Por Redacción Es Noticia
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Un gran jurado federal presentó hoy -miércoles- una acusación contra 25 individuos por supuesta conspiración para introducir medicamentos mal etiquetados y para defraudar a los Estados Unidos.
Mientras, en una acusación separada, se acusó a otro individuo de distribución mayorista no autorizada de medicamentos recetados. En un documento de acusación separado, otro individuo fue acusado y se declaró culpable de distribución mayorista no autorizada de medicamentos recetados.
Según los documentos judiciales, desde 2018 hasta el presente, los acusados participaron en la distribución mayorista no autorizada de medicamentos recetados mal etiquetados y desviados para obtener beneficios financieros.
La distribución mayorista no autorizada, según se informó, incluyó la venta de medicamentos recetados mal etiquetados y desviados a empleados y propietarios de farmacias locales para su venta posterior a los clientes de las farmacias, sin que los clientes supieran que los productos estaban mal etiquetados y desviados.
La desviación se refiere a los procesos mediante los cuales los medicamentos recetados se sacan del canal legítimo de distribución y luego se reintroducen en él. Una vez que un medicamento recetado se desvía fuera de los canales regulados de distribución, se vuelve difícil, si no imposible, para los reguladores como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), las autoridades policiales o los usuarios finales saber si el paquete del medicamento contiene realmente el medicamento correcto o la dosis correcta.
Un medicamento se considera mal etiquetado bajo la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FDCA) si su etiquetado:
(1) Carece de instrucciones adecuadas para su uso.
(2) No contiene advertencias adecuadas contra su uso en condiciones patológicas o por niños donde su uso podría ser peligroso para la salud, o contra dosis inseguras o métodos o duración de la administración o aplicación, en la forma o el modo que sea necesario para la protección de los usuarios.
Además, un medicamento está mal etiquetado si se trata de un medicamento recetado y se dispensó sin una orden escrita u oral válida de un profesional autorizado.
Se alega que los acusados compraron y vendieron medicamentos recetados en bolsas de plástico resellables sin etiquetas, marcas, números de lote, fechas de vencimiento o instrucciones adecuadas según lo requerido por la ley, creando un riesgo significativo de daño.
Esos medicamentos recetados, según se informó, a menudo se almacenaban en residencias personales y/o se transportaban por correo de los Estados Unidos.
Los co-conspiradores y otros participantes en este esquema generaron de manera ilegal ingresos que superaron los $13 millones, mediante la venta y distribución de medicamentos recetados mal etiquetados y desviados.
Además de la distribución mayorista no autorizada de medicamentos recetados, once propietarios y empleados de farmacias de cinco farmacias separadas también fueron acusados de conspiración para cometer fraude en el cuidado de la salud.
Estos acusados hicieron que se presentaran reclamaciones materialmente falsas y fraudulentas a los planes de beneficios de atención médica, representando que los productos vendidos a los clientes eran auténticos y obtenidos a través de canales de distribución farmacéuticos autorizados.
Al vender medicamentos recetados desviados y facturar a los planes de beneficios de atención médica por medicamentos auténticos, estos acusados enriquecieron financieramente a los propietarios de las farmacias y defraudaron tanto a los planes de beneficios de atención médica como a los clientes minoristas desprevenidos de las farmacias, se informó.
Los acusados y sus roles en la conspiración fueron:
Propietarios y empleados de farmacias:
- Valerie M. Cintrón-Rivera: copropietaria de Farmacia Monte Verde en Bayamón.
- Maria T. Rivera-Fuentes: copropietaria de Farmacia Monte Verde en Bayamón.
- Jaime Figueroa-Ramos: propietario de Farmacia Santa Olaya en Bayamón.
- Elisa Cruzado-Ramos: farmacéutica de Farmacia Santa Olaya en Bayamón.
- Nivia Ríos-Matos: técnica de farmacia de Farmacia Santa Olaya en Bayamón.
- Raúl Morera-Llera: copropietario de Farmacia Unity en Aibonito.
- Enid M. Rivera-Rosario: copropietaria de Farmacia Unity en Aibonito.
- Gerardo A. Romero-Marcano: copropietario de Farmacia San Antonio en Canóvanas.
- Sheila Rodríguez-Agosto: copropietaria de Farmacia San Antonio en Canóvanas.
- Gabriel A. Rodríguez-Malavé: copropietario de Farmacia Brisas del Mar en Luquillo.
- Rosaida Torres: copropietaria de Farmacia Brisas del Mar en Luquillo.
Distribuidores mayoristas no autorizados:
- Alberto “Bertín” Meléndez-Nieves
- Angel L. “Aguacate” Santiago-Cruz
- Eddin Orlando “Guayacán” Santiago-Cordero – baloncelista
- Eric J. “Eric Manía” Collazo-Rivera
- Javier E. “Tato” Ortiz-Rivera
- Holvin E. “Holvin” Avilés-Carmona
- Marlon E. “Chamo” Marino-Leal
- José M. “Chema” Amalbert-Rohena
- Miguel A. “Dr. Hacienda” Rojas-Reyes
- Rosa M. “Puruca” Méndez-González
- Antonio F. “Portilla” Portilla-Arzola
- Reynaldo “Bebo Canales” Guzmán-Martínez
- Moisés O. “Billy” Heredia-Tineo
- José A. “Potala” González-Maldonado
Según la investigación, entre los medicamentos recetados se encuentran:
- Advair
- Albuterol
- Alphagan
- Anoro Ellipta
- Arnuity Ellipta
- Aspen Dexamfetamine
- Atripla
- Atrovent
- Azopt
- Bepreve
- Biktarvy
- Breo Ellipta
- Brilinta
- Budesonide
- Bumetanide
- Byrdureon Pen
- Cialis
- Chloramphenicol
- Collagenase Santyl
- Combigan
- Combivent Respimat
- Daliresp
- Delstrigo
- Descovy
- Dovato
- Edurant
- Eliquis
- Enbrel
- Entresto
- Famotidine
- Farxiga
- Flovent
- Fluticasone
- Genvoya
- Humalog
- Humira
- Hydroxyzine Hydrochloride
- Incruse Ellipta
- Invokana
- Janumet
- Jardiance
- Ketorolac
- Lantus
- Linzess
- Novolog
- Ozempic
En una acusación separada, Jorge “Jorge Pastilla” Rivera-Pérez, fue acusado en seis cargos por distribución mayorista no autorizada de medicamentos recetados, etiquetado incorrecto de medicamentos recetados con la intención de engañar y defraudar, y robo, tráfico y venta de productos médicos previos a la venta.
El acusado utilizó su posición en la compañía para obtener productos médicos antes de la venta de manera ilícita y los vendió a propietarios de farmacias a precios significativamente reducidos.
El 14 de noviembre de 2023, se ejecutó una orden de registro federal en la residencia de Aquino-García, donde se incautaron medicamentos recetados mal etiquetados y desviados con un valor superior a $3.4 millones.
Estos medicamentos estaban destinados a ser comprados y revendidos a través de farmacias minoristas en Puerto Rico.
