Por Redacción Es Noticia
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El exdirector de Obras Públicas del municipio de Guayama, Ramón Conde Meléndez, se declaró culpable de conspirar para cometer soborno, informó hoy -jueves- el fiscal federal W. Stephen Muldrow y el agente especial Joseph González, de la oficina local del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Conde Meléndez reconoció ser culpable de participar en un esquema en que recibió pagos en efectivo a cambio de certificar la finalización de proyectos de asfalto que se requería para que el municipio de Guayama pagara a una empresa de asfalto y pavimentación.
Según los documentos judiciales, en 2019 y 2021, Ramón Conde Meléndez acordó recibir y recibió múltiples pagos de sobornos del Individuo A, propietario de una empresa de asfalto y pavimentación, equivalentes a aproximadamente $1.00 por cada metro cuadrado de asfalto removido por la empresa, en el municipio de Guayama.
El valor total de los pagos de sobornos recibidos por el demandado del ‘Individuo A’ superó los $15,000, se informó.
Conde Meléndez se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión. Un juez federal determinará la sentencia después de considerar diversos factores de índole legal.
La investigación fue realizada por la Oficina de Campo de San Juan del FBI.
Están a cargo de la acusación, el abogado Nicholas Cannon, de la Sección de Integridad Pública de la División Criminal y el fiscal federal Seth Erbe, de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
Mientras, el otrora alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez, se declaró culpable de participar en un esquema de soborno al dar contratos y aprobar pagos de facturas a una empresa de asfalto y repavimentación.
Cintrón Suárez renunció al cargo. Empero, mientras ejerció como alcalde, contrató el servicio de pavimentación a cambio de recibir $1.00 por cada metro cuadrado que determinada empresa, la cual no fue identificada, colocara en ese municipio.
El esquema comenzó en 2013 y duró hasta febrero de 2021. Cintrón Suárez, de 54 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración para participar en un esquema de soborno.
Podría enfrentar hasta cinco años de cárcel, a decisión del juez.
