Por Miguel Díaz Román
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Los estimados excesivos por daños realizados por ajustadores públicos independientes en las reclamaciones provocadas por los huracanes Irma y María serán investigados por la Cámara de Representantes, en lo que se perfila como una pesquisa controvertible debido a que algunos miembros de la administración del exgobernador Ricardo Rosselló figuran como abogados de una de las empresas de ajustadores públicos cuyos estimados han sido impugnados en querellas administrativas o en los tribunales.
La investigación se realizará al amparo de la Resolución de la Cámara 1094, de la autoría de la representante Maricarmen Mas Rodríguez, y que ordena a la Comisión de Asuntos del Consumidor, presidida por Yashira Lebrón Rodríguez, a hacer una investigación sobre las acciones de los ajustadores públicos.
Las representantes, Mas Rodríguez y Lebrón Rodríguez, indicaron que la investigación también pretende evitar que se realicen estimados excesivos en las reclamaciones que provoquen los daños causados por los terremotos, porque, alegadamente, este tipo de estimado está relacionado con el atraso en el pago de reclamaciones.
Las representantes no descartaron radicar nueva legislación para regular la profesión de los ajustadores públicos, particularmente aquellos que laboran de manera independiente.
La primera vista pública fue pautada para el próximo miércoles, 12 de febrero, en la que están citados a deponer la Oficina del Comisionado de Seguros, la Asociación de Agentes Profesionales de Seguros de Puerto Rico y la Asociación de Compañías de Seguro de Puerto Rico.
“Tenemos muchas quejas de ciudadanos, asociaciones de residentes de complejos de vivienda y entidades privadas, entre otros, relacionados a dramáticos sobreestimados por parte de ajustadores públicos independientes y queremos saber la verdad para que los atrasos asociados a las reclamaciones de Irma y María no regresen con los daños de los terremotos de enero. Por eso vamos a investigarlo todo”, comentó Mas Rodríguez en declaraciones escritas
“Esta investigación va enfocada en conocer qué sucedió en esos estimados, porque son tan altos en comparación con los daños y que se está haciendo para regular dicha práctica, si algo”, dijo Lebrón Rodríguez.
Los abogados Ramón Rosario y Alfonso Orona, quienes ocuparon posiciones importantes en La Fortaleza durante la administración del exgobernador Ricardo Rosselló, han sido abogados de la empresa Scott M. Favre Public Adjusters, en varias querellas sometidas por aseguradoras ante la Oficina del Comisionado de Seguros.
Favre Public Adjusters llegó a tener hasta 44 contratos con municipios, agencias y corporaciones públicas para las reclamaciones causadas por los huracanes Irma y María.
El conocido recaudador del Partido Nuevo Progresista, Andrés Guillemard y la abogada Vicky González Vega, también integran la representación legal de la empresa.
La aseguradora MAPFRE y la desaparecida aseguradora Integrand presentaron demandas o querellas contra Favre Public Adjusters por sus excesivos estimados por pérdidas.
Incluso, Integrand realizó una querella ante la Oficina del Comisionado de Seguros por el presunto conflicto de interés del excomisionado de seguros, Javier Rivera Ríos, debido a que el exfuncionario, mientras era el regulador de la industria de seguros, era el presidente de la Junta de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, en la que Favre Public Adjusters tuvo dos contratos.
Ambos contratos fueron avalados por la Junta de Gobierno.
