Por Redacción Es Noticia
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Las autoridades estadounidenses informaron que ocho personas deportadas llegaron finalmente a Sudán del Sur, tras permanecer varias semanas retenidas en una base militar en Yibuti, África. El grupo incluye a dos ciudadanos cubanos residentes en Florida, ambos con un amplio historial criminal, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Los deportados partieron originalmente de Texas el pasado 20 de mayo en un vuelo coordinado por el DHS, como parte de lo que la agencia describió como un esfuerzo para “expulsar a algunas de las personas más brutales y violentas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos”. Sin embargo, una demanda judicial entablada en Massachusetts provocó que el grupo quedara detenido temporalmente en Yibuti, mientras se resolvía su situación legal.
Una jueza federal había intentado detener su expulsión definitiva y ordenar el regreso de los deportados a Estados Unidos, pero finalmente, el tribunal permitió su traslado a Sudán del Sur, donde llegaron esta semana. DHS no ofreció detalles sobre las condiciones a las que serán sometidos en ese país.
Cubanos con largo historial criminal
Entre los deportados se encuentran Enrique Arias-Hierro, de 47 años y residente del condado de Miami-Dade, quien fue arrestado en siete ocasiones en 1997 y dos veces más en 2006. El pasado 2 de mayo de 2025, Arias-Hierro fue nuevamente detenido. Su historial criminal incluye homicidio, robo a mano armada, suplantación de identidad, secuestro y robo con violencia.
También fue deportado José Manuel Rodríguez-Quiñones, de 54 años, con historial de residencia en los condados de Volusia, Orange y Brevard, en Florida. Su primera detención fue en 2008 por tráfico de cocaína. Posteriormente, acumuló cargos por asesinato en primer grado con arma de fuego, agresión con violencia, hurto, posesión y distribución de drogas, siendo su última detención registrada el 30 de abril de 2025.
Ambos forman parte de un grupo de más de 40,000 ciudadanos cubanos que Cuba se ha negado a recibir de vuelta, una situación que ha complicado los esfuerzos del gobierno estadounidense para deportar a criminales no ciudadanos.
El DHS no ha aclarado por qué Sudán del Sur fue el país receptor del grupo, ni qué acuerdos diplomáticos se utilizaron para facilitar su reubicación. La noticia ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que cuestionan las condiciones en las que estas personas enfrentarán su nueva realidad.
