Por CyberNews
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El fiscal federal W. Stephen Muldrow anunció el jueves el arresto de 29 personas por supuestas violaciones a la Ley federal RICO, por entre otras cosas, participar del esquema conocido como ‘el pescaíto’.
La mayoría de los imputados pertenecen a la organización de confinados Los 27 e incluye a 4 oficiales correccionales.
El esquema imputado comenzó en los años 90 y le generó a la organización un estimado conservador de $40 millones, se informó.
“Según el pliego acusatorio, el grupo de los 27 es una empresa que se dedicaba a actividades delictivas dentro y fuera del sistema penitenciario de Puerto Rico. La empresa criminal los 27 se creó el 27 de junio de 1980 y su objetivo principal era tomar el control de las cárceles para ganar dinero. Estos generaban dinero llevando a cabo de diversos delitos. La principal fuente de ingresos de la empresa fue la introducción y distribución de drogas en las prisiones de Puerto Rico y federales entre ellas cocaína, heroína, marihuana, cannabis sintético, suboxone, metanfetamina, Xanax, Percocet y fentanilo”, dijo el fiscal Muldrow en conferencia de prensa.
“Además, aplicaban un impuesto a otros presos conocido como “el incentivo” que era cuando otros reclusos introducían sus propias drogas en la cárcel. A través del esquema conocidos como ‘canteos’, los miembros de Los 27 utilizaban teléfonos celulares introducidos ilegalmente en la prisión para obtener dinero de personas fuera de la prisión mediante amenazas y mentiras. Cientos de miembros de Los 27 recibirían celulares de los líderes de la organización y se dedicaban a hacer los ‘canteos’ en un día un integrante de los 27 podría obtener miles de dólares de las víctimas de los ‘canteos’. Por tal razón, los ‘canteos’ eran la principal fuente de ingresos de los 27”, indicó.
Los cuatro oficiales de Corrección arrestadas fueron identificados como:
- Cynthia Caquías Rodríguez – trabajaba en el puesto de entrada de la institución correccional de Ponce.
- Sundry Ortiz Brito – trabajaba en la institución Guayama 1,000
- Naomie Clavel Nadal – trabaja en el complejo de rehabilitación para mujeres en Bayamón y estaba asignada a la ronda de vivienda.
- Grecia Salas Cruz – trabaja en el complejo de rehabilitación para mujeres en Bayamón y estaba asignada al puesto de rondas de vivienda.
La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pabón, dijo que “esto es una investigación que viene llevándose a cabo desde el 2017. Llevamos ya cerca de cinco años trabajando con el personal, a los efectos de poder atender lo que es esta actividad criminal y poder entonces llevar hasta las últimas consecuencias a los que han participado en estas actividades. Así que no solamente estamos hablando de cuatro, probablemente puedan ser más y probablemente pueda ser otro tipo de delito”.
El fiscal Muldrow explicó que a través del canteo, los integrantes de la organización llamaban a una persona y le decían que habían secuestrado a un familiar que presenció una transacción de drogas y notificó a la Policía.
En la llamada, le indicaban a la víctima que la Policía confiscó la droga y como se perdió mucho dinero, le decían a la persona que llamaban que tenía que darles una cantidad de dinero, con la promesa de que el familiar de la víctima no sería perjudicado.
Otro ejemplo, era que llamaban a decir que eran agentes federales que investigaban un esquema de fraude con vehículos de motor y convencían a las víctimas de qué para atrapar a los estafadores la víctima tenía que hacer un depósito sustancial.
En otro caso, se identificaban como paramédicos y decían que se encontraban en un lugar de un accidente en el que estuvo involucrado un familiar de la víctima y que el accidente había sido con un criminal, que para evitar problemas con el criminal tenían que pagar los daños inmediatamente. Si se negaba a pagar, los delincuentes irían a la casa de la víctima.
Asimismo, utilizaron mensajes de texto para decirle a una persona que ganó un vehículo de motor y que para reclamar su premio tenía que responder al mensaje escribiendo la palabra Toyota. Una vez que la víctima respondía del mensaje, recibía una llamada de un integrante de Los 27 en la cual le notificaban que si querían que le entregaran el vehículo tenían que pagar los gastos de la grúa, el seguro y los sellos del gobierno.
De los 29, tres están presos en los Estados Unidos y hay 11 que están presos en Puerto Rico en diferentes cárceles y 18 que estaban en la libre comunidad. De ser hallados culpables, enfrentan hasta vida en prisión.
