Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com
La legisladora municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), en Arroyo, Edra Díaz Santiago, denunció que la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en la Legislatura Municipal aprobó una ordenanza que permite nuevamente el uso del peligroso herbicida glifosato en áreas verdes municipales, a pesar de las denuncias ciudadanas y la evidencia mundial sobre sus riesgos a la salud y al ambiente.
La medida, aprobada en Sesión Ordinaria de la Legislatura de Arroyo, enmienda la Ordenanza Número 02 Serie 2019-2020, que desde octubre de 2019 prohibía el uso del glifosato en carreteras, orillas de quebradas, canales de riego, ríos y cualquier terreno público del municipio. Ahora se permitirá el uso del herbicida para el mantenimiento de áreas verdes, a no menos de 100 pies de las residencias.
“El alcalde Eric Bachier Román y los legisladores del PPD le fallaron al pueblo de Arroyo. Con sus votos autorizaron el uso de un veneno que pone en riesgo la salud de nuestras familias. Aprobaron una medida vaga e imprudente, sin explicar cómo harán cumplir la supuesta restricción de 100 pies de distancia de las residencias y sin siquiera definir qué es un área verde. Esta enmienda es un retroceso y una irresponsabilidad ambiental”, afirmó Díaz.
Explicó que varios ciudadanos que se oponen al uso del glifosato intentaron participar en la sesión legislativa donde se discutía la medida, pero se les negó el acceso: al llegar encontraron las puertas de la alcaldía cerradas, impidiéndoles ejercer su derecho a participar, expresarse y fiscalizar.
La legisladora del PIP también denunció que la enmienda aprobada redujo la multa administrativa de $5,000 a $1,000 y eso debilita los mecanismos de protección.
“Esta decisión es aún más grave cuando por meses residentes denunciaron que el propio municipio violaba la ordenanza vigente, utilizando glifosato de manera ilegal en áreas públicas. En lugar de atender esas denuncias, la Legislatura decidió legalizar la práctica, lo que constituye una falta de respeto a la ciudadanía”, añadió Díaz Santiago.
Actualmente, Arroyo enfrenta una demanda ciudadana, bajo la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para Acceso a la Información Pública (Ley Núm. 141-2019), por negarse a entregar información sobre el uso del glifosato.
Señaló que el glifosato ha sido catalogado como probable cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos, la compañía enfrenta miles de demandas de ciudadanos que alegan haber desarrollado linfoma no Hodgkin tras estar expuestos al producto. La empresa ya ha pagado miles de millones de dólares en acuerdos judiciales.
“Lo que ocurrió en Arroyo es una traición al pueblo y a su derecho a un ambiente sano. Mientras en otros lugares del mundo se prohíbe el glifosato, aquí lo traen de vuelta para las carreteras y las áreas públicas. Desde el PIP reafirmamos que no nos vamos a quedar de brazos cruzados: seguiremos acompañando a las comunidades en esta lucha contra el veneno y por la vida”, indicó.
