La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley cinco medidas dirigidas a proteger fondos destinados al retiro de los policías, fortalecer la recopilación de estadísticas gubernamentales, reconocer la aportación de las mujeres a la tradición de la bomba en Loíza y ampliar las alternativas para la celebración de vistas mediante videoconferencias.
De las cinco medidas firmadas, dos están dirigidas específicamente a proteger los fondos y beneficios de los policías retirados, reafirmando la política pública de que las aportaciones realizadas durante su vida laboral no deben provocar reducciones en otros beneficios que les hayan sido concedidos legalmente.
Protegen fondos destinados al retiro de policías
La Ley 146-2026, correspondiente al Proyecto del Senado 1323 y de la autoría del senador Gregorio Matías Rosario, fue firmada por la gobernadora el 28 de julio.
La legislación enmienda la Ley 40-2020, que creó el Fideicomiso para el Retiro de la Policía, para establecer que sus fondos sean utilizados exclusivamente para fines de retiro y determinados gastos administrativos relacionados con la operación del Fideicomiso.
La medida, respaldada por la Policía de Puerto Rico, establece además que la protección de estos fondos no limita el derecho de los policías activos o retirados a reclamar los pagos, beneficios o compensaciones que les correspondan conforme a derecho.
Asimismo, dispone que cualquier sobrante deberá permanecer en el Fideicomiso, ser reinvertido, acumulado o utilizado exclusivamente para mejorar beneficios, aportaciones o compensaciones de retiro. Esto incluye aportaciones discrecionales adicionales bajo la Ley 106-2017, siempre que sean destinadas estrictamente a fines de retiro.
Según la Junta de Retiro, la nueva ley fortalece la protección de los activos del Fideicomiso, delimita la responsabilidad del patrono respecto al pago de obligaciones laborales ordinarias y promueve una administración más transparente y responsable de los recursos.
Evitan reducir beneficios por ingresos del Seguro Social
Mientras, la Ley 147-2026, correspondiente al Proyecto de la Cámara 1325, fue firmada el 29 de julio y es de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos J. Méndez Núñez, el representante Ramón A. Torres Cruz y la coautoría de la representante Carmen Medina.
La legislación establece que no se descontará ni ajustará el pago complementario anual que reciben los miembros elegibles retirados de la Policía de Puerto Rico como parte de la distribución de los activos del Fideicomiso debido a ingresos o pagos que reciban del Seguro Social federal.
Los activos del Fideicomiso provienen principalmente de los recaudos generados por las máquinas de juegos de azar, además de otros bienes y recursos que legalmente formen parte de su patrimonio.
La medida destaca que estos fondos no provienen del Fondo General ni de asignaciones presupuestarias ordinarias del Gobierno, sino que pertenecen a un patrimonio separado e independiente con sus propias fuentes de financiamiento y mecanismos administrativos.
“Esta ley pone en acción nuestra política pública de que las aportaciones realizadas durante la vida laboral sacrificada de los policías no deben producir una reducción en otros beneficios legítimamente concedidos”, expresó González Colón.
Más transparencia en las estadísticas gubernamentales
La gobernadora también convirtió en ley la Ley 148-2026, correspondiente al Proyecto de la Cámara 218, de la autoría del representante Luis Pérez Ortiz.
La legislación enmienda la Ley 209-2003, conocida como la Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, para obligar a las agencias, corporaciones e instrumentalidades del Gobierno a remitir al Instituto, en un término no mayor de 60 días, todas las publicaciones de informes estadísticos que produzcan.
Estos documentos serán incorporados al Inventario de Estadísticas de Puerto Rico.
La medida busca fortalecer el sistema de recopilación y publicación de estadísticas gubernamentales, promover la transparencia y facilitar el acceso de la ciudadanía a información estadística relevante.
Reconocen a las mujeres de la bomba de Loíza
Por otro lado, la Ley 149-2026, correspondiente al Proyecto de la Cámara 1179, declara el 21 de marzo de cada año como el “Día de las Mujeres Tocadoras y Bailadoras de Bomba de Loíza”.
La medida, de la autoría de la representante Carmen Medina Calderón, con la coautoría de los representantes José E. Torres Zamora y Nellie Lebrón Robles, busca reconocer la aportación de estas mujeres a la cultura afrocaribeña de Puerto Rico.
Además, pretende fomentar la transmisión intergeneracional de esta tradición mediante actividades educativas y culturales, así como espacios donde mujeres con mayor trayectoria puedan compartir sus conocimientos con las generaciones más jóvenes.
Videoconferencias como alternativa para vistas municipales
Finalmente, la Ley 150-2026, correspondiente al Proyecto de la Cámara 995 y de la autoría del representante Luis Pérez Ortiz, enmienda el Código Municipal de Puerto Rico para establecer las videoconferencias como un mecanismo válido y preferible para la celebración de vistas.
La legislación busca facilitar la participación de las partes, reducir retrasos y optimizar los recursos tanto del Gobierno como de los ciudadanos.
El texto final establece que la videoconferencia funcionará como una modalidad alterna a las vistas presenciales. Las personas que participen deberán certificar que cuentan con la tecnología necesaria para conectarse.
La aplicación de esta modalidad estará sujeta a que el gobierno municipal disponga de los recursos económicos y humanos necesarios. Además, la participación mediante videoconferencia será a solicitud de una de las partes en una vista adjudicativa y el oficial examinador deberá evaluar determinados criterios antes de autorizarla.
La medida armoniza con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU) y con la tendencia de ampliar el uso de mecanismos virtuales en procesos administrativos y audiencias.
