La contralora Carmen Vega Fournier informó el lunes que refirió a Justicia, Hacienda y Ética Gubernamental una investigación sobre un empleado de Trujillo Alto que supuestamente usó una computadora municipal para preparar y radicar planillas privadas.
“Los recursos tecnológicos, sistemas de información y equipos adquiridos con fondos públicos tienen que utilizarse exclusivamente para fines oficiales y para adelantar la gestión gubernamental”, expresó Vega Fournier en declaraciones escritas.
La investigación cubrió el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2024 y surgió por una querella sobre el uso de sistemas computarizados del municipio.
Según el informe OC-26-45 señala que el empleado estaba adscrito a la oficina del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) del municipio de Trujillo Alto.
El análisis forense concluyó que el empleado utilizó la computadora asignada durante horas laborables para acceder a formularios contributivos en plataformas digitales y preparar planillas de contribución sobre ingresos para clientes particulares.
La Contralora indicó que el empleado preparó y radicó 59 planillas estatales y federales de individuos mediante el equipo municipal.
El informe señala que el empleado pudo haber recibido cerca de $30 por cada planilla preparada, lo que apunta a una posible actividad lucrativa con recursos públicos.
Como parte del examen forense, la OCPR recuperó 28 planillas vinculadas a la cuenta de usuario del empleado. De esas, 10 habían sido borradas y fueron recuperadas mediante técnicas forenses.
Otras 31 planillas fueron descargadas desde una plataforma de almacenamiento en la nube hacia un dispositivo externo, según el informe.
La investigación también encontró que las planillas estatales recuperadas aparecían preparadas por otra persona vinculada a una compañía privada, mientras las federales reflejaban a otro preparador de la misma entidad.
Ninguno de esos nombres correspondía al empleado municipal investigado. La OCPR confirmó con el Departamento de Hacienda que el empleado no estaba registrado oficialmente como preparador de planillas.
“Cuando estos recursos son utilizados para actividades privadas o para generar beneficios personales, se compromete la confianza pública y se incumple con los principios básicos de sana administración pública”, añadió Vega Fournier.
La Contralora remitió un referido al Departamento de Justicia el 26 de mayo de 2026 para evaluar posibles violaciones de leyes o reglamentos. Ese mismo día envió referidos al Departamento de Hacienda y a la Oficina de Ética Gubernamental.
También se remitió un referido al alcalde de Trujillo Alto para que considere medidas disciplinarias relacionadas con los hallazgos. “Cada servidor público tiene la responsabilidad de proteger los recursos que pertenecen al pueblo de Puerto Rico y utilizarlos exclusivamente para el desempeño de sus funciones oficiales”, sostuvo Vega Fournier.
