19 tenemos que seguir trabajando en pro de los avances de la industria inmobiliaria para continuar logrando eficiencias que permitan mayor acceso de un hogar al contribuyente”, comentó el banquero hipotecario, Víctor Domínguez.
El presidente de la junta de gobierno del CRIM, Javier Carrasquillo, rechazó las recomendaciones de la JSF, las que calificó de “unilaterales y a destiempo”.
Carrasquillo ha sostenido que la propuesta de la JSF representaría que más de 700,000 propiedades tengan que tributar y los que tributan y gozan de exoneración parcial deberán experimentar un aumento en la contribución que pagan al CRIM.
“Es importante que sepa la gente que esto es una posición unilateral por parte de la JSF. El problema que presenta esto, es que el momento histórico en que se proponen estas medias no es el apropiado… Puerto Rico está enfrentando una crisis económica en términos generales… el bolsillo de la gente está herido, tenemos que sumarle todo lo que hemos enfrentado, entiéndase los huracanes, los terremotos y ahora la pandemia, que ha trastocado y lacerado la economía del país”, dijo Carrasquillo.
Por medio de la contribución mueble e inmueble el CRIM recauda cerca de $1,000 millones anuales. Las recomendaciones de la JSF ocurren luego de que en 2019, el organismo logró que el tribunal federal anulara una ley aprobada ese año, que permitía que el gobierno central pagara responsabilidades de los municipios, ascendentes a los $300 millones, con el sistema de retiro y con la Tarjeta de Salud. El CRIM ha sostenido que el pago de esos dineros tendrá un efecto letal en los municipios con dificultades económicas y con menos capacidad de generar ingresos.
