Por Sandra Caquías Cruz
Un estudio sobre el impacto de las leyes de incentivo tanto para la exportación como para inversionistas del extranjero reflejó un aumento de un 3% en la tasa de empleo y de 2% en la producción total, informó el economista José Caraballo Cueto, autor de la investigación.
- 3% de empleos significa entre 33,000 a 39,000 empleados.
- 2% producción representa alrededor de $1,245 millones.
“Este estudio confirma que el impacto de las leyes 20, 22 y 273 del 2012 ha sido positivo pero modesto, y se proveen recomendaciones para explotar el potencial de éstas y mover a los participantes a realmente invertir y promover la actividad económica”, expresó Caraballo Cueto, de Econometrika Corp.
Explicó que, aunque el estudio revela ese crecimiento al ser un impacto «moderado» incluyó varias recomendaciones para poder precisar mejor el impacto y reforzar las leyes de incentivos.
El estudio lo realizaron a nivel de todo el país y no se pueden identificar, al momento, si estos incentivos están beneficiando más a unas regiones que a otras y el rezago económico que eso pudiera provocar en sectores deprimidos. Eso sí, aclaró que entre las recomendaciones está el incentivar organizaciones sin fines de lucro y empresarios que decidan desarrollar la actividad comercial en sectores o zonas desventajadas económicamente.
Caraballo Cueto recordó que Estudios Técnicos había realizado una investigación sobre estos incentivos y encontró que la Ley 20 había tenido un impacto mayor que la Ley 22.
- Ley 20 – Fomentar la Exportación de Servicios – Está dirigida a los empresarios locales que exportan sus productos o servicios. Incentiva a la empresa o individuo radicado en Puerto Rico que exporta.
- Ley 22 – Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico – Beneficia a los inversionistas que llegan del extranjero para desarrollar actividad comercial con una exención en los impuestos por ganancias de capital.
- Ley 273 – Ley reguladora del Centro Financiero Internacional de Puerto Rico.
El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda, destacó que contrario a lo que trasciende, de que estas leyes sirven afectan la economía, “el impacto ha sido positivo; no es que la economía perdió porque se aprobó esta legislación”.
Tanto el Economista como Cidre Miranda insistieron que si no se hubiesen aprobados estas leyes el desempleo y la actividad económica en el País sería menor. “Hubiese menos empleos”, insistió Cidre Miranda.
“Básicamente, se midió qué hubiese ocurrido en ausencia de estas leyes, las cuales, aunque han tenido un impacto moderado en la economía de Puerto Rico, sin ellas, la pérdida de empleos durante la pasada década hubiese sido mayor. El índice de actividad económica hubiese sido 2.64 puntos menor. Sin embargo, el estudio demuestra que el impacto pudiera ser mayor, si logramos crear las condiciones ideales para atraer inversionistas reales. El que no tenga intenciones de invertir y aportar a nuestra economía, debería pagar un impuesto mayor al que está invirtiendo y creando empleos”, explicó Cidre Miranda.
Entre las recomendaciones a estas leyes mencionaron:
- El exigir formularios que someten al gobierno federal y que permitiría reconfirmar la cantidad de empleos que generan estas empresas.
- Exigir un mínimo de empleos para acogerse a los beneficios.
“Esa exigencia de la 1040R y la 940R va a ser clave para poder monitorear por fin si, en efecto, están creando o no los empleos, si cumplen o no cumplen y si merecen el decreto o se les revoca. Definitivamente, la fiscalización tiene que ser más activa. Hacia eso hemos dirigido los esfuerzos en estos meses”, manifestó Cidre Miranda.
Mientras, el director ejecutivo de la Oficina de Incentivos para Negocios del DDEC, Carlos Fontán, detalló que el proceso de cumplimiento con los decretos permitió identificar y notificar a 1,086 individuos sobre posibles incumplimientos.
“Este será un proceso recurrente esencial de la Oficina de Incentivos. También comenzamos un proceso de auditoría donde velaremos, no sólo por el cumplimiento de entrega del Informe Anual requerido por las leyes de incentivos, sino con el cumplimiento de todos los demás términos y condiciones de los decretos. Como parte de estos esfuerzos, ya hemos identificado sobre 60 decretos que pueden ser objeto de revocación… Desde el 2012 no se habían auditado decretos bajo la Ley 22. Esta es la primera vez que se lleva a cabo un esfuerzo de esta magnitud”, adelantó Fontán.
