La contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, informó el martes que una auditoría realizada al Municipio de Barranquitas identificó pagos indebidos, deficiencias administrativas y riesgos fiscales durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2024.
“La gestión pública exige cumplimiento estricto con la ley, controles internos robustos y una administración responsable de los recursos del pueblo”, expresó Vega Fournier en declaraciones escritas.
El informe detalla que se efectuaron pagos de salarios por 84,268 dólares a una pensionada del Sistema de Retiro para Maestros, quien ocupó un puesto de confianza mientras continuaba recibiendo su pensión. La Oficina del Contralor determinó que el hallazgo prevalece, al concluir que aplicaba la Ley del Sistema de Retiro para Maestros de 2013.
Asimismo, la auditoría señaló un pago indebido de 13,500 dólares por servicios artísticos que no fueron ofrecidos. Aunque el municipio argumentó que el artista incurrió en gastos y que la actividad fue interrumpida por un apagón, se concluyó que el desembolso no procedía según los términos contractuales. El dinero fue recuperado en agosto de 2025 mediante un acuerdo extrajudicial.
En el área de construcción, el informe reveló que el municipio inició trabajos sin contar con los permisos requeridos en al menos cuatro proyectos, algunos de los cuales fueron obtenidos con retrasos de hasta 707 días. Además, se formalizaron contratos sin que los contratistas presentaran a tiempo documentos esenciales como fianzas, pólizas del Fondo del Seguro del Estado y seguros de responsabilidad pública.
La auditoría también identificó deficiencias presupuestarias, al no obligarse créditos en contratos y enmiendas que suman 5,947,287 dólares al momento de su otorgamiento. Estas obligaciones fueron registradas con retrasos de hasta 541 días, lo que, según el informe, debilita el control fiscal y aumenta el riesgo de sobregiros y litigios innecesarios.
En cuanto a la administración de ingresos, se detectó falta de análisis en cuentas por cobrar que superan los 1.6 millones de dólares, de los cuales más de 1.2 millones tienen más de cinco años de antigüedad. También se señalaron deficiencias en las gestiones de cobro, en la verificación de patentes municipales y en la presentación de declaraciones de volumen de negocios.
El informe además evaluó contratos de arrendamiento de locales por 123,000 dólares entre 2021 y 2023, y concluyó que el municipio no obtuvo estudios de renta ni certificaciones registrales en cuatro contratos, además de omitir la certificación de deuda del Departamento de Hacienda en dos casos.
Ante estos hallazgos, la Oficina del Contralor emitió varias recomendaciones dirigidas al alcalde y a las distintas unidades administrativas del municipio, con el fin de reforzar los controles internos, recuperar fondos y corregir las deficiencias señaladas.
