Por Redacción Es Noticia
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El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) arrestó nuevamente en la mañana de hoy a la exsecretaria de Educación Julia Keleher, en un caso relacionado con corrupción según informó el periódico El Vocero.
Según el diario, el segundo arresto de la exfuncionaria es por otro caso por otro caso. La periodista Melissa Corea indicó que el FBI permitió que Keleher se entregara en los próximos días en el Tribunal Federal de San Juan.
El primer arresto fue el 10 de julio por defraudar al gobierno federal por varios esquemas y enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y robo de fondos federales.
Otra persona fue arrestada también por el FBI y fue identificada como el desarrollador de origen cubano Ariel Gutiérrez Rodríguez.
Una de estas órdenes fue en el complejo de vivienda Ciudadela, en Santurce. Gutiérrez fue acusado hace unos 20 años en el caso de fraude de sobre $300 millones al desaparecido banco Caguas Federal, a Lorenzo Muñoz Franco y el exbanquero Francisco Sánchez Aran.
Según la acusación, Keleher aprovechó su posición como secretaria de Educación para obtener un apartamento en el condominio Ciudadela, ubicado en Santurce. La adquisición del apartamento por Keleher fue financiado por el contratista Gutiérrez Rodríguez, a cambio de un compromiso de la ex secretaria de Educación para ceder parte del terreno de la Escuela Padre Rufo a una empresa privada.
“Cualquier persona involucrada en el soborno de un funcionario público busca poner sus propios intereses por encima de los del pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, esos partidos corruptos eventualmente pagarán un precio mucho más alto al sistema de justicia penal, y continuaremos entregándolos al tribunal federal. Este ha sido nuestro compromiso con el pueblo de Puerto Rico y tenemos la intención de mantenerlo en los próximos años «, dijo Douglas Leff, agente especial a cargo del FBI.
En total son nueve cargos que incluyen: conspiración para cometer fraude de servicios honestos, fraude electrónico, aceptar un soborno (en el caso de Keleher) y pagar un soborno (en el caso de Gutiérrez-Rodríguez).
De ser hallados culpables, los acusados enfrentan posibles condenas de hasta 10 años por conspiración y soborno de programas federales, y hasta 20 años por fraude electrónico.
El caso está a cargo de los fiscales José Capó Iriarte y Alexander Alum.
