Una auditoría de la Oficina del Contralor concluyó que las operaciones fiscales del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional incumplieron en aspectos significativos con las leyes y reglamentos aplicables, al identificar, entre otros señalamientos, una pérdida de $11,474,972 relacionada con un terreno sin uso, compras por $3,478,527 realizadas fuera de la Administración de Servicios Generales (ASG) y obras y servicios por $1,680,904 adquiridos sin contratos formales.
El informe OC-27-16, que examinó principalmente el periodo del 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2022, contiene 10 hallazgos, siete comentarios especiales y una opinión adversa sobre las operaciones del Fideicomiso. La auditoría también examinó determinadas transacciones efectuadas antes y después del periodo auditado.
“Las pruebas efectuadas y la evidencia en nuestro poder revelaron que las operaciones del Fideicomiso no se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables”, señaló la Oficina del Contralor.
Compras millonarias fuera de la ASG
Uno de los principales señalamientos corresponde a 318 órdenes de compra emitidas entre julio de 2019 y diciembre de 2021 por un total de $3,478,527, sin la intervención de la Administración de Servicios Generales y sin que existiera una delegación que autorizara al Fideicomiso a realizar directamente esas adquisiciones.
En una muestra de 25 órdenes de compra que totalizaron $1,907,956, los auditores identificaron 16 compras por $1,488,105 que no utilizaron el método de licitación requerido.
Además, 17 órdenes por $1,383,622 fueron adjudicadas a proveedores que no contaban con certificados de elegibilidad vigentes, mientras que 21 compras por $1,887,419 carecían de autorización previa de la Oficina de Gerencia y Presupuesto o de la Secretaría de la Gobernación.
La Contraloría aclaró que estas categorías se superponen dentro de la misma muestra y, por tanto, no deben sumarse entre sí.
Según el informe, la situación se produjo debido a instrucciones del entonces director ejecutivo del Fideicomiso para que las compras continuaran realizándose como de costumbre, bajo el entendimiento de que la Ley 73-2019 no aplicaba a la corporación pública.
Sin embargo, los auditores concluyeron que el Fideicomiso estaba obligado a tramitar sus adquisiciones mediante la Administración de Servicios Generales.
Los señalamientos relacionados con las compras fueron referidos el 20 de agosto de 2025 al Departamento de Justicia, la Administración de Servicios Generales y la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La Contraloría aclaró que la remisión de los hallazgos no constituye, por sí sola, una determinación de responsabilidad penal.
Obras por $1.6 millones sin contratos
La auditoría también identificó obras y servicios por $1,680,904 adquiridos mediante órdenes de compra sin contratos formales.
De esa cantidad, $1,542,404 correspondieron a trabajos de construcción y servicios técnicos, especializados y profesionales, mientras que otros $138,500 fueron destinados inicialmente a la construcción de un monumento.
Cinco órdenes de compra generaron desembolsos por $546,640 para obras que, una vez terminadas, no tuvieron utilidad inmediata.
Entre estas se incluyeron $478,474 invertidos en un club para militares ubicado en la Base Aérea Muñiz, que permanecía cerrado durante entrevistas realizadas por los auditores en 2023 y 2024.
También se identificaron $47,000 destinados a baños de una armería en Ceiba que posteriormente fueron destruidos durante trabajos de mitigación relacionados con la presencia de plomo, así como $21,166 en sistemas de seguridad para una oficina que nunca llegó a utilizarse.
Miguel Méndez Fontánez, quien se desempeñaba como principal oficial ejecutivo del Fideicomiso, informó posteriormente que el club comenzó a utilizarse luego de resolverse una controversia sobre la titularidad del edificio y completarse mejoras al sistema contra incendios.
La directora ejecutiva, Edith Pérez Estrella, señaló además que la Guardia Nacional Aérea utiliza la instalación para actividades autorizadas.
No obstante, la Oficina del Contralor mantuvo el hallazgo al determinar que las obras debieron formalizarse mediante contratos y que los proyectos tenían que planificarse de manera que pudieran comenzar a utilizarse con prontitud.
Terreno de $12.7 millones terminó registrado como pérdida
El hallazgo de mayor cuantía está relacionado con un terreno adquirido en Santa Isabel por $12.7 millones en diciembre de 2008.
Según la auditoría, al 1 de noviembre de 2022, unos 14 años después de la adquisición, la Junta de Directores del Fideicomiso todavía no había aprobado un plan para utilizar el terreno.
El inmueble fue valorado en apenas $1.3 millones en 2014, por lo que el Fideicomiso registró una pérdida de $11,474,972 en sus estados financieros.
Posteriormente, una tasación realizada en noviembre de 2023 redujo nuevamente el valor estimado del terreno, esta vez a $1 millón.
