Por Redacción Es Noticia
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Con el fin de establecer un precedente que disuada a otros políticos de cometer actos de corrupción, la fiscalía federal solicitó a la jueza Sylvia Carreño Coll que sentencie a la ex representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros Charbonier, a la máxima sentencia de 15 años de cárcel por corrupción.
Los fiscales Jonathan Jacobson, Maria Montañez y Kathryn Fifield entregaron un memorandum de unas 30 páginas con el resumen de toda la evidencia que fue parte del proceso judicial federal contra la ex legisladora para recordar lo que llamaron “cultura de corrupción que ha infectado un segmento de la clase política de Puerto Rico».
«El público ha perdido la fe en muchos políticos e instituciones públicas. Y esa perdida de fe puede atribuirse, al menos en parte, a políticos como Maria Charbonier que ven el cargo público como un vehículo para obtener beneficios económicos y como una herramienta para extraer dinero del erario» detallaron los fiscales.
Debido al alto nivel de cobertura que conllevó el proceso contra una de las figuras más prominentes del PNP desde la administración de Pedro Roselló, los funcionarios federales insistieron que otros políticos que podrían estar actuando de forma corrupta estarán pendientes a este caso. «La Corte debe aprovechar esta oportunidad para comunicar las consecuencias el de la conducta corrupta y condenar (a Charbonier) a 15 años» mantuvieron los fiscales.
Charbonier se expone a una sentencia de entre 12 a 21 años de cárcel y será presentada el viernes.
Charbonier y su esposo, Orlando Montes, fueron encontrados culpables el pasado 12 de enero, luego de 10 días de un arduo juicio. Parte de los testigos que desfilaron por la corte incluyó al tambié convicto ex alcalde de Cataño, Félix Delgado y su esposa, Rosana Sifre, ambos amigos de la ex secretaria del PNP y que colaboraron con las autoridades.
El cargo por el que fue encontrada culpable fue de aumentarle el salario a una empleada suya y recibir pagos mensuales de ese salario.
Contra Montes la fiscalía solicitó una pena de cinco años de cárcel.
