Por CyberNews
Un gran jurado emitió una acusación formal de cuatro cargos contra tres oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y a otras dos personas por conspiración para proporcionar contrabando en prisión, informó el fiscal federal W. Stephen Muldrow
“Los teléfonos celulares de contrabando y las sustancias controladas en las cárceles representan un grave peligro. Estamos listos para ayudar al Departamento Correccional de Puerto Rico en sus esfuerzos para evitar que los reclusos utilicen teléfonos celulares de contrabando y otros materiales prohibidos en las cárceles”, dijo Muldrow en comunicación escrita.
La acusación formal alega que desde aproximadamente junio de 2017 hasta marzo de 2020, los oficiales penitenciarios Jorge Rodríguez-Pagán, Luis Joel López-Luna y Elvin Navedo-Colón, conspiraron juntos para proporcionar sustancias controladas y electrónicos a los reclusos.
De acuerdo con la acusación, los oficiales contrabandearon artículos prohibidos, incluyendo marihuana sintética, suboxone, cigarrillos, así como teléfonos celulares y cargadores a los internos alojados en la prisión Bayamón 705, con ayuda de los conspiradores Shirley Figueroa y Magalys Ortega, quienes estaban asociados con los prisioneros.
Los pagos se realizaron a través de ATH Móvil.
El agente especial a cargo del FBI en San Juan, Rafael Riviere Vázquez, dijo: “El público confía en los oficiales penitenciarios para mantener el orden y la seguridad de las instituciones que han jurado proteger. Los hombres arrestados hoy ponen en riesgo este orden y seguridad al aceptar sobornos a cambio de contrabando de contrabando a los presos bajo su custodia».
«El FBI está firmemente comprometido con la lucha contra la corrupción dondequiera que se arraigue, esto incluye los pasillos de nuestras instalaciones penitenciarias. Un agradecimiento especial al Grupo de Trabajo de Derechos Civiles y Corrupción de la Policía de San Juan del FBI, por su gran trabajo en esta investigación ya nuestros valiosos socios del Departamento Correccional de Puerto Rico, quienes brindaron todo su apoyo y colaboración”, sostuvo.
El caso fue investigado por el escuadrón de Corrupción y Derechos Civiles de la Policía del FBI que investiga a funcionarios públicos nacionales corruptos como parte de un esfuerzo de colaboración con el Departamento Correccional de Puerto Rico.
Los acusados enfrentan hasta cinco años de prisión por la conspiración para proporcionar contrabando en prisión.
El acusado López-Luna también enfrenta hasta 20 años de prisión por proporcionar sustancias controladas en prisión y la distribución de sustancias controladas, así como hasta un año de prisión por proporcionar teléfonos celulares en prisión.
Un juez de un tribunal de distrito federal determinará las sentencias luego de considerar las Pautas de Sentencia de Estados Unidos.
La fiscal federal Marie Christine Amy está a cargo del procesamiento del caso.
