El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) autorizó el viernes ampliar la investigación relacionada con la exsecretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, para determinar la posible participación de su padre, Noel Pérez Martínez, en el caso sobre irregularidades en un centro de inspección de vehículos en Yabucoa.
La determinación responde a una solicitud de las fiscales especiales independientes Maricarmen Rodríguez Barea y Gisela Alfonso Fernández, quienes informaron que obtuvieron nueva información y evidencia documental durante sus gestiones investigativas.
Según la resolución divulgada por el Panel, las fiscales necesitan ampliar el alcance de la pesquisa para examinar la posible intervención de Pérez Martínez en los hechos investigados. El organismo les concedió un término de 45 días para realizar esas gestiones, conforme al artículo 11 de la Ley 2 de 1988.
La investigación contra la exfuncionaria surgió de un referido presentado en febrero por los representantes Ramón Torres Cruz y Swanny Vargas Laureano, relacionado con posibles irregularidades en un centro de inspección y venta de marbetes en Yabucoa vinculado a Pérez Peña.
Entre los señalamientos figura la expedición de certificados de inspección que no aparecían registrados en el sistema autorizado del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
Durante una revisión de expedientes, el DTOP identificó certificados correspondientes a junio, julio y agosto de 2023 que, según informó, fueron expedidos mediante equipos ajenos al sistema autorizado para inspecciones vehiculares.
En abril, el Departamento de Justicia recomendó designar un fiscal especial independiente luego de concluir que existía causa suficiente para creer que Pérez Peña pudo haber incurrido en el delito de influencia indebida, contemplado en el artículo 261 del Código Penal, así como en posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.
Posteriormente, el Panel acogió la recomendación y designó a Rodríguez Barea y Alfonso Fernández para realizar la investigación a fondo. Las fiscales también quedaron facultadas para proceder contra otros funcionarios que pudieran haber incurrido en violaciones relacionadas con los hechos examinados.
La pesquisa recibió una extensión de 45 días en agosto, luego de que concluyera el término inicial de 90 días concedido a las fiscales.
La autorización anunciada este viernes amplía el alcance de la investigación para examinar la posible participación del padre de la exsecretaria. La determinación no constituye una conclusión de responsabilidad penal contra Pérez Martínez ni contra Pérez Peña.
El Panel indicó que no ofrecerá declaraciones adicionales sobre el asunto.
