Por Omaya Sosa Pascual
Centro de Periodismo Investigativo
La exsecretaria asociada de la Gobernación, Itza García Rodríguez, demandó el pasado viernes a la gobernadora Wanda Vázquez Garced por $5 millones en un caso confidencial en el que alega difamación, libelo y calumnia.
El pleito fue presentado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan como un caso confidencial por lo que el documento no está disponible, pero el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) recibió el lunes evidencia de que el caso ya fue registrado en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) de Tribunales.
Según dicha evidencia, García Rodríguez demanda a Vázquez Garced en su carácter de funcionaria cuando fue Secretaria de Justicia y en su carácter personal, lo que es indicativo de que la alegación corresponde a los hechos de la investigación del llamado WhatsApp Gate.
El abogado de García Rodríguez, el licenciado Jesús Roberto Ramos Puca, confirmó que en efecto los planteamientos de la demanda “tienen mucho que ver” con este caso, pero no quiso dar más detalles debido al interés de su clienta de mantener su privacidad.
Vázquez Garced no ha sido emplazada, y según Ramos Puca, su clienta tiene 120 días para diligenciar el emplazamiento.
La gobernadora no respondió una petición de reacción del CPI al cierre de esta edición.
García Rodríguez había denunciado por Twitter abuso de poder y contraste en la forma en que Justicia manejó la investigación del chat de WhatsApp versus la lentitud y laxitud con la que manejó la pesquisa del Telegram Chat que implica al ex gobernador Ricardo Rosselló Nevares y a doce de sus asesores más cercanos, incluido el director de campaña de Rosselló Elías Sánchez, y el trato que se le dio a ella y otros integrantes del WhatsApp chat que eran figuras de menor jerarquía en el Gobierno y en la estructura política del Partido Nuevo Progresista.
Por su participación en ese chat Rosselló Nevares le pidió la renuncia de García Rodríguez y a los demás participantes investigados, quienes ocupaban puestos de públicos de segunda jerarquía en agencias del Gobierno de Puerto Rico. Un año más tarde, los ciudadanos exigían la renuncia de Rosselló Nevares por su participación en el “WRF Chat” de Telegram revelado por el CPI.
La pesquisa en torno a las presuntas intervenciones indebidas en el proceso electoral a la que alude la nueva demanda se refiere a hechos ocurridos entre septiembre y octubre de 2016. Esa investigación fue encaminada con fuerza por Vázquez Garced en 2018 en contra del juez Rafael Ramos Saenz, García Rodríguez, William Villafañe, quien al momento era secretario de la Gobernación y al presente es senador, además de otros cuatro participantes.
Ramos Saenz, quien era presidente de la Junta Electoral de Moca de la Comisión Estatal de Elecciones y juez municipal, a su vez participaba activamente junto a los demás investigados y decenas de otras personas en dos chats de corte partidista en los que hacía expresiones en contra de opositores políticos, lo que constituye una violación de ley dados los puestos públicos que ocupaba.
A los demás participantes se les implicó por participar en la conversación a sabiendas de que el Ramos Saenz era juez y funcionario electoral.
A raíz de su investigación preliminar, la entonces Secretaria de Justicia y hoy Gobernadora refirió a la Oficina sobre el Panel Especial del Fiscal Independiente (OPFEI) al juez Ramos Saenz por posibles delitos de influencias indebidas, enriquecimiento ilícito, y violación al código electoral de Puerto Rico. También refirió a las otras cinco personas a la OPFEI para el análisis de posibles influencias indebidas y violación al Código Electoral.
Sin embargo, solo en el caso de García Rodríguez y Ramos Saenz se hizo un referido específico aparte sosteniendo que “existía causa suficiente para entender que pudo haber incurrido en los delitos de influencia indebida y perjurio”.
En aquel entonces, Vázquez Garced acusó a García Rodríguez de haberla querido intimidar y de haber intentado obstruir la justicia ante la OPFEI. El presunto acto de intimidación y obstrucción cometido por García Rodríguez, fue darle foro a una querella por intervención de Vázquez Garced en el sonado caso de Tyrone Torres Betancourt, el joven que entró a robar a casa de su hija, según detalló Vázquez Garced en entrevista con WKAQ.
“La madre del individuo pensó en ir a la oficina de Itza García a presentar querella contra la secretaria de Justicia. ¡Qué casualidad! ¡Cuando yo estaba investigando el caso del chat de WhatsApp! No sabemos cómo le salió la idea en la cabeza de ir a hablar con Itza García”, dijo Vázquez Garced, según transcrito por El Nuevo Día.
“Convenientemente, cuando la señora le dice que va a hacer una querella contra la secretaria de Justicia, ella la tomó. No se inhibió”, agregó.
Ramos Saenz fue acusado de 19 delitos graves y se declaró culpable en un acuerdo de reclasificación de cargos a menos graves, por los cuales cumple una sentencia suspendida de seis años. Sin embargo, los demás participantes referidos, incluyendo a García Rodríguez, fueron relevados de responsabilidad por la OPFEI.
García Rodríguez, quien es representada en la acción legal por el licenciado Ramos Puca, no estuvo disponible para entrevista sobre el tema por consejo de su abogado. En su lugar, emitió expresiones Ramos Puca quien dijo estar sorprendido de que el CPI hubiese tenido acceso a la notificación de la presentación del pleito, pues fue presentado de manera confidencial para proteger la privacidad de su clienta y evitar la publicidad exagerada dentro de la emergencia que vive el país. Se presentó en estos momentos para interrumpir los términos ya que en mayo de 2019 su clienta había iniciado una acción extrajudicial contra Vázquez Garced sin obtener la acción correspondiente, explicó el abogado.
“El propósito es vindicar su nombre, su dignidad, su reputación y el trabajo ejemplar que ella hizo como funcionaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Las alegaciones específicas en su momento se sabrán”, sostuvo el letrado al señalar que García Rodríguez salió maltrecha tanto a nivel económico como a nivel personal por los hechos relacionados al caso de WhastApp.
Además de la gobernadora Vázquez Garced, figuran como co-demandados el Departamento de Justicia, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las compañías de seguros correspondientes.
*Luis J. Valentín Ortiz colaboró con esta historia.
