Por Redacción Es Noticia
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La Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA) denunció que el ilegal el exigirle a un funcionario público de un municipio o agencia gubernamental, incluyendo empleados civiles de la Policía, el que puede cargar un arma de fuego en su centro de trabajo.
El presidente de CODEPOLA, Ariel Torres Meléndez, explicó que son muchos los empleados públicos que le han comunicado, llamado o escrito para consultarles que recibieron una carta de su patrono para prohibirle el cargar un arma en su área de trabajo.
Señaló que esos comunicados de agencias, municipios y de algunas empresas privadas se están basando en fundamentos de la Ley 404-2000 y la Ley 46-2008.
«De una vez y por todas deben entender que la Ley 404 fue derogada en el 2019 por ser inconstitucional, mientras que la Ley 46 se afectó totalmente debido a las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos”, dijo en un comunicado de prensa.
El caso más reciente, según explicó, fue en el municipio de Gurabo, donde la alcaldesa Rosachely Rivera Santana envió una carta el 22 de abril de 2024 a través de la Oficina de Recursos Humanos notificando que aplicará a los empleados y visitantes, citando la Ley 46 del año 2008 “Ley de Seguridad para los Edificios Público”, para prohibir la portación de armas en todas las estructuras, oficinas y dependencias del municipio.
“Nuestra petición muy humilde es que se eduquen sobre la Ley 168-2019 y todas las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el derecho a la portación de armas”, dijo el Presidente de CODEPOLA, quien informó que no descarta llevar a los tribunales esta situación.
Los casos a los cuales hzio referencia son: District of Columbia v. Heller (2008); McDonald v. City of Chicago (2010) y New York State Rifle & Pistol Association (NYSRPA) v. Bruen (2022).
“No pueden escribir con gríngolas, a sabiendas de que estas determinaciones judiciales dejaron sin efecto diversas leyes en Puerto Rico, como lo fue la Ley 404-2000 y la obsoleta Lel 46-2008”, señaló.
La situación también incluye a los empleados civiles de la Policía, según dijo.
Torres Meléndez indicó que «el denunciado movimiento anti-armas parece haberse iniciado a raíz de la carta enviada por el Secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres Ríos, a tenor con el Memorando DSP-08-2024-036 fechado el 16 de enero del 2024, con la ‘Directriz prohibiendo la portación y uso de armas de dentro del área de trabajo en el Departamento de Seguridad Pública y sus Negociados Adscritos‘.
Señaló que, en cuanto al Secretario del Departamento de Seguridad Pública, se reunió con la división legal de CODEPOLA para atender el asunto que viola el derecho de los empleados civiles de la Policía y se manifestó confiando en que su memorando tenga la misma finalidad que una carta de la Contralor.
“Entendemos que el Secretario del DSP fue inducido a error y que será corregido”, dijo.
Indicó que, debido a la misma situación, se unió la Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, quien supuestamente había enviado un correo electrónico a toda su empleomanía a través de la División de Capital Humano con el mismo señalamiento.
Explicó que, luego de la carta enviada por uno de nuestros asesores legales, la Contralor dejó sin efecto la orden administrativa que requería a los empleados incluir en el Perfil del Empleado la información relacionada con su derecho fundamental a poseer un arma.
A su vez, anunciaron que estarían revisando el Reglamento sobre Normas de Seguridad al Acceder al Edificio de la Oficina del Contralor de Puerto Rico para actualizarlo a las disposiciones de la Ley de Armas 168-2019, con el fin de que “los empleados puedan seguir realizando sus labores, sin perjudicar su derecho a poseer un arma”.
El Presidente de CODEPOLA adelantó que la organización se comunicará con la alcaldesa de Gurabo para expresarle su oposición a la medida adoptada y ofrecerle la información que necesita para retirar de inmediato esa orden.
“Que no le quede duda a nadie que CODEPOLA le va a dar un alto. En estos días, le vamos a estar enviando una misiva muy elegante a la alcaldesa como se hizo con la Contralora”, señaló. “Invitó a cualquier persona a quien su municipio o patrono le haya ordenado alguna prohibición similar a que no guarde silencio porque le vamos a poner un coto a esto”, subrayó.
