Inicio Policiacas Conócelos: Justicia va detrás de los ofensores sexuales

Conócelos: Justicia va detrás de los ofensores sexuales

54
0
Getting your Trinity Audio player ready...

Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

El Departamento de Justicia amplió a la ciudadanía los accesos para que se mantengan enterados de las personas que por ley están obligadas a reportarse al Registro de Ofensores Sexuales.

Publicidad

Sobre 3,000 récords de convictos por abuso sexual están accesibles al público a través del Registro de Ofensores Sexuales que administra la Oficina de Sistemas de Información de Justicia Criminal (SIJC) del Departamento de Justicia. Este es un mecanismo para que las víctimas y ciudadanos se orienten y protejan.

A fines de optimizar la operación del Registro, así como la coordinación entre las agencias a cargo de proveer los datos que se actualizan diariamente, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, creó la Unidad del Registro de Ofensores Sexuales (UROS) y anunció el lanzamiento de la campaña educativa, denominada Conócelos, para que los ciudadanos conozcan su funcionamiento.

“El Registro de Ofensores Sexuales es una herramienta valiosa y eficaz para proteger a las poblaciones vulnerables de los ofensores sexuales convictos en nuestra jurisdicción o de aquellos que visitan o establecen su residencia en la Isla. Es importante que los ciudadanos conozcan cómo funciona para que puedan informarse y protegerse”, expresó el secretario, quien resaltó el liderazgo de la directora de SIJC, la fiscal Joynette Torres La Court, para implementar estas iniciativas.

“Ahora es más fácil acceder al Registro, pues lo rediseñamos para mejorar la experiencia del usuario y simplificar la búsqueda y navegación. Además, en virtud de la Orden Administrativa Núm. 2022-02, creamos la Unidad del Registro de Ofensores Sexuales de Puerto Rico para tener una operación más organizada y eficaz. La información en el Registro se actualiza todos los días, para mantener los datos certeros”, indicó la fiscal Torres La Court.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Negociado de la Policía son las agencias que tienen contacto directo con los ofensores sexuales y se encargan de ingresar la información de cada ofensor al Registro. Esa información la verifican en la Unidad del Registro de Ofensores Sexuales antes de ser publicada.

La Unidad se encarga de supervisar y administrar el funcionamiento del Registro.

El Departamento de Justicia, a través de la Oficina de Sistemas de Información de Justicia Criminal, desarrolló la campaña educativa “Conócelos”, cuyo propósito es educar a la comunidad sobre la existencia del Registro.

“Aquellos ofensores que resultaron convictos en Puerto Rico por algún delito sexual, se incluyen una vez éstos se reintegran a la libre comunidad, ya sea porque cumplieron su pena en cárcel o porque disfrutan de algún beneficio alterno a la pena de reclusión. Estos tienen la responsabilidad de informar cualquier cambio en cuanto a sus circunstancias. Igualmente, las agencias pertinentes realizan revisiones periódicas para constatar la vigencia de la información,”, explicó Coralys Cruz Domínguez, administradora de la UROS.

El Registro cuenta con una función para que los ciudadanos se registren para recibir información y actualizaciones sobre los ofensores sexuales en su área de residencia o interés.

Igualmente, cualquier ciudadano puede brindar información confidencial a la UROS, comunicándose al 787-721-2900, ext. 1129, o a través de la dirección de correo electrónico: sor@cjis.pr.gov.

“De la totalidad de ofensores registrados, 1, 001 son convictos que se han transferidos a Puerto Rico desde otras jurisdicciones. La ley requiere que estos ofensores se registren dentro de los primeros tres días de su llegada a la Isla. Entre estados, se dan avisos y notificaciones sobre el traslado de los ofensores desde otra jurisdicción. Tienen las mismas obligaciones que los ofensores sexuales convictos en Puerto Rico”, detalló la licenciada Cruz Domínguez.

“La comisión de delitos sexuales es una realidad social que afecta no solo nuestra Isla sino otras jurisdicciones. Esta problemática ha llevado al Gobierno de Puerto Rico a tomar medidas y establecer herramientas para proteger a la ciudadanía y a las víctimas de delitos”, indicó la fiscal Torres La Court.