La Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO) urgió al Gobierno de Puerto Rico a implementar medidas inmediatas para asegurar el suministro de agua potable a cerca de 1,500 hogares de cuido prolongado licenciados por el Departamento de la Familia y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), ante la crisis de sequía y los planes de racionamiento que afectan a diversos municipios de la isla.
El presidente de la organización, Jonathan Morales Adorno, sostuvo que estas instituciones ofrecen un servicio esencial las 24 horas del día y atienden a algunas de las poblaciones más vulnerables del país, por lo que insistió en que deben ser una prioridad durante la distribución de recursos en una emergencia.
“Los hogares de cuido prolongado de Puerto Rico hemos demostrado, una y otra vez, nuestro compromiso con las poblaciones más vulnerables. Así lo hicimos durante el paso de los huracanes Irma y María, durante la pandemia del COVID-19 y tras los terremotos que afectaron la zona sur del país. En cada una de esas emergencias permanecimos abiertos, cuidando vidas cuando muchos otros servicios tuvieron que detenerse”, expresó Morales Adorno.
El líder de FICPRO cuestionó que, en medio de la actual situación, la Oficina de Licenciamiento del Departamento de la Familia haya optado por emitir una comunicación recordando las obligaciones regulatorias de los hogares y anunciando inspecciones, en lugar de establecer un plan de apoyo continuo para garantizar el acceso al agua.
“La fiscalización debe estar atada a la priorización de los hogares de cuido prolongado ante el racionamiento de agua porque nuestras instituciones brindan servicios esenciales 24/7”, afirmó.
Morales Adorno reconoció que los operadores de estas instituciones tienen la responsabilidad de mantener actualizados sus planes de emergencia, verificar las reservas de agua, activar los sistemas de cisternas y bombeo, coordinar con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) los calendarios de interrupción y restablecimiento del servicio, así como gestionar apoyo mediante camiones cisterna e informar oportunamente a empleados, residentes y familiares.
No obstante, insistió en que esas medidas no son suficientes sin una respuesta efectiva del Estado.
“Los hogares no podemos enfrentar solos una emergencia de esta magnitud. Necesitamos un apoyo contundente por parte del Estado. No es simplemente recibir un recordatorio de nuestras obligaciones o anunciar que visitarán hogares al azar para velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos. Eso lo que provoca es una gran frustración”, señaló.
Asimismo, lamentó que aún no haya sido aprobado el Proyecto de la Cámara 998, presentado por la representante Estrella Martínez Soto, el cual propone declarar el cuido prolongado para adultos mayores y personas con discapacidad como un servicio esencial. Según explicó, la medida permitiría otorgar prioridad a estas instituciones en la asignación de recursos y pagos gubernamentales durante emergencias.
De acuerdo con la Oficina de Trámites Legislativos del Senado, el proyecto permanece en la Comisión de Reglas y Calendario luego de haber sido aprobado por la Cámara de Representantes y aún puede ser considerado para votación hasta la séptima sesión legislativa de 2028.
“De haberse aprobado esta medida, hoy tendríamos la tranquilidad de saber que nuestras instituciones estarían entre las primeras en recibir apoyo y recursos durante una emergencia como esta”, indicó Morales Adorno.
Finalmente, FICPRO exhortó a las agencias gubernamentales a convertir la planificación en acciones concretas para proteger a los residentes de los hogares de cuido prolongado.
“El agua no puede faltar donde residen personas que dependen completamente de nuestros servicios para su alimentación, higiene, administración de medicamentos y cuidado diario”, enfatizó.
La organización concluyó reiterando que los hogares de cuido prolongado están preparados para responder, como lo han hecho en anteriores emergencias, pero recalcó que ahora corresponde al Gobierno actuar con la misma rapidez y compromiso para salvaguardar a los adultos mayores y demás poblaciones vulnerables del país.