Durante visitas efectuadas en 2020 y 2022, los auditores observaron caballos, escombros y basura en la propiedad.
Méndez Fontánez indicó que la Junta de Directores aprobó en abril de 2024 la preparación de un estudio de viabilidad para evaluar un posible desarrollo comercial y residencial dirigido a veteranos y sus familias.
Por su parte, el exdirector ejecutivo Epifanio Jiménez Cruz sostuvo que la responsabilidad por la pérdida correspondía a la administración que adquirió el terreno sin contar con un plan para su utilización.
La Oficina del Contralor, sin embargo, mantuvo el señalamiento al concluir que las gestiones realizadas posteriormente no revierten la pérdida registrada.
Otros pagos y deficiencias señaladas
El informe también identificó el pago de $1,592 por una póliza contra el cáncer para una empleada, beneficio que no estaba reglamentado ni se ofrecía a otros empleados en condiciones similares.
Asimismo, se identificaron $34,704 en donativos que, según los auditores, no respondían a los propósitos del Fideicomiso.
Tres órdenes de compra por $45,405 correspondieron a servicios de refrigeración prestados por proveedores que no contaban con licencias vigentes. Estos señalamientos también fueron referidos al Departamento de Justicia, mientras que el caso de los técnicos fue enviado a la Junta Examinadora y al Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado.
La auditoría detectó además 12 pagos anticipados por $638,316 efectuados antes de que se recibieran las obras, bienes o servicios correspondientes. Diez de esos pagos, por $608,283, fueron realizados sin contar con facturas de los proveedores.
Los auditores también encontraron ausencia de registros de cheques, copias de cheques cancelados y documentos que permitieran confirmar el recibo de bienes o servicios.
Deficiencias con tarjetas de crédito y controles internos
Entre 2016 y 2021, el Fideicomiso realizó 1,060 compras mediante tarjetas de crédito por $113,349 sin contar con un procedimiento aprobado por la Junta de Directores.
Una muestra de esas transacciones reveló recibos ausentes, pagos de impuestos de los cuales el Fideicomiso estaba exento y cargos por financiamiento.
El procedimiento formal para el uso de las tarjetas de crédito entró en vigor en enero de 2025.
La Oficina del Contralor también encontró problemas en la separación de funciones financieras. Según el informe, una contadora tenía a su cargo registrar órdenes, facturas y pagos, custodiar cheques en blanco, aprobar transferencias electrónicas y preparar las conciliaciones bancarias.
Para los auditores, esa concentración de responsabilidades impedía una separación adecuada de funciones y debilitaba los controles internos.
Tiendas militares dejaron de generar $4 millones
Otro de los señalamientos se relaciona con el cierre de las tiendas militares entre julio de 2022 y marzo de 2023, mientras se atendía una impugnación judicial relacionada con la selección de un concesionario.
Durante esos nueve meses, el Fideicomiso dejó de recibir aproximadamente $4,050,000 en ingresos.
Además, al 13 de mayo de 2024, no se habían transferido $1,930,000 al fondo de anualidades ni $275,000 al fondo educacional.
Jiménez Cruz argumentó que la pérdida de ingresos obedeció a la interrupción del proceso de concesión causada por una impugnación judicial y no a la ausencia de un Plan de Continuidad de Operaciones.
“La ausencia de ingresos por nueve meses se debió a la interrupción del proceso de concesión de las tiendas militares, no a la falta de un Plan de Continuidad”, sostuvo el exdirector ejecutivo.
La Oficina del Contralor rechazó ese argumento y señaló que un Plan de Continuidad de Operaciones no se limita a escenarios operativos normales, sino que debe utilizarse para anticipar, mitigar y manejar eventos imprevistos.
Contraloría emite 35 recomendaciones
Como resultado de la auditoría, la Oficina del Contralor emitió 35 recomendaciones dirigidas al Gobierno, la Administración de Servicios Generales, el Departamento de Justicia, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Junta de Directores y la gerencia del Fideicomiso.
Entre las medidas recomendadas figuran transferir $2,205,000 a los fondos correspondientes, establecer un Plan de Continuidad de Operaciones, tramitar las compras mediante la Administración de Servicios Generales y separar las funciones financieras incompatibles.
“Estas recomendaciones buscan fortalecer la supervisión, reforzar los controles internos, mejorar la planificación administrativa y asegurar el cumplimiento estricto con la normativa aplicable”, expresó la contralora Carmen Vega Fournier.
La auditoría presenta así un cuadro de múltiples deficiencias administrativas, fiscales y de controles internos en el Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional, incluyendo pérdidas millonarias, adquisiciones que no siguieron los procesos requeridos y proyectos que no tuvieron un uso inmediato. (Cybernews)
