Una auditoría de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico identificó compras por $46,288 sin las cotizaciones requeridas en el Centro Criollo de Ciencias y Tecnología del Caribe, Inc. (C3Tec), entidad sin fines de lucro auspiciada por el municipio de Caguas.
“La sana administración de los recursos públicos requiere que toda entidad que reciba fondos gubernamentales mantenga controles internos efectivos, documentación completa y procesos de adquisición transparentes que promuevan la libre competencia y la rendición de cuentas”, expresó la contralora Carmen Vega Fournier, en declaraciones escritas.
La auditoria reveló que entre abril de 2021 y diciembre de 2024, el C3Tec realizó ocho compras por $46,288 sin obtener las cotizaciones mínimas requeridas.
Cinco adquisiciones por $42,822, cuyo valor individual excedía los $2,000, no contaron con las tres cotizaciones requeridas. Esas compras incluyeron una cortadora láser, un extractor de humo, computadoras portátiles, sillas y otros materiales.
En oras tres compras de equipo, por $3,466, tampoco tuvieron las dos cotizaciones requeridas para adquisiciones mayores de $500.
El informe también identificó desembolsos por $58,647 para ocho compras de equipos y materiales sin órdenes de compra, pese a que las adquisiciones fluctuaron entre $2,580 y $28,240.
Según la Contralora, la falta de órdenes de compra dificulta mantener control sobre asignaciones presupuestarias y puede propiciar el mal uso de fondos públicos o la invalidación de compromisos con suplidores.
Los auditores también encontraron deficiencias en 17 requisiciones examinadas, por falta de datos como identificación de suplidores, cuentas presupuestarias, precios unitarios, cantidades, fechas de aprobación y firmas requeridas.
Además, varias facturas carecían de información exigida por la reglamentación interna, como números de cuentas presupuestarias y firmas de aprobación.
Para desembolsos por más de $32,000, el informe señaló que no se registró adecuadamente la fecha de entrega de cheques ni la firma de las personas que los recibieron.
En uno de los expedientes examinados tampoco se encontró el Certificado de Registro de Comerciantes requerido.
La gerencia del Centro defendió la compra de una cortadora láser y equipo relacionado por más de 33,000 dólares, al señalar que evaluó equipos similares en instituciones educativas y centros de fabricación digital.
No obstante, la Oficina de la Contralora sostuvo que el hallazgo prevalece porque el Centro no verificó la existencia de otros suplidores antes de la compra, según exigía su política interna.
El segundo hallazgo del informe trató sobre deficiencias en expedientes de contratación de servicios profesionales.
Aunque los contratos examinados fueron formalizados por escrito y los servicios fueron prestados, la auditoría encontró que ninguno incluía la autorización formal del gerente del área que recibiría los servicios.
Tampoco se preparó la Hoja de Términos de Contrato requerida por la política institucional y, en un expediente, no se encontró el Certificado de Registro de Comerciantes del contratista.
Como comentario especial, la Contralora señaló que el C3Tec no había radicado ante el Departamento de Estado el informe anual correspondiente al 2025, requisito de la Ley General de Corporaciones.
La falta de radicación impide que el gobierno y otras entidades tengan información actualizada sobre la situación operacional y financiera de la corporación, según el informe.
Durante el período auditado, el C3Tec recibió 5 donativos legislativos por 388,259 dólares, de los cuales había desembolsado 386,620 dólares. Al cierre del examen quedaba un sobrante acumulado de 1,639 dólares.
La Oficina de la Contralora recomendó al alcalde de Caguas y presidente de la Junta de Directores, William Miranda Torres, y a la directora ejecutiva del Centro, fortalecer los controles internos sobre compras, cotizaciones, órdenes de compra, expedientes de contratación, certificados de suplidores y radicación de informes corporativos.
El informe cubrió operaciones realizadas entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2025, principalmente sobre fondos legislativos, compras y contratación de servicios profesionales.
La auditoría emitió una opinión cualificada al concluir que las operaciones examinadas cumplieron, en términos generales, con la ley y la reglamentación aplicable, excepto por los hallazgos sobre compras y contratos.
