Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), con el apoyo del Negociado de la Policía, arrestaron en tres casos separados a tres hombres acusados formalmente de delitos relacionados con la explotación infantil, informó el fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó.
Los arrestados fueron identificados como Samuel Alexander Meléndez Pérez, de 25 años y residente de Canóvanas; Carlos Javier Rosado Rosado, de 21 años y residente de Vega Baja; y Rubén Cautiño Latoni, de 37 años y residente de Guaynabo.
Según las autoridades federales, los tres enfrentan acusaciones por recibir, distribuir y/o poseer material de pornografía infantil mediante dispositivos electrónicos.
“Estamos comprometidos con llevar ante la justicia a los acusados en estos casos y con proteger a todos los niños”, expresó Ramírez Carbó en declaraciones escritas.
Por su parte, Yariel Ramos, agente especial a cargo interino de HSI San Juan, destacó que los arrestos se realizaron en menos de una semana y que uno de los acusados tenía en su posesión más de 2,500 imágenes ilícitas.
Además, señaló que otro de los imputados había sido arrestado anteriormente por HSI por el mismo delito.
Ramos advirtió que estos casos evidencian la amenaza grave y persistente de la explotación infantil, por lo que destacó la importancia de la concienciación pública y la colaboración con las autoridades. También reiteró el compromiso de la agencia de actuar con rapidez contra quienes violen la ley o las condiciones de su supervisión.
Antecedente de uno de los acusados
En el caso de Cautiño Latoni, las autoridades señalaron que este fue declarado culpable en febrero de 2020 por el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico por posesión de pornografía infantil.
Penas que enfrentan
De ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar las siguientes penas:
- Samuel Alexander Meléndez Pérez: pena mínima obligatoria de cinco años de prisión y máxima de 20 años.
- Carlos Javier Rosado Rosado: pena mínima obligatoria de cinco años de prisión y máxima de 20 años.
- Rubén Cautiño Latoni: pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y máxima de 20 años.
Además, las personas convictas por estos delitos estarían sujetas a un período obligatorio de libertad supervisada de entre cinco años y cadena perpetua, una vez cumplan sus respectivas sentencias de prisión.
También tendrían que inscribirse en el Registro de Ofensores Sexuales.
Las autoridades federales reiteraron su compromiso de investigar y procesar los delitos de explotación infantil, así como de proteger a los menores de edad.
