Por Redacción Es Noticia
La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) identificó irregularidades en un contrato entre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y una compañía de tecnología e informática.
El contrato se formalizó entre el DRNA y la compañía Xuvo Technologies LLC. La misma es con fines de lucro y fue inscrita en el Departamento de Estado el 26 de junio de 2013.
De acuerdo a la OIG, el contrato entre ambos tenía como propósito desarrollar y administrar una aplicación que facilitaría trámites administrativos, como solicitudes, permisos y renovaciones, entre otros.
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Un cargo por conveniencia se cargará simultáneamente con el cobro por cualquier concepto antes mencionado y es atribuible a toda persona que requiera el servicio.
El contrato se pactó por la cuantía de $1 anual con vigencia de cinco años. A pesar de esto, la compañía recibirá una ganancia en representación del monto de los cargos de conveniencia para todos los trámites o transacciones que conlleven algún tipo de costo, cargo, tarifa, derecho o arancel por parte del DRNA.
El DRNA no efectuó un estudio de viabilidad que determinaría la proyección de ventas de sellos o trámites solicitados por ciudadanos, por lo cual no se tiene un estimado de los ingresos que recibiría el contratista privado como parte de los cargos de conveniencia que serían cobrados a las personas, al implementar el nuevo sistema.
Tampoco se evidencia que el DRNA evaluaría la posibilidad de pagar una cuantía fija al contratista por la implementación del contrato y cargos de mantenimiento y que los ingresos recibidos pasaran a formar parte del erario.
Por otra parte, el contrato dispone una cláusula de una penalidad de hasta $50,000 mensuales a favor del contratista en un solo pago si se cancelara el contrato antes de su fecha de vencimiento.
Además, si el Departamento hiciera una impugnación judicial, la indemnización o penalidad aumentará a una suma líquida equivalente $75,000 mensuales.
Otras deficiencias incluyen: la formalización de un contrato que no contaba con certificaciones requeridas por ley, falta de análisis sobre los estudios de costos y viabilidad de la contratación realizada y cláusulas onerosas y perjudiciales para el DRNA y el gobierno.
“Estas cláusulas podrían tener el efecto de favorecer de manera unilateral a un contratista en contra de los mejores intereses del gobierno. Los intereses privados de un contratista, bajo ningún concepto, deben prevalecer o de alguna manera afectar el deber fundamental de asegurarle a los ciudadanos que sus fondos públicos están siendo utilizados para brindar un servicio de calidad, al menor costo posible”, detalló personal de la OIG.
Las OIG instruyó al DRNA a que no proceda con la implementación del mismo hasta tanto subsane todas las deficiencias señaladas lleve a cabo un estudio de viabilidad junto a la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), en conformidad con la Ley Núm. 75-2019.
El DRNA adujo que solicitó en “numerosas ocasiones” reuniones con representantes de Xuvo Technologies LLC. Sin embargo, personal de la agencia dijo que sus intentos fueron “infructuosos y el contrato permanece vigente sin contar aún con los servicios necesitados”.
El referido para la evaluación del contrato se formalizó en el 2019 por el secretario del DRNA, Rafael Machargo Maldonado.
