Por Redacción Es Noticia
Carlos “Charlie” Delgado Altieri, candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), presentó su plan para combatir la corrupción e inversionismo político.
“A lo largo de nuestra historia, el pueblo de Puerto Rico ha sufrido el embate de la corrupción gubernamental. El pueblo exige respuestas y también acciones concretas. No hay espacio para más promesas o planes cuyas recomendaciones se quedan en el tintero y nunca se ejecutan. Es necesario actuar sin dilación ni excusas. Hay que atajar la corrupción y encausar a los que le fallan al país”, señaló.
El plan consiste en medidas para la despolitización, selección por mérito, transparencia y participación ciudadana.
El plan está estructurado en siete ejes, los cuales son:
- La despolitización de la gestión gubernamental
Establecerá un registro y reglas para cabilderos en la Rama Ejecutiva, así como la reglamentación sobre reuniones para el recibo de propuestas para evitar la influencia indebida de conocidos o cabilderos que operen al margen de las reglamentaciones vigentes.
- Normativas sobre contrataciones en la Rama Ejecutiva y Legislativa
Propone que se establezca un procedimiento de justificación de contratos de asesoría en la Rama Legislativa y Ejecutiva que contenga elementos uniformes y validados tales como la experiencia, área de dominio (expertise), preparación académica y equivalencia del conocimiento del área temática. Se adoptará, además, una escala de compensación con variables uniformes y prudentes. Igualmente, se propone la compensación justa y prudente para personas jóvenes sin experiencia, recién graduados que entran al gobierno por primera vez.
- Establecer prácticas de sana administración pública
Se establecerán las prácticas de sana administración con pre-intervenciones sistemáticas en toda contratación sobre $1,000,000.00. Bajo este renglón, se establecerá por ley la prohibición de recibir honorarios contingentes (por ciento de ganancias para cabilderos o gestores que reciben bonificaciones por obtención de contratos) con fondos públicos. Además, se extenderán las regulaciones a subcontratistas para que cumplan con los requisitos de documentación con los que cumplen los contratistas. Asimismo, se establecerá un proyecto de ley para que toda entidad que reciba fondos públicos mantenga cuentas separadas para el escrutinio de la Oficina del Contralor o entidades del gobierno. También se establecerá un límite de gastos administrativos del 20%. Como mínimo, el 80% de las asignaciones deberán usarse para servicios directos a la ciudadanía. Por último, se establecerá por ley los procesos y requisitos para la compra de equipos, productos, bienes o servicios, mientras esté vigente un estado de emergencia.
- Establecer procedimientos uniformes sobre recursos humanos
Los procedimientos incluirán: sistema de mérito para nombramientos de carrera y ascensos en el gobierno, la regulación de los puestos de confianza y será mandatorio la evaluación y certificación de todo resumé enviado al gobierno.
- Auditoría obligatoria a toda entidad que reciba fondos públicos
Cualquier entidad, sea gubernamental o no gubernamental, tendrá auditorías obligatorias si recibe fondos públicos. El incumplimiento reiterado de medidas correctivas emitidas por la Oficina del Contralor en Informes de Auditorías será una causa de acción para la remoción, suspensión o destitución de secretarios y jefes de agencias.
- Restituir confianzas en agencias reguladoras y fiscalizadoras
Revisar los procesos de la Oficina del PFEI, el NIE, la División de Integridad Pública y de Crimen Organizado.
- Transparencia y participación ciudadana
Un representante del “interés público” formará parte de todas las juntas de gobierno o de corporaciones públicas. Estas no serán parte del gobierno. También, se buscará consultar “al pueblo” las decisiones “que cambien dramáticamente el orden social, el funcionamiento del sistema constitucional o que envuelva la obligación de recursos considerables o comprometa presupuestos futuros de forma recurrente”.
